Goteras y filtraciones. Ventanas rotas. Árboles derrumbados sobre mampostería. El paso del tiempo, la falta de recursos y la certeza de que “sin presupuesto no hay política pública de la memoria que funcione”, aseguran trabajadores de los sitios de memoria que sufren alguna, o todas, esas urgencias de mantenimiento y que por estos días celebraron el hecho de que, por fin, el Estado puso manos a la obra: el viernes pasado se abrió la licitación para atender el primer pliego de arreglos y mejoras en la ESMA, el primero de los siete sitios de memorias que funcionan en donde durante el terrorismo de Estado hubo centros clandestinos, que será beneficiado con el programa “Consturir Memoria”, que unficia esfuerzos de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Se prevé que las obras alcancen también a los sitios El Faro, de Mar del Plata; la Escuelita de Famaillá, en Tucumán; el Atlético, en ciudad de Buenos Aires, y la cosntrucción de un espacio en Campo de Mayo.
“Todos los sitios tienen sus cosas para atender, son espacios muy viejos que en los últimos años, sobre todo durante el gobierno anterior (la Presidencia de Mauricio Macri) fueron afectados”, indicó la directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Battistiol. Trabajadoras y trabajadores de esos espacios, así como referentes de organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas y otras agrupaciones de la sociedad civil comprometidos con la existencia y persistencia de aquellos espacios sostienen desde hace años reclamos para que el Estado destine recursos humanos y económicos para su preservación, algo que finalmente parece que empieza a ocurrir.
“Construir Memoria” es la línea que atiende a la infraestructura y puesta en valor de los sitios de memoria dentro de un plan mayor desplegado por la cartera que dirige Gabriel Katopodis, el Programa para la Reconstrucción de la Memoria y el Fortalecimiento de la Identidad Nacional, que implica múltiples líneas de trabajo –reparación de legajos de trabajdores detenides desaparecides y señalizaciones— pero además vínculos con otras áreas del Estado, como el Ministerio de Defensa o el de Cultura, que exceden la atención a hechos vinculados con el terrorismo de Estado. Se oficializó a través de un acta firmada en octubre de 2021 entre Katopodis y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y comenzó a concretarse con la presentación de las carpetas con documentación necesaria para iniciar el camino administrativo de presupuestación, licitación y comienzo de las obras de cada espacio.
Desde Obras Públicas, la titular de Relaciones Institucionales, María Pía Vallarino, resaltó que “el Ministerio se pone al servicio del trabajo que vienen haciendo las distintas organizaciones de derechos humanos en cada territorio, de construcción de la memoria colectiva” en relación a los hechos que tuvieron lugar durante la última dictadura.
Manos a la obra
Los seis sitios que funcionan bajo la órbita de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria –El Faro, Escuelita de Famaillá, Club Atlético, Olimpo, Automotores Orletti y Virrey Cevallos– recibirán los trabajos de puesta en valor, al igual que la Esma, la escuelita de Bahía Blanca y Campo de Mayo, que será construido desde cero. Desde la Secretaría de Obras Públicas calculan, al día de hoy, un desembolso de alrededor de 860 millones de pesos.
Las tareas que responden a “la política pública de preservación de la memoria y el patrimonio histórico”, como remarcó Battistiol, avanzarán primero con los arreglos en el Pabellón COY, la Enfermería y la Imprenta de la ESMA. Para la Enfermería ya se están evaluando ofertas; los trabajos en el COY y la Imprenta están en proceso licitatorio. El plan premilinar de Obras Públicas continúa con los edificios de HIJOS y Madres de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora en el centro clandestino que funcionó bajo el ala de la Armada; Bahía Blanca y Famaillá. Luego, El Faro, Atlético y el edificio 4 Columnas, también en ESMA. Campo de Mayo cerraría esta primera etapa.
Las urgencias
“Todos los espacios se abrieron a pulmón, con el empuje, la lucha, la insistencia de la sociedad civil”, rememoró Ana Pecoraro, hija de desaparecidos, integrante del colectivo Faro por la Memoria y coordinadora del Espacio para la memoria que funciona en el lugar donde funcionó un centro clandestino en la ciudad de Mar del Plata. En el marco de esa historia de lucha es que Pecoraro celebra el comienzo de este programa de “reparación histórica” que “viene a saldar una deuda” con los familiares y sobrevivientes, los organismos, con las y los trabajadores. “Nosotros podemos resolver algunas cosas a pulmón, pero otras no. Somos quienes ponemos el cuerpo, pero no hay política pública sin presupuesto y sin trabajadores. Con voluntarismo se sostienen en el corto plazo”, apuntó.
Las tareas previstas para El faro son las destinadas a solucionar “problemas gravísimos” que afectan a uno de los lugares dentro del predio que funcionaron como depósito de detenides desaparecides: trabajos para solucionar filtraciones, mejoras en mampostería y electricidad. Lo planificado en esta primera etapa “es súper importante, pero nos queda chico”, señaló Pecoraro. “Necesitamos claramente obra nueva” que les permita a la coordinación del espacio dar mejores condiciones a las instituciones que están funcionando de manera permanente en el sitio, donde funciona un Centro de Acceso a la Justicia, oficinas del Ministerio de las Mujeres bonaerense, Agricultura Familiar y proyectos educativos y de formación, sobre todo, de nivel terciario.
Los arreglos en el Faro serán atendidos junto con los que mejorarán las condiciones en la Escuelita de Famaillá, donde están planificados trabajos similares en la escuela propiamente dicha, que funcionó como centro clandestino; la Comandancia, el primer lugar que pisaban les secuestrades y que sufrió el derrumbe de un gran árbol sobre su techo; y una edificación donde en épocas del terrorismo de Estado funcionaba como baños.
“Las políticas públicas que por fin atienden reclamos que llevan años siempre son bien recibidas”, destacó Carolina Frangoulis, de H.I.J.O.S Tucumán, tras coincidir con Pecoraro en que “Construir Memoria” llega para “saldara la larga deuda del Estado con los Espacios y la construcción colectiva de la Memoria”. La militante, además, recordó que el sitio de memoria “se sostiene hace siete años fundamentalmente con el aporte de donaciones de sus ‘madrinas y padrinos’”.
Los trabajos planificados para el Club Atlético, que funcionó en los sótanos de una dependencia de la Policía Federal que fue demolida en tiempos dictatoriales y que está en plena espera para poder continuar con excavaciones que sigan descubriéndolo, también están previstas que se lleven a cabo en la primera mitad de 2022. Tras el traslado de la autopista que lo atraviesa por encima y el gran talud de tierra que permaneció sobre los restos durante décadas, ahora les trabajadores y militantes que cuidan de ese sitio de memoria aguardan la construcción de una cubierta que proteja la excavación realizada años atrás como urgencia prioritaria.
De todos modos, los primeros pasos concretos del programa de puesta en valor atenderá tres instalaciones dentro de la ESMA: el Pabellón COY, la Enfermería y la Imprenta, que son los que estuvieron directamente vinculados con la actividad represiva en el predio, más allá de que se considera que la totalidad del lugar dio soporte, abastecimiento y cobertura a la actividad represiva que tuvo como núcleo el Casino de Oficiales.