Ante las protestas sociales con cortes de rutas, el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, anunció la creación de un grupo especial de la Policía de Salta con roles de mediación y que deberá conseguir que solo se impida el paso en media calzada. Según fundamentó, esta medida se dispuso para garantizar "el derecho de la libre circulación en rutas y caminos de la provincia".
La decisión se tomó en una reunión que el ministro de Seguridad con su par de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos; el gerente de la Asociación PROGRANO, Lisandro de los Ríos; el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz; los intendentes Samuel Córdoba (de General Ballivian), Carlos Funes (de Embarcación) y Carlos Alemán (de Aguaray); también el jefe de Policía, Miguel Ceballos, y el subjefe, Pablo Vilte. "Ante las problemáticas que se registran en el norte provincial por los cortes totales de rutas se avanzará en la creación de un grupo especial de la Policía de Salta que trabaje en la prevención y mediación para que las protestas se realicen en media calzada y se garantice el derecho de la libre circulación en rutas y caminos de la provincia." Informó el gobierno sobre el resultado de ese encuentro.
Una investigadora y referentes sociales cuestionaron que en vez de dar respuestas a las demandas sociales, el gobierno provincial recurra a sus fuerzas de seguridad con antecedentes represivos y de gatillo fácil en la provincia.
Consultada por Salta/12, la abogada, doctora en Ciencias Sociales y docente universitaria Valeria Plaza, dedicada a investigar temáticas relacionadas a las fuerzas de seguridad, manifestó preocupación porque en la provincia, que tiene "índices alarmantes de pobreza y desocupación", las medidas gubernamentales que se toman tienden a fortalecer las medidas represivas "en vez de pensar medidas más estructurales, que son las que pueden resolver el conflicto". También señaló que si bien la libre circulación es un derecho, dijo que para aplicar medidas que regulen las protestas sociales tienen que tener "equilibrio".
Para Plaza, es "muy poco posible" una policía "mediadora", porque "lo cotidiano es la negligencia" de la fuerza. Se preguntó qué pasará si las personas que protestan se niegan a cortar solo la media calzada y advirtió que la medida gubernamental puede desencadenar una represión, el encarcelamiento de los protestantes o incluso muertes, como ha pasado antes en la historia de la provincia. "Se aplican recetas que han fracasado, que han dado lugar a protestas con muertes"; "Sigue siendo algo que ya se probó en los 90", cuestionó la investigadora.
Por su parte, la referenta del Partido Obrero, Gabriela Cerrano, dijo a Salta/12 que "es imposible que los conflictos sociales se puedan resolver con una mediación, porque los cortes de ruta se llevan adelante cuando ya están agotadas todas las instancias de lucha. Sobre todo en el departamento San Martín donde los conflictos más importantes que hay últimamente son de las comunidades originarias donde nadie duda de la tremenda postergación que sufren los pueblos porque no tienen agua potable, porque se le mueren los niños, porque se la muerto una parturienta".
Cerrano consideró que los reclamos en el norte no se puedan resolver de forma represiva, y que si el Estado quiere intervenir debe dar respuestas a las demandas. "¿Qué tal si la gente no quiere cortar media calzada?, agotada la mediación, van a reprimir, así es como funciona cualquier cosa que está orientada por la policía", manifestó. Para la referenta, la fuerza policial salteña "sólo es eficaz a la hora de reprimir, no es eficaz a la hora de dar respuestas cuando la gente demanda seguridad, o cuando las mujeres demandamos seguridad ante los violentos". A propósito de esto último, el lunes último hubo un corte en la ruta nacional 81, de miembros de la comunidad Misión Wichí Kilómetro 2 que reclamaban justicia por el femicidio de Pamela Julia Flores, la niña de 12 años asesinada a mediados de este mes.
