Los tres correos electrónicos que aluden a la reserva del salón del séptimo piso del Banco Provincia, donde se hizo la reunión de la "Gestapo" antisindical para el armado de causas contra dirigentes gremiales, repiten que el pedido del lugar era para "Emilia Jaime". Se trata de la entonces secretaria del extitular de la entidad, el macrista Juan Curutchet. La mujer declaró este miércoles ante la Comisión Bicameral de Inteligencia y contó que ella hacía lo que le indicaba Curutchet. En este caso dijo que, sin bien no recordaba el episodio con precisión, es factible que --como figura en los e-mails-- se tratara de una solicitud de la gobernación de María Eugenia Vidal, quien aparece cada vez más comprometida. Este jueves se presentará ante los diputados el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, señalado como un integrante de la "mesa judicial". 

Jaime, según pudo reconstruir Página/12, relató que era habitual que ella gestionara ante el área correspondiente el uso de los salones por pedidos de Curutchet que, explicó, es la única persona a la que ella respondía. No recordaba demasiados detalles sobre su requerimiento para la reunión del 15 de junio de 2017 en particular, pero dijo que los correos electrónicos le parecían verosímiles. Los e-mails fueron entregados por la actual gestión del Bapro al juez Ernesto Kreplak, que investiga el entramado de la mesa judicial y la construcción de acusaciones penales contra sindicalistas. De allí, como reveló este diario, surge también que el salón fue pedido por tres días: el 14 de junio se utilizó para la instalación de las cuatro cámaras y micrófonos que registraron el encuentro, al día siguiente se hizo el cónclave, y el 16 de junio fueron retiradas las cámaras. Es decir, desde la administración de Vidal procuraron que quedara la zona liberada para que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) pusiera y sacara las cámaras. Como es conocido, la filmación fue hallada en el organismo y eso llevó a que se abriera la causa judicial. 

Los e-mails son precisos y muestran que despejar el salón en cuestión era prioritario. El primero, del mismo 14 de junio, de una subgerenta, de la Unidad de Soporte Administrativo y Profesional (USAP) del banco decía: "Buen día. Me acaba de llamar Guillermo Squilarri para reservar hoy y mañana el sum de 9 a 13 hs por indicación de Emilia Jaime. Viene gente de la gobernación". Luego preguntaba por los eventos ya pautados como para hacer los cambios necesarios y pedía disculpas por escribir al resto tan temprano (eran las 8.46). Otro correo de la USAP decía un rato después que "de acuerdo a lo conversado se extiende la reserva el jueves y viernes de 9 a 18 hs", y agregaba que ambos días eran "para Emilia Jaime" y que necesitaban agua y café. Un mensaje anterior decía que la reserva para el jueves 15 era para "12 personas". El número es casi exacto ya que en el video se ven 13 personas, con lo cual es evidente que se sabía quiénes iban. 

Tanto Vidal como el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, quien en aquella reunión expresó su deseo de tener una "Gestapo" para combatir a los gremios, vienen planteando la teoría de que era una simple reunión de trabajo y que los funcionarios presentes no sabían que hablaban con tres agentes de inteligencia, en relación al exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano, el exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y el exjefe de gabinete del organismo Darío Biorci. Además de los e-mails, las visitas de algunos presentes en aquel encuentro a las oficinas de la exSIDE, desmoronan ese planteo. Fueron ese mismo año y en fechas sugestivas tanto Villegas, como el exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi  y el intendente de La Plata, Julio Garro. También iba el exministro de Justicia, superior de Grassi, Gustavo Ferrari. 

Para este jueves, el juzgado citó como testigos a algunos de los funcionarios del Bapro que participan del intercambio de correos donde se gestiona el salón en la sede porteña. 

A la Bicameral está convocado y confirmó su presencia el procurador Conte Grand, después de un intento fallido de declarar por escrito. El jefe de los fiscales bonaerenses fue mencionado específicamente por el comisario Hernán Casassa, quien describió ante la comisión la existencia de una mesa judicial no sólo bonaerense sino una interrelación con la mesa judicial que convocaban la AFI y la Casa Rosada. Confirmó el armado de causas (no sólo contra sindicalistas, sino contra políticos y jueces) que describía en dos audios que reveló este diario, y señaló dentro de ese esquema, a Vidal, a su exjefe de gabinete, Federico Salvai, al exministro de Seguridad Cristian Ritondo y a Conte Grand. Decía que a través de Asuntos Internos y otras dependencias de la policía, se recopilaba información ilegal de distintas bases de datos. Mencionó a Elisa Carrió y a Paula Oliveto, quienes con los datos acumulados hacían denuncias penales. En función de este relato se abrió otra causa judicial, motorizada por Alberto Pérez, exjefe de gabinete de Daniel Scioli, denunciado por Carrió y cuyos allanamientos estuvieron a cargo de Casassa. Conte Grand tiene también un pedido de juicio político.