El último viernes se informó sobre el principio de acuerdo en las negociaciones con el FMI, según lo detallado por el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán. El ministro explicó que Argentina avanza hacia un acuerdo de facilidades extendidas, es decir, un nuevo crédito de mayor plazo pero con condicionamientos para conseguir las divisas con las cuales poder pagar el megacrédito otorgado por el FMI a Mauricio Macri.

En su momento, Guzmán había expuesto públicamente las diferencias entre el Gobierno y el organismo internacional en torno a los tiempos para lograr el equilibrio fiscal y el riesgo que un brusco ajuste del gasto implica para la reactivación de la economía. El Gobierno bajó la bandera de una reestructuración del crédito tomado por Macri. En cambio, se acepta y se avanza al un nuevo préstamo. ¿Qué implica ese cambio en la posición argentina en las negociaciones?

El primer punto, más simbólico, es que Argentina dejó de lado la oportunidad de objetar el acuerdo stand-by tomado por Macri, que está plagado de irregularidades y que el propio organismo admitió que fue otorgado por la presión política de la administración Trump. 

Más allá de ello, al no reestructurarse el stand-by, se mantiene en pie el flujo inviable de vencimientos tomado por Mauricio Macri, que implica pagos anuales por unos 19 mil millones de dólares en 2022 y 2023. De esa manera, no se aleja la posibilidad de caer en cesación de pagos con el organismo ni la incertidumbre cambiaria, ya que el cumplimiento de los pagos estará condicionado a que Argentina obtenga el visto bueno en el monitoreo trimestral de las metas establecidas por el nuevo crédito de facilidades extendidas que pretende tomar.

Argentina quedará sometida durante los próximos dos años al monitoreo trimestral de su política económica por parte del FMI, de cuya aprobación dependerá que pueda evitar caer en cesación de pagos con el organismo. Cuando no se logre cumplir una meta, y la historia con el organismo demuestra que ello es habitual, se deberá solicitar un waiver (perdón), cuya aceptación depende, en última instancia, de acuerdos políticos con las potencias que manejan el organismo, principalmente Estados Unidos. 

En consecuencia, la política exterior nacional pasará a estar condicionada por las presiones norteamericanas, a cambio de contar con el favor del país del norte en cada revisión trimestral del acuerdo, so pena de caer en una cesación de pagos y en presiones cambiarias asociadas a ello. De define así un escenario de incertidumbre macroeconómica para los próximos dos años.

El interés de Estados Unidos en mantener bajo controles trimestrales vía FMI los últimos dos años de gobierno del Frente de Todos es explicable, en un contexto donde la región se tiñe de gobiernos de izquierda poco alineados a Washington. La pregunta a realizarse es qué gana el Frente de Todos sacrificando sus próximos dos años de gobierno.

@AndresAsiain