La Fiscalía de Derechos Humanos inició una investigación tras la publicación de una noticia criminis en un portal digital que dio a conocer que una patrulla policial había atropellado a una mujer en Cerrillos. El fiscal Ezequiel Molinati imputó esta semana a dos efectivos.

En la madrugada del 1 de enero, por una gresca ocurrida en el barrio Congreso Nacional de la localidad de Cerrillos, cercana a la ciudad de Salta, se desplazó el móvil policial del destacamento Los Álamos, con cuatro efectivos a bordo.

Una mujer los interceptó para pedirles ayuda haciéndoles seña para que se detuvieran. Sin embargo, la acusación sostiene que lejos de asistirla, el sargento que conducía el móvil la embistió, y como consecuencia, la mujer cayó al suelo. Otro vecino que presenció el choque intentó asistirla y el conductor retrocedió y lo chocó también a él, provocándole una fractura en la rodilla izquierda por la que fue hospitalizado. Además, según declaraciones de vecinos, luego los policías se fueron sin asistir a las dos personas que dejaron heridas. 

Y después, cuando el hombre fracturado se encontraba en el hospital de Cerrillos, el conductor del móvil "se habría acercado para agredirlo verbalmente, con un trato denigrante con el propósito de mortificarlo", sostiene la acusación fiscal.

El fiscal Molinati imputó al chofer por vejaciones agravadas por la violencia en perjuicio de una mujer, en concurso real con vejaciones agravadas por resultar grave daño a la persona en concurso real con vejaciones en perjuicio de un hombre y por falsedad ideológica. 

Esta última imputación es porque la fiscalía considera que el chofer intentó justificarse formulando una denuncia falsa. El fiscal consideró que "en su calidad de funcionario público" el sargento insertó una declaración falsa, tratando de tergiversar los hechos. De la misma manera, el oficial subayudante también habría confeccionado un informe para insertar en un instrumento público declaraciones falsas por lo que también fue imputado.

Este año se esperan al menos 15 juicios a efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario por violencia institucional, en el distrito Centro (que corresponde a la ciudad de Salta y localidades vecinas) y uno en Orán.