Leonardo Quintana, de 22 años, fue encontrado sin vida en un calabozo de la Jefatura Departamental de Victoria, Entre Ríos. El hecho ocurrió el 21 de enero pasado y generó la reacción de familiares y conocidos que se manifestaron ante esa institución con quemas de cubiertas y pintadas. La respuesta policial derivó en balas de goma y cuatro detenciones. Esta muerte, que ahora investiga la Justicia, reaviva la polémica por la conducción política de las fuerzas de seguridad en la provincia. Organismos de derechos humanos sostienen que hay una escalada de violencia institucional mientras que la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, responde que “no tenemos ninguna posición corporativa y no apañamos la violencia”.
Quintana fue detenido en Paraná, trasladado a Victoria y en el ínterin la familia no recibió aviso. “Se enteraron por un muchacho que salió del mismo calabozo, a pedido de él”, comentó Alejandro Rees, abogado de la familia. Sus parientes fueron a las 10 de la mañana de ese día a averiguar si estaba alojado allí, les dijeron que sí y que por la tarde lo podían ver, pero al mediodía se produjo la muerte. “Se enteraron por los medios de comunicación, otra falencia de la policía que remarca, en parte, la violencia institucional con la que se han manejado y que fue uno de los motivos que derivó en la manifestación”, añadió Rees. El abogado tuvo acceso a parte del legajo que figura como “Leonardo David Quintana, su muerte”. Allí, las conclusiones de la autopsia afirman que no hubo violencia ni terceros que actuaron, pero los familiares tienen dudas: “No descartamos que haya sido suicidio; pero tampoco que haya sido un homicidio”, explicó Rees.
La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher), conformada por una docena de organizaciones de la provincia, repudió la “violenta represión policial en la Jefatura Departamental de Policía de la ciudad de Victoria”. Además, apuntaron contra los funcionarios provinciales ya que, según la red, esta reacción “responde a la clara ausencia de conducción política de las fuerzas ajustada a los estándares internacionales de derechos humanos, y a la falta de formación de las mismas para abordar estas situaciones sin violencia”.
Consultada por Página/12, Rosario Romero, ministra de Gobierno y Justicia, expresó: "Tenemos una policía integrada por 12 mil mujeres y hombres que reciben formación de excelencia y, desde hace mucho tiempo, se incluyen contenidos vinculados al respeto a los derechos humanos. No hay protección para ningún agente u oficial que no cumpla los estándares de respeto por los derechos. Así, cuando se produce cualquier hecho en que se pone en dudas la conducta de algún policía, no solo se toman las medidas pertinentes en el ámbito administrativo interno, sino que, además, colaboramos con los procesos judiciales apartando a la policía de intervenir en cualquier investigación”. Romero agregó que “nuestra policía jamás toma ninguna intervención en vía pública que no sea respaldada por la Justicia o por la necesidad de prevenir o evitar delitos. No es una política del Estado entrerriano la de reprimir manifestaciones”.
En cuanto a la muerte de Quintana, al igual que en casos similares, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tomó intervención desde la Dirección Nacional de Prevención Institucional, compartiendo con la familia y su abogado una serie de recomendaciones para el abordaje de la investigación, en la que se constituirán como querellantes.
En un documento de fin de año, la Rodher había planteado su preocupación sobre la escalada de violencia institucional en la provincia. Como sustento de estas afirmaciones se repasaban una serie de casos de los últimos tiempos que terminaron en muertes, por la que son sospechados o acusados y juzgados integrantes de la Policía: Sebastián Briozzi (Concordia, 2016), Gabriel Gusmán (Paraná, 2018), Iván Pérez (Gualeguaychú, 2019), Miguel Varela (Concordia, 2019), Erik Valdez (Concordia, 2021) y José Luis González (Paraná, 2021).
La respuesta de Gustavo Maslein, jefe de la Policía de Entre Ríos, en declaraciones radiales, subió el tono de la discusión: "La verdad que estoy un poco cansado y abrumado por la cantidad de chicanas y críticas que recibimos de algunos sectores, que de una forma u otra tratan de vender un libreto que tienen ellos armado. Nos posicionan como si estuviéramos en el pasado, 45 años atrás, como que somos unos brutos, unos ignorantes". También sostuvo que “el fin de ellos es instaurar una anarquía, que los delincuentes tomen la calle”.
“Estas manifestaciones de parte de la autoridad máxima de la Policía de Entre Ríos propician un ámbito de respaldo para que quienes forman parte de la fuerza entiendan legítimo actuar de manera violenta contra ciudadanos y ciudadanas que reclaman por el esclarecimiento de una muerte que entendemos preocupante y que se suma a los diversos hechos que venimos denunciando desde la Rodher”, contestaron entonces los organismos de derechos humanos. “Nos escandaliza el silencio ensordecedor e imprudente de los responsables de las primeras líneas de los tres poderes del gobierno de Entre Ríos y del gobernador Gustavo Bordet”, afirmaron. “Nuestra provincia corre el riesgo de adherir de manera simbólica a la doctrina Chocobar que se implementó en el gobierno de Mauricio Macri, si no se reacciona de manera contundente ante las infundadas declaraciones del jefe de la Policía”, completaron.
La ministra Romero eludió la confrontación e indicó que en Entre Ríos "no hay democracia de baja intensidad, los controles y contrapesos funcionan bien y tenemos solidez en el respeto por la Justicia”.
