Convocan a una consulta a indígenas, pero la licitación de la obra cuestionada sigue 

Ayer, representantes de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Salta convocaron a 18 autoridades de comunidades indígenas del Chaco salteño para conversar sobre la realización de la nueva ruta que unirá Orán y Embarcación. Semanas atrás integrantes de comunidades wichís habían manifestado su disconformidad con la obra, puesto que el recorrido, tal como lo informó el gobierno de Salta, pasa por parte de sus territorios, cuya ocupación ancestral ya fue relevado en el marco de lo dispuesto por la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena.

De acuerdo a lo que informaron, el encuentro se produjo para dar cumplimiento al derecho de consulta previa, libre e informada. No obstante, las autoridades indígenas resaltaron la demora en la convocatoria, dado que el proceso de licitación de la obra ya ise nició a fines de noviembre, y aún continúa con un recorrido ya delimitado. 

"Las consultas deben ser previas, pero (la obra) sigue firme y sólo se nos impuso su realización", expresó a Salta/12 Mirco Jonathan Neuenschwander, secretario de la comisión directiva de la comunidad wichí Misión La Loma. En el encuentro, que duró casi dos horas, "nos dijeron que sí o sí, se hace la ruta", reiteró el secretario indígena, quien contó que cada una de las autoridades pudo expresar sus inquietudes. 

A mediados de noviembre del año pasado se inició el proceso licitatorio para la construcción de la nueva ruta. Previamente el gobierno de Gustavo Sáenz comunicó que el camino se extenderá por 26 kilómetros, desde el empalme con la ruta nacional 50 hasta el empalme con la ruta nacional 34. Los trabajos previstos incluyen la obra básica, obras de arte, ejecución de pavimentación y la construcción de un puente de 300 metros sobre el río Bermejo.

Durante ese período, miembros de Misión La Loma aseguraron a este medio, que jamás fueron consultados al respecto, sobre todo, si se tiene en cuenta que gran parte del recorrido pasaría por su territorio. Y que incluso, se enteraron del tema, cuando estaban reclamando la falta de agua en la zona. Por lo tanto, denunciaron la tardanza por parte de Asuntos Indígenas, y aseguraron que el reciente encuentro fue "una vergüenza" y "una falta de preparación" de su parte.

"Todos salieron desilusionados", expresó Neuenschwander, contando que fue la primera vez que se realizó un consulta en el marco del derecho indígena. Y consideró que solo se trató de cumplir de manera formal con la norma porque "ni siquiera se planteó el derecho al veto ni nada, sólo hacer lo que manda el gobierno (de Salta)".

Por su parte, el funcionario de Asuntos Indígenas Francisco Ariel Sánchez, qno estuvo en el encuentro por tener covid-19, manifestó a Salta/12 que el encuentro se realizó con la intención de garantizar el derecho reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No obstante, recordó que se dieron por enterados de la obra de manera "casual", en noviembre último.

Desde ahí iniciaron un expediente pidiendo la información del caso a la Dirección Nacional de Vialidad, pues es quien proporcionó un presupuesto oficial de $3.200 millones de pesos para la construcción de la nueva ruta. No obtuvieron resultados, porque ayer se dijo que Vialidad de la provincia, es la autoridad competente en materia vial, y por ello, lleva adelante el proceso de evaluación de Impacto Ambiental de proyectos viales, dando intervención a la Secretaría de Ambiente de la provincia y otros organismos. 

Por Vialidad provincial se hizo presente el ingeniero Facundo Castillo, quien aseguró que la empresa Vicente Moncho Construcciones SRL presentó en 2018 un informe de impacto ambiental y social, puesto que fueron quienes tuvieron la iniciativa de presentar el proyecto de la nueva ruta. El gobierno provincial destacó esta acción bajo el decreto 1274/17, por considerarlo una política de integración y desarrollo. 

Sobre la base de ese informe se hicieron observaciones y, por lo tanto, aún no fue aprobado. En esas consideraciones, según Castillo, Vialidad y la Secretaría de Ambiente, dijeron que debían tener en cuenta los territorios de las comunidades y su inclusión en las consultas libres, previas e informadas. 

