En busca de reconstruir la trama de la mesa judicial, sus protagonistas y el armado de causas contra sindicalistas, el juez Ernesto Kreplak le pidió a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y a los ministerios de Justicia, Trabajo e Infraestructura locales que entreguen correos electrónicos y agendas de 2017 (en papel o digitales) de la exgobernadora de María Eugenia Vidal, el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, y los exministros Marcelo Villegas y Roberto Gigante. La medida se suma a los entrecruzamientos de llamadas ya ordenados sobre las mismas personas y el resto de los presentes en la reunión del Banco Provincia el 15 de junio de 2017 --donde Villegas dijo que deseaba tener una "Gestapo" para "terminar con los gremios"-- además de sus visitas a la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).  La físcalía, además, rechazó este martes un intento de llevar la causa a Comodoro Py. 

Celulares, correos, computadoras

Hasta ahora el juez Kreplak recibió los números de teléfono utilizados por la mayoría de los imputados y la notificación de que fueron identificadas algunas de la computadoras que utilizaban, aunque no todas. Fue ubicada, por ejemplo, la de la exgobernadora Vidal, pero no aún la de Grassi. De todos modos, la nueva medida que ordenó tiene un pedido de acceso a los servidores y a la nube, para poder dar con las agendas de los exfuncionarios y cualquier documentación vinculada con sus actividades en 2017, así como sobre el contenido de los correos electrónicos que utlizaban. La pericia sobre los celulares y dispositivos que ya fueron secuestrados, está encaminada. Será clave el cruce de toda la información con las reuniones mantenidas y el devenir de las causas judiciales, por ahora referidas al dirigente de la Uocra, Juan Pablo "Pata" Medina, sobre cuyo caso se habló expresamente en el encuentro en el Bapro. La primera denuncia fue quince días después. Su detención, el 26 de septiembre. 

La lista de ingresos a la AFI entregada por el organismo a la justicia, da una buena pauta de las actividades dudosas de los exfuncionarios provinciales: las visitas del exministro de Trabajo, Villegas, del de Justicia, Gustavo Ferrari, de su subsecretario, Grassi, y del intendente de La Plata Julio Garro al organismo, y en algunos casos a sus exdirectivos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, son sugestivas. También hay coincidencias en la Casa Rosada, y en fechas claves vinculadas con las  Gestapo antisindical. Tanto ellos como el resto de la mesa, lo que incluye a empresarios de la construcción, al exministro de Infraestructura, Gigante, y a los exespías, están imputados por "la supuesta organización de una estrategia elaborada por el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la ciudad de La Plata". 

No a Comodoro Py

Este lunes, además, la fiscala de la causa Ana Russo, firmó un dictamen donde le pide al juez que rechace un planteo del ex director de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Juan Sebastián de Stéfano, para que la investigación sobre la Gestapo antisindical tramite en Comodoro Py. El exagente decía que Medina ya había hecho un adenuncia en los tribunales de Retiro en 2019 por el armado de causas en su contra en base a información publicada por el periodista Hugo Alconada Mon sobre la reunión en el Bapro. El expediente existe y nunca avanzó. Estuvo en manos del exjuez Rodolfo Canicoba Corral junto con el fiscal Carlos Stornelli. El dirigente denunció a Stornelli por encubrimiento después de la aparición del video.  

De Stéfano participó con un papel activo en la reunión en el Bapro junto con otros dos hombres de la exSide: el exjefe de gabinete del organismo, Darío Biorci, y el exdirector operacional de contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra. Sobre los tres, Kreplak pidió ayer sus ingresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos. Como informó este diario, no eran visitadores frecuentes de la Presidencia, pero dos de ellos fueron en fechas significativas: Dalmau Pereyra estuvo allí el 13 de junio, dos días antes del encuentro de la "Gestapo", uno antes de que se instalaran las cámaras para registrarlo. En la AFI recibió a Grassi y a Villegas. De Stéfano estuvo en la Rosada el 14 y 21 de agosto de 2018, diez días antes de ir a ver al juez Luis Carzoglio para decirle que Mauricio Macri quería la detención de Hugo y Pablo Moyano y enviarle un borrador. 

La fiscala Russo refutó el planteo de De Stéfano con varios fundamentos e incluso pidió que el juzgado federal 6 le mande a ella la causa original con la denuncia de Medina. El exagente había presentado una "excepción de falta de acción", una herramienta prevista cuando no hay razones para no seguir con una investigación penal, en éste caso, según él, porque ya hay otra. Russo dijo:

* Aunque son los mismos hechos, ella investiga delitos más graves y hay imputados concretos. En La Plata los delitos contemplados en la hipótesis son: asociación ilícita, abuso de autoridad, falsedad ideológica de documento público y violación a la Ley de Inteligencia. En Comodoro Py se aludía a incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque no se precisó una calificación. 

* Se debe tener en cuenta dónde tienen efecto esos delitos, por ahora en relación al "Pata" Medina, su actividad sindical, cuyas causas tramitan en provincia de Buenos Aires. Si bien la reunión en el Bapro fue en su sede central porteña, sería una prueba de la presunta organización ilícita sus acciones habrían tenido consecuencias en territorio bonaerense. 

* La causa platense es más reciente pero está mucho más avanzada que le que está radicada en los tribunales de Retiro desde hace más de dos años. 

* Es relevante la proximidad de la prueba, que se encontraría en La Plata. 

Russo es categórica en que no hay "una persecución penal de un hecho ya juzgado, sino simplemente la radicación de dos denuncias, en dos jurisdicciones territorialmente distintas, sobre hechos similares". También advierte que la causa en los tribunales "se centró en lograr su ratificación, lo cual insumió más de quince meses en total. Durante dicho plazo no se dispuso la realización de medida probatoria alguna, encontrándose la investigación en el mismo estado incipiente". Pero al revés de lo que dice De Stéfano, "lejos de requerir la anulación de un proceso, como correspondería en la hipótesis defensista, resulta necesaria la acumulación de los procesos a fin de unificar la investigación ante un solo Juzgado, lo cual se postula subsiguientemente". Pide, en definitiva, que se acumule todo en La Plata.

El dictamen de la fiscalía anticipa la postura en una discusión sobre cuál es la jurisdicción competente que es posible que varios imputados intenten. Como siempre, el macrismo busca el mismo refugio. Habrá que ver qué dice el juez.