“Tras varios días de tensión, la Argentina esquivó otra vez el fantasma inquietante del default con los organismos internacionales y pagó sobre el filo del vencimiento 3.072 millones de dólares que le debía al FMI. La noticia causó profundo alivio no solo en Buenos Aires, sino también en Washington. Se produjo luego de una serie de negociaciones contra reloj, que concluyeron al mediodía de ayer tras un diálogo telefónico entre el presidente Néstor Kirchner y la titular interina del Fondo Monetario, Anne Krueger”, publicó el diario Clarín el 10 de marzo de 2004, cuando el gobierno del Frente para la Victoria daba batalla para acomodar la deuda que habían dejado el menemismo y la Alianza. 

Cualquier semejanza con la actualidad no es pura coincidencia. La herencia de Domingo Cavallo, quien en los '90 y los 2000 gestó una deuda impagable, con Ricardo López Murphy, Carlos Melconian y Miguel Angel Broda haciendo de hinchada, tampoco fue fácil de arreglar. Alberto Fernández, casi veinte años más tarde, aprovechó aquella experiencia para buscar una solución a la deuda que dejó Mauricio Macri.

"Cuando Krueger discó el número de teléfono de Kirchner, a las 12.50, había gran expectativa en el Gobierno. En el despacho del Presidente estaban, además de Roberto Lavagna, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. La conversación con Krueger duró 20 minutos. Fue en tono diplomático, ameno, pero también muy concreta. Y se acordó lo siguiente", continuaba la nota de Clarín. El primer punto, aunque parezca mentira, era que el gobierno nacional quería limitar la intervención de un comité de bancos en la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, para que actuara en carácter de asesor, mientras el FMI exigía que el comité negociara en nombre de Argentina. Finalmente, se impuso la posición de la Casa Rosada. El ejemplo sirve para dimensionar hasta qué punto el Fondo Monetario intentaba digitar las cosas en el país en aquel tiempo.

El acuerdo del gobierno de Kirchner con el FMI se había firmado en septiembre de 2003, en tanto el episodio que desembocó en la charla con Krueger sucedió en marzo de 2004, en la segunda revisión por los técnicos del organismo. El convenio fue un programa stand-by a tres años, que siguió a la reprogramación de la deuda que había pactado el gobierno de Eduardo Duhalde en 2002. El monto a refinanciar fue de 17.922 millones de dólares. Fijó como meta un superávit fiscal de 3 puntos del PIB para 2004, frente a los 4,5 puntos que reclamaba el Fondo en el inicio de la negociación.

En el acuerdo actual, que se anunció este viernes, la meta para el primer año del programa no es de superávit, sino de un déficit fiscal de 2,5 puntos del PIB. Además, el nuevo entendimiento es a diez años, con cuatro y medio de gracia para empezar a devolver el capital del préstamo. El monto involucrado es de 44.500 millones de dólares.

El sueño del default propio

Antes y ahora, para sectores del peronismo y del pensamiento heterodoxo, el solo reconocimiento de la deuda es un error imperdonable. Consideran que lo correcto hubiera sido repudiarla de entrada por ilegítima e ilegal. Aseguran, en el caso actual, que las consecuencias de una decisión semejante, de tanto impacto, con repercusión mundial, disruptiva en términos financieros y con efectos de largo alcance, no serían tan distintas a las penurias que habrá que atravesar por tener al FMI en casa durante tantos años. Evalúan que el cimbronazo de patear el tablero y no pagarle al Fondo no sería tan grave, sin aclarar por cuánto tiempo sostendrían esa situación. ¿Algunas semanas, unos meses, hasta las elecciones de 2023, por siempre? Ni tampoco aclaran si extenderían el incumplimiento de pagos a los acreedores privados, que también participaron de la fiesta de la deuda del macrismo. Pero, más allá de todo eso, el repudio al crédito que tomó Juntos por el Cambio con el FMI es reclamado como un acto de justicia frente a tanto despojo y saqueo. A Kirchner, en la misma línea, se le recriminaba no investigar la deuda tomada por la dictadura cívico-militar.

