La deuda es una operación sobre el tiempo por venir. Como el movimiento feminista lo ha puesto en escena en su denuncia de las violencias económicas, es sobre ese tiempo que se despliegan chantajes pero también la posibilidad de no de consumar la obediencia. Se trata de una disputa abierta sobre la indeterminación del futuro, sobre sus posibles. Desentramar cuáles son las guerras que el poder financiero despliega sobre el tiempo de nuestras vidas cotidianas resulta central para poder enfrentarlo.
La negociación con el FMI por la monumental deuda externa tomada por el gobierno de Mauricio Macri en 2018 entra en momentos de máxima tensión donde cada vez se hace más evidente su carácter eminentemente político. Es un juego de tiempos permanentes, de apuros, de plazos, de invocaciones a que el acuerdo sea ya. A la vez, los medios locales e internacionales amplifican la posibilidad de una catástrofe en caso de caer en un default y reclaman la presentación de un “plan económico” como expresión-eufemismo del ajuste. El propósito es apurar. La cotización del dólar ilegal funciona en tándem con esta maquinaria extorsiva y hace pedagogía a gran escala sobre lo que sería el costo de cualquier plan alternativo al libreto de la sumisión. A ese aumento de la cotización paralela, algún periodista lo llamó hace días “muestra gratis”, como amenaza de que siempre puede venir más y peor.
Entre tanto, hoy es la fecha del primer vencimiento de 2022 de la deuda externa según el calendario de pagos imposibles acordado por Macri. Por primera vez desde la asunción del gobierno de Alberto Fernandez, el pago está o estuvo al menos demorado en confirmarse. Esta situación está relacionada al endurecimiento de las condiciones que el FMI exige al gobierno nacional, a una fórmula de negociación que no para de agregar condiciones (quedó expuesto el 5 de enero por el ministro Martín Guzmán cuando en ronda pública junto al presidente hizo públicas esas tratativas).
En palabras directas, la propuesta del Fondo es hacer un ajuste que detenga cualquier posibilidad de crecimiento y redistribución en un contexto en el que la pobreza supera el 40%. Pero además, las exigencias se completarían con una revisión trimestral de las cuentas fiscales por parte de los enviados del FMI que pondría en suspenso cada tres meses la posibilidad de caer en un default (ya que el propio FMI prestaría la plata para pagar el cronograma vigente de pagos). Parece absurdo pero es parte de sus propuestas: volver a prestarnos para que les paguemos, no incurramos en demora y, a la vez, garantizarse la supervisión colonial cada tres meses.
Hemos dicho una y otra vez que la negociación con el Fondo Monetario no puede ser pensada en un mero lenguaje tecnicista. Hoy esa afirmación se hace más evidente que nunca: en última instancia, es el gobierno de Estado Unidos el que determina el endurecimiento del FMI, aun si en 2018 decidió apoyar al gobierno de Macri cuando incumplía sistemáticamente con las “metas” a las que se comprometía.
La necesidad de cuestionar la legitimidad del acuerdo vuelve a tomar fuerza, tanto a nivel local como a nivel internacional. En ese sentido, el 10 de enero en la Social Science Research Network (SSRN) apareción un informe realizado por la investigadora brasileña Karina Patrício y el ex funcionario del FMI, Chris Marsh que concluye que habría elementos sólidos para declarar el Acuerdo Stand By de 2018 como un acuerdo nulo, un acto ultra vires. Para esto se esgrimen razones que son varias de las que ya se vienen repitiendo a nivel local, tales como el incumplimiento del FMI de sus propios estatutos en relación al monto prestado y a haber prestado aún sabiendo que se estaba en un proceso de fuga de capitales. Este reclamo debería consumarse en tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia. Este ángulo permite poner la discusión de cuajo, en tanto el préstamo puede ser cuestionado en su legalidad de inicio, tanto a nivel local como internacional.
Una guerra en todos los planos
En su último libro Guerras y capital (Tinta Limón, 2021), el filósofo italiano Maurizio Lazzarato, nos habla de que las finanzas desatan una guerra civil generalizada donde las “guerras de subjetividad” son primordiales. Esto quiere decir que transformar y adaptar nuestro tiempo de vida a la temporalidad del capital financiero, se vuelve estratégico. De allí la perspectiva de la subjetividad como campo concreto donde esas guerras se despliegan.
La estrategia mediática no consiste meramente en instalar un discurso ya conocido, sino que participa de modo directo en la percepción concreta y cotidiana de nuestros cálculos de plazos y de ingresos, de deudas y postergaciones. Así, el cronograma que impone los pagos al FMI se calca y se trasluce en los que imaginamos para planificar y organizar nuestras vidas: ¿cuánto debo recortar, ajustar, dejar de hacer, aceptar como trabajo extra?
Viene a colación que en esta misma temporalidad se ha lanzado el proyecto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para implementar educación financiera en el último año del secundario. Y de hacerlo bajo condiciones muy precisas: un contenido dictado por las mismas empresas de finanzas digitales que son, sin dudas, una de las corporaciones ganadoras de la pandemia. Desde los sindicatos y las organizaciones feministas hubo pronunciamientos cuestionando la medida. Porque más allá de la utilidad de conocer cómo utilizar un cajero, resulta imprescindible discutir en manos de quién quedará la formación de les pibxs y qué quiere decir educación financiera en un país donde la deuda externa condiciona la vida de las próximas generaciones.
Es evidente que el poder financiero y el partido político que lo expresa se toma en serio la necesidad de hacer una pedagogía que se meta en cada casa y que enseñe desde chicxs que la libertad es la libertad de los mercados.
El enfrentamiento es en todos los planos y requiere politizar al máximo las formas en que nuestras vidas se subsumen a los ritmos del capital financiero. Por ello resulta indispensable avanzar en la investigación de la deuda, conocer quiénes fugaron ese dinero y comprometer la movilización popular en esa confrontación. Necesitamos contra-pedagogías que cuestionen el círculo de la violencia financiera. Porque, como hemos instalado desde la práctica política feminista, el círculo de la violencia machista se alimenta de la falta de autonomía económica para poder vivir vidas libres y dignas.
