La multitudinaria marcha frente al Congreso para reclamar la aprobación de la ley de Emergencia Social y Alimentaria puso en guardia al Gobierno que busca “freezar” su aprobación a la espera que termine el año parlamentario y evitar que el presidente Mauricio Macri cargue con el costo político de vetar la ley que, con el respaldo de todo el arco opositor, apunta a proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Los legisladores de Cambiemos ya cavaron su primera trinchera en el Parlamento para resistir su tratamiento: frenaron el envío a la Cámara baja de la media sanción del Senado y el jefe del interbloque de diputados del oficialismo, el radical Mario Negri, calificó de “cínico” al proyecto y acusó al kirchnerismo de “buscar poner dinamita en la crisis que el Gobierno quiere dejar atrás”. Los diputados de los movimientos sociales que impulsaron la iniciativa insistirán en el pedido de que el tema se incorpore sobre tablas en la sesión especial prevista para el miércoles próximo y si el oficialismo se niega reclamarán una sesión especial para el día siguiente, convencidos de que cuentan con los votos para transformarla en ley. “Si el oficialismo frena la ley en el Congreso o si el Presidente la veta, los trabajadores de la economía popular seguiremos movilizados y pasaremos la Navidad en la calle”, afirmó a PáginaI12 el diputado Leonardo Grosso del Movimiento Evita.
Ayer por la tarde-noche, después de la desconcentración de quienes participaron de la masiva manifestación frente al Congreso en apoyo a la sanción de la ley de Emergencia Social, el texto de la media sanción que los senadores dieron el miércoles al proyecto todavía no había transitado los pasillos del Palacio Legislativo para llegar a la Cámara de Diputados. La estrategia macrista es dilatar su tratamiento de la emergencia social en el Congreso. Desde el Gobierno confían en que sus diputados podrán dilatar el trámite legislativo y clausurar su tratamiento con el cierre del año legislativo que culmina el próximo 30 de noviembre. Con ese afán, se aferran al reglamento interno de la Cámara baja que especifica que ya no podrán emitirse dictámenes de comisión una semana antes de esa fecha.
Por eso, los diputados que impulsan la ley insistirán en incorporar el proyecto a la sesión especial del miércoles próximo. Cambiemos podría bloquear su tratamiento para el que se necesitan las dos terceras partes de los diputados presentes.
En caso de que el oficialismo obstaculice el debate, los opositores  pedirán otra sesión especial para tratarlo al día siguiente. Ayer los jefes de los principales bloques parlamentarios de la oposición volvieron a respaldar el tratamiento de la Emergencia Social. Una lista que incluye a Héctor Recalde (FpV-PJ), Graciela Camaño (FR-FUNA), Oscar Romero (Bloque Justicialista), Victoria Donda (Progresistas, que sumaría al Partido Socialista y al GEN), Grosso (Peronismo para la Victoria- Movimiento Evita) y los misioneros del Frente de la Concordia, entre otros. Es un respaldo que garantizaría su aprobación en el recinto de la Cámara baja.
Desde el oficialismo reforzaron su estrategia saliendo a cuestionar el proyecto. La UCR asumió esa tarea. “El kirchnerismo, principal impulsor de esta idea, termina el año parlamentario yéndose a la banquina con un proyecto demagógico de esta dimensión, sin prever un financiamiento razonable”, expuso Negri a través de un comunicado, en el que estimó que la declaración de la emergencia tendría un costo fiscal entre 105 y 150 mil millones de pesos. “Resulta que algunos sectores del peronismo quieren despedir el año poniéndole dinamita a la crisis que el Gobierno está intentando dejar atrás”, agregó.
Desde los movimientos sociales salieron a responderle. “Es un tema de decisión política, no de falta de financiamiento. Si no, no se entiende por qué el Gobierno le condona a las compañías eléctricas 20 mil millones de pesos. Tampoco sé de donde sacan esa cifra, nuestro cálculo es 40 millones de pesos en el caso de los empleos, de los cuales 12 mil están previstos en el presupuesto para los distintos programas sociales. Si el Gobierno decidiera generar empleo alrededor de la obra pública, ese dinero también está previsto en el presupuesto”, dijo Grosso.     
El diputado también explicó a este diario los proyectos con los que se propone financiar la ley. “Ya presentamos uno para grabar el giro de utilidades de las compañías al exterior, además de grabar los plazos fijos en moneda extranjera superiores al millón de dólares y otros a los tragamonedas. Su financiación saldrá del juego y la especulación financiera”, señaló Grosso antes de lanzar una advertencia: “Si el oficialismo frena la ley o el Presidente la veta, los trabajadores seguiremos movilizados y pasaremos la Navidad en la calle.”