Las metas fiscales con revisiones trimestrales, a su vez, son juzgadas por los mismos sectores como una limitación al crecimiento, y la aceptación de un chantaje permanente, ya que para acceder a los desembolsos del nuevo crédito hay que someterse al torniquete fiscal.

Como la comprobación de esas ideas resulta imposible, en vistas de que Kirchner y Fernández finalmente tomaron el camino de la negociación y el acuerdo con el FMI y no el de la ruptura, queda en el terreno del debate especular si hubieran sido una opción viable, si existían las condiciones políticas y materiales para concretarlas o si hubieran sido un salto al vacío, como las desautorizó Martín Guzmán en la conferencia de prensa tras el anuncio del acuerdo. En lugar de ello, lo que se puede hacer es analizar lo que sí pasó.

El acuerdo de Néstor Kirchner con el FMI

El gobierno de Kirchner tardó cuatro meses en resolver la deuda con el FMI y dos años para reestructurar los bonos en default con acreedores privados. El éxito de esas operaciones y el crecimiento económico a tasas chinas, con políticas heterodoxas, de ampliación de derechos y redistribución del ingreso, sin tarifazos ni privatizaciones, en un contexto favorable de precios internacionales de los productos de exportación, permitieron al gobierno cancelar toda la deuda con el organismo el 3 de enero de 2006. Y lo hizo al mismo tiempo que el Brasil de Lula, en un escenario regional favorable. Salieron de las reservas del Banco Central 9800 millones de dólares y de ese modo se terminó la influencia del Fondo Monetario hasta 2018, cuando Juntos por el Cambio lo volvió a traer al país.

El lapso de dos años y tres meses que efectivamente estuvo vigente el acuerdo con el Fondo, hasta el pago de enero de 2006, no resultó de penurias económicas, sino todo lo contrario. La clave fue negociar desde el interés nacional. Un ejemplo más cercano en el tiempo lo ofrece Portugal. Entre 2010 y 2015, los gobiernos neoliberales en ese país aplicaron a rajatabla las recetas ortodoxas del FMI, con recortes de gastos, baja de salarios y jubilaciones y reformas estructurales, llevando a la economía a una crisis cada vez más severa. Desde 2015, cuando asumió el gobierno socialista de Antonio Costa, la política económica cambió de manera radical, restableciendo derechos, salarios, gastos y empleos, dando lugar a un período de recuperación para las mayorías populares. Y lo hizo también dentro del marco de un programa con el Fondo, por la deuda que tuvo que seguir pagando.

El gobierno del Frente de Todos necesitó nueve meses para reestructurar la deuda con acreedores privados y dos años y un mes para reprogramar la deuda con el FMI. La secuencia fue a la inversa de lo que hizo Kirchner porque en este caso los vencimientos más importantes eran primero con los bonistas, en tanto que en 2003 la Argentina ya estaba en default con esos acreedores. Pero los tiempos de la negociación fueron similares. Para algunos podrán ser demasiado extensos, pero en aquella oportunidad los buenos términos alcanzados fueron la plataforma para la posterior década ganada.

El Frente de Todos soporta tensiones internas entre las distintas visiones que confluyen en el espacio, tanto de dirigentes como de simpatizantes, y le tocó negociar en un escenario totalmente distinto al de hace casi dos décadas, por el estallido de la pandemia. El hecho de haber logrado acercar la nave a la orilla en circunstancias internas y externas tan complicadas, con una oposición salvaje, medios de comunicación y resortes fundamentales del Poder Judicial en contra, es otra diferencia con lo que ocurrió en 2003. Pero tal vez la diferencia fundamental es que en aquel caso Kirchner era el conductor político del Frente para la Victoria, con una aceptación popular rotunda, mientras que Alberto Fernández es el catalizador de una coalición desordenada.