Tras la aprobación en la Legislatura bonaerense de una iniciativa que obliga a los tres poderes del Estado provincial a calificar como "dictadura cívico militar" el período de gobierno entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 y a consignar la cifra de "30.000 desaparecidos" cada vez que se aluda a aquel gobierno de facto, el único diputado que se opuso al proyecto justificó su voto afirmando estar convencido de que "a la hora de legislar se debe priorizar siempre la promoción y protección de la libertad y la verdad, y creo que esta ley niega ambos valores".
A pesar de que en su momento, el autor de la Ley 14.910, el senador y ex intendente kirchnerista de Lanús, Darío Díaz Pérez, había afirmado que "no podemos permitir que aun hoy, en actos públicos, quienes deben representar las expresiones y valores de la democracia se pronuncien subestimando las atrocidades llevadas a cabo en esos años, o minimizando su impacto, en lo que constituye un verdadero ‘negacionismo’”, Castello, el único legislador que se opuso a la nueva norma, sostuvo que la ley "termina consagrando la mendacidad estatal".
Según el legislador de Mar del Plata, la norma “consagra una historia oficial” que “promueve la formación de un discurso único y atenta contra la libertad de pensamiento, provoca la autocensura, denigra a quien opina distinto, dispone el aparato estatal a favor de un sector político y pretende imponer una versión como la única historia aceptable”.
Tras la promulgación de la ley, Castello, en declaraciones a Infobae, lanzó una nueva provocación afirmando que “parecen jactarse de que hayan sido 30 mil, en vez de alegrarse por la posibilidad de que sean menos”.
