El cannabis medicinal es ley en Argentina. Y deberá ser reglamentado el próximo mes. Pero también es la clave para salir del laberinto prohibicionista, con un espíritu que se abre en tres direcciones: posibilitar investigaciones y la formación de médicos, generar una producción estatal de medicamentos y garantizar el acceso gratuito. Elaborada por un oficialismo que a la par detiene a usuarios de cannabis –incluso pacientes medicinales– y lo presenta como “golpes al narcotráfico”, esta ley aprobada en el Congreso hace dos meses abrió un escenario inédito.
Nucleadas en organizaciones como Mamá Cultiva y Cameda, cientos de familias torcieron el brazo de un gobierno que trataba de arrollar cualquier uso de cannabis con su idea de “narcotráfico cero”. Pero los usos medicinales de la planta (legales en Canadá, Estados Unidos, Uruguay e Israel) derrumbaron una política pergeñada en el prejuicio. Las evidencias científicas y la mejoría clínica de innumerables pacientes habilitan a comprender que la marihuana puede ser una de las sustancias centrales en la medicina paliativa, enfrentando también el deterioro producido por enfermedades neurológicas como epilepsia, Parkinson, fibromialgia y esclerosis múltiple.
“A nivel social y cultural, las consecuencias de la sanción de la ley son enormes y ya se empiezan a ver, como en la devolución del aceite de cannabis medicinal incautado a un grupo de familias en Córdoba”, dice Sebastián Basalo, director de la revista THC, consultado por las posibilidades que se abren. “Pero estamos frente a una ley incompleta que no determina cómo las personas accederán al cannabis medicinal más allá de permitir la importación. No habla de compras a través de farmacias ni de cómo producirlo localmente. Y mucho menos regula el autocultivo, que es el camino más utilizado para acceder al cannabis medicinal y sigue siendo criminalizado.”
La ley propone la creación de un programa de investigación estatal y un registro que permitiría, en casos muy específicos, el autocultivo sin riesgos de allanamientos. Pero la inmensa cantidad de pacientes que usan cannabis en la ilegalidad y no entrarían en estos programas es una de las zonas grises. Marcelo Morante, el médico argentino que acompañó y guió a las familias que utilizaban el cannabis como medicina, advierte que esa falta de claridad puede ser inicio de un nuevo conflicto: “Desde el Estado no se comprendió la magnitud de lo que sucede. ¿Cómo Argentina decide hacer este proceso dejando afuera el autocultivo, que es lo que permite el acceso? Si no se revisa esto, van a volver a tener a esas madres y familias golpeando las puertas del Congreso”.