Ante los reiterados episodios de intimidación policial a estudiantes y docentes que incluyó, en muchos de esos casos, el ingreso de uniformados armados a establecimientos educativos, legisladores porteños del Frente para la Victoria presentaron un proyecto de ley para regular el acceso de las fuerzas de seguridad a las entidades educativas de gestión privada y estatal, en todos los niveles y modalidades de la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto busca crear una norma que llene el vacío legal que hay sobre la forma en que deben actuar las fuerzas de seguridad con las instituciones educativas en la Ciudad que, a excepción de la Universidad, no está regulada. La Ley de Educación Superior (24.521, de 1995) establece en su artículo Nº 31 que las fuerzas de seguridad no pueden ingresar a las universidades nacionales sin una orden de un juez. Ninguna ley hace lo propio con el resto de las instituciones educativas.
En los últimos meses se registró una escalada de operativos policiales que buscó intimidar, reprimir u hostigar tanto a estudiantes como a docentes, en el ámbito de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Se contabilizaron más de 10 episodios entre abril y mayo.
El 20 del mes pasado, en la secundaria Mariano Acosta, cuatro policías de la Ciudad irrumpieron armados en el colegio mientras los alumnos realizaban una clase pública. Un día después, en la escuela técnica N° 27 de Monte Castro, un policía, también armado, ingresó durante una asamblea estudiantil. La primera semana de mayo, un docente de la Escuela Secundaria 12 del partido de San Martín fue detenido cuando intentó frenar una requisa a estudiantes en la puerta del colegio.
El 16 de mayo, uniformados armados entraron al Colegio Nº 3 Mariano Moreno, en Rivadavia 3577, para disolver una sentada de los alumnos convocada por el centro de estudiantes. Y el 17, esta vez en Banfield, seis policías bonaerenses que entraron a la escuela Normal Antonio Mentruyt (ENAM) de esa localidad intentaron llevarse detenidos a dos estudiantes menores.
El último episodio se registró el lunes pasado, en Callao y Córdoba, a metros de la escuela preuniversitaria Carlos Pellegrini (UBA), donde dos de sus estudiantes fueron interceptados por dos policías que les pidieron sus documentos y, ante la resistencia de uno de ellos, la respuesta fue una amenaza. “Si no querés que te sigan pasando estas cosas, mejor no andes con eso”, le dijo el policía al ver un pin del Partido Comunista.
La iniciativa presentada por los legisladores José Cruz Campagnoli y Paula Penacca, establece que las fuerzas de seguridad sólo podrán ingresar a una escuela “mediante orden judicial fundada o mediante una solicitud expresa de la autoridad escolar o siempre y cuando implique un grave riesgo para la vida o integridad física de los/as estudiantes, docentes y personal no docente”. Además, estipula que se deberá notificar a la máxima autoridad presente en la institución escolar, quien autorizará el ingreso y acompañará a la policía en todo momento. “En ningún caso el personal de las fuerzas de seguridad puede portar armas y municiones de poder letal dentro de los establecimiento” y tampoco podrá requerir “ninguna información sobre actividades escolares, de los centros de estudiantes o relacionadas con medidas de fuerza o toda otra actividad que se lleve adelante en la institución educativa”.
Penacca dijo a PáginaI12 que “nunca antes hubo necesidad de regular el ingreso de la policía a los establecimientos educativos porque nunca existió una comportamiento de esta naturaleza en la ciudad. Creemos que hay una intencionalidad de amedrentamiento, sobre todo porque cuando se avanza sobre los estudiantes es porque hay participación política, cuando están organizándose. En un país donde todavía se recuerda uno de los hechos más repudiados de la represión bajo la dictadura como fue el de los jóvenes que reclamaban por el boleto estudiantil (recordado como la noche de los lápices)”, sostuvo la legisladora.
Por su parte, Campagnoli explicó a este diario que “estamos viviendo un clima envolvente que esta vinculado a las políticas de ajuste del gobierno que tiene en la policía a un actor sobre sectores más contestatarios o rebeldes como son los estudiantes. El proyecto cuenta con apoyos y adhesiones de un amplio espectro de instituciones y organizaciones para sumar fuerzas a la hora del debate. Esto tiene que ser un antídoto frente al avance policial”, remarcó.
Entre el listado de adhesiones están las de Eduardo López (secretario general de UTE-Ctera), Graciela Morgade (decana FFyL), Daniel Catalano (secretario general ATE-Capital), Raquel Papalardo (rectora del Mariano Acosta), María Cecilia Rodríguez (ex ministra de Seguridad de la Nación), Nora Schulman (Casacidn), Claudia Cesaroni (Cepoc), María Elena Naddeo (APDH), Silvia Guemureman (Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del IGG UBA), María Verenstein (Equipo de Niñez y Género - Defensoría del Pueblo CABA), Red de madres y padres contra la violencia institucional hacia la escuela, entre otros.
