"El gobierno analiza la nacionalización parcial de las empresas de energía para proteger a los consumidores de las facturas elevadas”.
Esta noticia impactante no salió en ningún diario o portal de nuestro país y tampoco hace referencia al gobierno de Alberto Fernández. Fue publicada el 17 de enero por el Financial Times de Londres y relata las discusiones en el Reino Unido sobre qué hacer ante el aumento de las tarifas energéticas. El problema de la tensión entre el costo de la energía y lo que deben pagar los usuarios por esa energía es un problema mundial, complejo y, por lo tanto, de difícil solución.
La noticia del Financial Times hacía referencia tanto a las tarifas de gas como de electricidad. A esto se le podría sumar también el aumento en el costo de los combustibles que se dio tanto en Europa como en EEUU, que aunque no estén regulados, impactan sobre la competitividad de la economía y la calidad de vida de los ciudadanos. La energía está hoy en el centro de las discusiones por su costo, su seguridad y su accesibilidad a nivel global. Hasta tal punto, que la crisis energética que está sufriendo hoy Europa, con cortes de electricidad y aumentos tarifarios, está interpelando y poniendo en discusión la política energética de transición energética acelerada.
Sin embargo, en este escenario energético complejo, en nuestro país tiende a simplificarse al extremo la problemática. La semana pasada, ante una ola de calor que duró varios días, se produjeron cortes importantes en el suministro eléctrico en la región metropolitana, y cada vez que ocurren estos problemas, vuelve la discusión sobre las tarifas. Sin ninguna evidencia empírica ni marco teórico que lo avale, se asocian los cortes a la falta de inversión producto del nivel tarifario, cuando estos pueden producirse por distintos motivos y en distintos segmentos del sistema eléctrico.
Por ejemplo, en el segmento de distribución eléctrica, se utilizan internacionalmente dos parámetros, SAIFI y SAIDI, para medir la calidad del servicio. El SAIFI hace referencia a la frecuencia de los cortes mientras que el SAIDI mide la duración de los mismos. Si analizamos la serie histórica de estos indicadores, vemos que a pesar de los tarifazos de Macri, no se puede detectar una mejora incontrastable de estos indicadores de calidad de servicio.
En el segmento de generación eléctrica, el gobierno implementó una política de subsidios que tiene como objetivo bajar el costo de la energía para que todos puedan tener acceso a la misma. Es una definición política de este gobierno como lo fue también durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina: la energía es un derecho. Esta valorización de la energía como un derecho está en varios documentos de las Naciones Unidas e, incluso, de la Agencia Internacional de Energía.
Obviamente, los subsidios tienen un costo fiscal, pero es de un sustento teórico muy débil poner el acento en la cuestión fiscal de la energía. La energía es la base para el funcionamiento de la sociedad y el bienestar de la población. Por lo tanto, la política energética debe sustentarse en dos pilares: Seguridad energética y Accesibilidad. Si la energía es imprescindible, un país no se puede quedarse sin energía. Si la energía es un derecho, todos los ciudadanos tiene que poder acceder a la energía.
Un ejemplo sobre que la política energética no debe sustentarse sólo en aspectos fiscales es el caso de EEUU. En ese país, la Secretaría de Energía se ocupa de las cuestiones regulatorias. Sin embargo, la política energética depende del Departamento de Seguridad, ya que consideran a la energía una cuestión de seguridad nacional.
Estos pilares generan también una tensión esencial: tarifas suficientemente altas para garantizar las inversiones necesarias, o tarifas suficientemente bajas para que toda la población tenga acceso a la energía.
Ante este dilema, el Estado debe mediar en esta tensión, fijando tarifas de distribución de la renta compatible con la oferta sustentable de energía, el consumo de la población y la competitividad de las empresas. Esta es la base conceptual de la política energética del gobierno actual, distinguir entre el costo de la energía como factor económico del valor de la energía como derecho.
Ingeniero, Profesor Regular UBA
