La situación procesal de Lorena Verdún, viuda de Claudio “Pájaro” Cantero, sigue sumando capítulos. Después que la justicia provincial la imputara y dictara su prisión preventiva por la tenencia y el uso de armas no registradas, desde el fuero federal se hicieron eco de la amenaza que recibió en esa audiencia el fiscal Matías Edery y solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario que revoque la excarcelación otorgada por una condena de 2019 por venta de drogas y ordene su inmediata detención. Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó su "acompañamiento y solidaridad" con el fiscal provincial por la intimidación recibida y “exhorta a las autoridades administrativas y políticas, como así también a los organismos de seguridad, a adoptar todas las medidas indispensables de prevención para salvaguardar la integridad física, personal y familiar de las y los integrantes de los Ministerios Públicos y del Poder Judicial”.
La amenazante frase “esto no va a quedar así” que Verdún dirigió directamente al fiscal Edery en la audiencia imputativa del pasado sábado sigue generando repercusiones, no solo en el ámbito mediático sino también en el judicial. Ayer se conoció que el fiscal general de feria, Claudio Kishimoto, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario que se encuentra de feria que revoque la excarcelación y ordene la inmediata detención de la viuda del ex líder de la banda criminal “Los Monos”. Ese pedido refiere a una condena que recibió la mujer en 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario a cinco años de prisión por el delito de comercialización de estupefacientes. Sin embargo, no se encontraba detenida porque la sentencia fue recurrida ante la Cámara de Casación.
En el dictamen presentado por los representantes del Ministerio Público Fiscal se resaltó que en septiembre del año pasado fue elevada a juicio oral otra causa donde está procesada por lavado de activos. En ese sentido, sostuvieron que el estado procesal de esa causa y la posibilidad de una nueva sentencia condenatoria en su contra son circunstancias que aumentan el riesgo de fuga. A eso le sumaron que “el carácter netamente económico” del delito por el cual es investigada constituye un “serio indicio” de que la mujer cuenta con los medios económicos y logísticos como para permanecer prófuga de la justicia.
Al mismo tiempo, los fiscales hicieron foco en la reciente causa de la justicia provincial por la que Verdún quedó imputada por el delito de “tenencia de arma de fuego de guerra” y donde se dictó su prisión preventiva. Fue en el marco de esa audiencia de imputación que Verdún pidió que dejen de “agarrársela” con su familia y dirigiéndose al fiscal provincial Matías Edery le advirtió: “Esto no va a quedar así”. Para los fiscales Kishimoto e Iglesias, los dichos de Verdún fueron “agresivos y discriminatorios” y marcan “el poco respeto y el alto desprecio que la nombrada tiene para con las autoridades judiciales”. Además, en su dictamen indicaron que “demuestran el desapego que tiene, no sólo al sometimiento a las normas legales sino también a cumplir las órdenes judiciales, circunstancia que aumenta con creces el riesgo de fuga”.
Por esos motivos, sostuvieron que existen elementos que dan cuenta del poder ofensivo que tiene tanto la acusada como su entorno, así como también la ostentación que hacen de las armas y la falta de escrúpulos en utilizarlas, inclusive contra la autoridad policial. “En presencia del Juez, de funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y de otras personas presentes y en el marco de una audiencia que estaba siendo grabada, Lorena Miriam Verdún, sin tapujos ni rodeos, vertió dichos intimidatorios para con el Fiscal y el Juez interviniente”, resumieron los fiscales y resaltaron que si los dichos no pasaron desapercibidos por funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, no deben ser desatendidos tampoco por la justicia federal. “Los actos de extrema violencia a los que han quedado sumidos los ciudadanos de Rosario, y que son de público conocimiento, deben ser respondidos con una Justicia que se muestre intransigente frente a los mismos”, concluyeron los fiscales.
Por otro lado, ayer se sumaron nuevos respaldo a la figura de Edery y con él al resto de los fiscales que trabajan estos casos. Ahora fue la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional la que hizo “extensivo nuestro acompañamiento y solidaridad” para con el funcionario judicial. En un documento que lleva la firma del secretario general Marcelo Peluzzi y el presidente Marcelo Gallo Tagle, el organismo recordó que desde el año 2014 vienen “expresando su honda preocupación ante las reiteradas amenazas, hechos de violencia y atentados sufridos por distintos/as magistrados/as y funcionarios/as de la justicia federal y provincial, y de los respectivos Ministerios Públicos, en la provincia de Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario, directamente vinculados con su actividad en la investigación y juzgamiento del crimen organizado”.
En ese contexto, la Asociación “exhorta a las autoridades administrativas y políticas, como así también a los organismos de seguridad, a adoptar todas las medidas indispensables de prevención para salvaguardar la integridad física, personal y familiar de las y los integrantes de los Ministerios Públicos y del Poder Judicial, como así también de las fuerzas que los auxilian, que se encuentran expuestos a acciones delictuosas reiteradas”. En el cierre del comunicado, manifiestan que ese es “un imperativo de la coyuntura pero, además, también resulta imprescindible para afirmar la voluntad de todos los Poderes del Estado de dejar claramente establecido el mensaje de que no se permitirá que se repitan en nuestro país experiencias que han asolado (y continúan haciéndolo) a países de la región, en los cuales el narcotráfico y el crimen organizado han llegado a tener influencia política y control territorial”.