Una reunión sin referentes populares
Aunque el parte de prensa del Ministerio de Seguridad denominó aquella reunión como "multisectorial", no hubo participación de los organismos de derechos humanos ni de los colectivos populares que en estos momentos realizan las protestas que pretenden regular en el norte provincial. "¿Por qué la presencia de un particular como el presidente de Prograno, y ninguna presencia de referentxs de organizaciones sociales, de pueblos originarios, sindicales, que se ven obligadxs a cortar rutas, porque el Estado provincial no les garantiza los derechos que la Constitución Nacional, Provincial y tratados internacionales establecen?", cuestionó la periodista y militanta feminista Marta César ante la consulta de Salta/12. También la periodista y militanta feminista Susa Peralta opinó que "si se quieren resolver las protestas el camino es escucharlas".
Valeria Plaza señaló que "hay una mirada que lleva a desconfiar", por los actores de esa mesa gubernamental que no convocó al Ministerio de Desarrollo Social o al Ministerio de Salud, que son los que pueden dar respuestas a las problemáticas sociales que se están planteando. Consideró que está claro "dónde se van a resolver" las respuestas a los reclamos. De forma similar, César cuestionó que se prioricen "los derechos a la libertad de producir en grandes escalas, antes que los derechos a comer, disponer de agua potable, energía eléctrica, acceso a la salud, a la educación intercultural bilingue, a la tierra, a un medioambiente sin contaminación".
"Siempre se alega que los cortes de ruta lo que hacen es cortar la producción. Acá se está desarrollando la producción de la minería y del saqueo. Mientras van a seguir muriendo los chicos y van a seguir sin agua. Va a seguir esta situación de pobreza calamitosa que tenemos en el norte", dijo Cerrano.
También la referenta del Partido Obrero-Tendencia, Gabriela Jorge, opinó que "por cuenta y orden de los grupos sojeros del noroeste salteño, Prograno, y en vez de exigir la resolución inmediata de la extensísima agenda social irresuelta de una de las poblaciones más oprimidas y empobrecidas de la provincia y el país, Abel Cornejo se dispone a esterilizar las medidas de protestas de los pobladores del Chaco salteño mediante la imposición por la vía de la fuerza y la represión de cortes de media calzada en las rutas".
Mario Rearte, referente social de General Ballivián y vocero de las organizaciones de desocupados en General San Martín, dijo a Salta/12 que los funcionarios de gobierno deben dialogar con las personas que reclaman. Pidió que el gobierno haga "autocrítica hacia adentro", y que no culpe a la gente por protestar. "Hay cosas que se pueden corregir, obviar, levantando un teléfono", sostuvo. Consideró que "para solucionar los problemas de corte de ruta hay que bajar a donde están los problemas, buscar solucionarlos" pero para ello, al gobierno esto "tiene que preocuparle".
Jorge por su parte señaló que la libertad de circulación que se propone defender el ministro de Seguridad "es la del capital agroexportado, siendo que éste es socialmente responsable en gran medida del cuadro de pobreza, desocupación y falta de infraestructura básica que lleva a sistemáticos reclamos a los pobladores de San Martín y Rivadavia". Repudió la medida del ministro de Seguridad y la consideró un "ataque a las libertades democráticas porque el derecho más inalienable es el derecho a luchar y protestar ya que es la condición para la defensa y conquista de todos los derechos necesarios".
Criminaliza la pobreza
"Si no morimos por desnutrición nos mata el sistema directamente utilizando las fuerzas de seguridad (...) juegan con la ignorancia", opinó por su parte el integrante de la Comisión de Familiares contra el Gatillo Fácil, Jorge Farfán. Consideró que la medida gubernamental es para "criminalizar la protesta y a la gente pobre". También puso de resalto la impunidad de los crímenes de la policía: "todos los asesinos de nuestros hijos siguen libres", aseguró.
Cerrano, ademas, opinó que "Cornejo tiene experiencia en represión, siendo juez federal, ordenó disparar con balas de plomo a los piquetes del norte donde murieron Anibal Verón, José Barrios, Carlos Santillán, Orlando Justiniano y Alejandro Gómez, y (hubo) miles de heridos en una etapa de ajuste y pobreza muy similar a la de hoy. Repudiamos esta medida de Cornejo, lo que corresponde es que resuelvan la demanda de las protestas", manifestó.