"No va a haber ninguna relocalización de familias"

Sánchez reiteró que la iniciativa de convocatoria a los Pueblos Originarios, se dio desde  la Secretaría de la cual forma parte. Esto porque lograron recabar que eran, al menos, 18 comunidades las que iban a estar afectadas por la realización de la obra. 

De ese número, son 15 las comunidades que acordaron tener un territorio común, y es el que figura en el relevamiento territorial que se realizó en 2015, en cumplimiento de la Ley 26.160. Sánchez advirtió que algunas de ellas ya recibieron sus carpetas técnicas, mientras que las que faltan están en un proceso de observación por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas(INAI). "Hay tres comunidades que no fueron beneficiadas en el relevamiento, pero sabemos que viven ahí", agregó. 

Esta ley que declara la emergencia territorial indígena ordena un relevamiento jurídico, catastral y de la ocupación ancestral de las distintas comunidades que habitan el territorio argentino; y ordena que, mientras se termina este relevamiento, se suspenden los desalojos de las tierras ocupadas por ellas. 

Neuenschwander aseguró que de concretarse el proyecto, se afectará a más de 200 familias de los pueblos Wichí, Chorote y Guaraní. Una de las preocupaciones de las familias indígenas es que si se hace la ruta, indefectiblemente pasará por territorio indígena, y con ella, es posible que se reubiquen las casas. Sin embargo, Sánchez afirmó que "no va a haber ninguna relocalización de familias". 

Otra de las inquietudes es que la obra de esta ruta afectaría el monte nativo, con los consiguientes perjuicios en la época de lluvias, porque no habría barrera natural que contenga posibles inundaciones.

Aún así, Sánchez insistió en que el encuentro de ayer dio la posibilidad de conocer las características técnicas del proyecto más la "posibilidad de incorporar las inquietudes de las comunidades". Para darle mayor formalidad al tema, las observaciones de las comunidades deben ser enviadas al mail [email protected]. "Para que sea tenido en cuenta en el estudio de impacto ambiental", aclaró el funcionario. 

"El objetivo es que se garantice el acceso a la consulta previa, libre e informada, y que se pueda asegurar que sus inquietudes estén expresadas en los expedientes", agregó Sánchez. 

En el informe de estudio de impacto ambiental social de la empresa, al que accedió este medio, sólo se indicaba que "debido a la complejidad del estudio y del campo social" se realizaron 31 entrevistas, a "encargados y/o trabajadores de fincas de ambas localidades (15), residentes en la calle Arenales de Orán (3), representantes de comunidades indígenas de Orán y Embarcación (12) y al representante de la comunidad La Quena".

Si bien el recorrido ya fue informado por el gobierno salteño, sin tener aprobado aún el estudio de impacto, Sánchez dijo que existía la posibilidad de que el trazado tenga modificaciones, "a partir de objeciones que se puedan llegar a realizar y que estén fundamentadas con lo técnico y social". "No está cerrado ese tema, y sólo hay un trazado estimativo", indicó. Dicha afirmación también fue dada por Castillo, en su intervención. 

La Secretaría de Asuntos Indígenas tiene planeado mantener otro encuentro, pero siempre respetando los plazos razonables de debates en el interior de las 18 comunidades involucradas. 

No obstante, otra preocupación manifiesta en las comunidades era que estaba pautado para este viernes 28 la apertura de sobres de la licitación de la obra, pero ayer se informó que se reprogramó para el próximo 30 de marzo. Aún así, Sánchez dijo que el estudio de impacto y la licitación "son cuestiones que no son vinculantes y que van por distintos carriles, pero que la obra no va a comenzar" hasta tanto no se apruebe el estudio. 

Sin embargo, Neuenschwander se mostró disconforme con el encuentro y pidió a todas las comunidades que reaccionen sobre lo que está aconteciendo con la ruta y cada obra que involucre a los pueblos porque "en toda obra se tendría que realizar la consulta previa, libre e informada", pero no se hace como corresponde.