La Justicia le dio una esperanza al recuperado hotel Bauen y a sus trabajadores. La fiscal general Gabriela Boquin admitió el recurso de apelación que presentaron los abogados de la cooperativa y dictaminó que la Cámara en lo Comercial debería revocar la orden de desalojo dictada por la jueza de primera instancia Paula Uhalde. Lo hizo al considerar que el Poder Legislativo aún está dentro del plazo previsto en la Constitución para insistir con la ley de expropiación que vetó el presidente Mauricio Macri y, por lo tanto, la resolución de la magistrada de sacar a los trabajadores del edificio de Corrientes y Callao fue prematura. “No perseguimos la expropiación y el respeto a lo votado por el Congreso Nacional de manera caprichosa, sino por estar convencidos de la justicia de nuestro reclamo”, dijo a PáginaI12 Federico Tonarelli, presidente de la cooperativa Bauen. “El dictamen favorable por parte de la fiscal nos confirma lo atinado y preciso de nuestra presentación”, agregó.

Tonarelli se refirió así a la apelación ante la Cámara en lo Comercial que hicieron hace algunas semanas, uno de los tres frentes judiciales en los que pelean para evitar el desalojo, que a esta altura sería ejecutado con la fuerza pública. En aquella oportunidad, el abogado Ataliva Dinani había explicado que “la Constitución Nacional en su artículo 83 prevé la posibilidad de que los dos tercios de los diputados y senadores ratifiquen la ley vetada por Macri, pero la jueza Uhalde no esperó y dictó la orden de desalojo el 1º de marzo, cuando recién comenzaba el período de sesiones en el Congreso”. Este letrado, que pertenece a la Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta) sostuvo que “la decisión de la jueza es prematura porque omite el mecanismo constitucional de ratificación de las leyes que veta el Poder Ejecutivo, y mientras la ley tenga estado parlamentario es posible volver a consensuar con los dos tercios de los legisladores. Al no respetar esto la jueza deja de ejercer un control entre poderes para cometer una ingerencia en otro poder”, completó Dinani.

Tras desplegar numerosas acciones de resistencia, tales como spots en Internet, festivales y cenas solidarias, los trabajadores del Bauen recibieron ayer con satisfacción esta señal de la fiscalía de Boquin, la misma representante del Ministerio Público que se pronunció en contra de la condonación de hecho de la deuda que el Grupo Macri tiene con el Estado por su gestión del Correo Argentino. 

La jueza Uhalde había dispuesto proseguir con los trámites de restitución del inmueble al titular de su dominio, Mercoteles S.A., porque entendió que así lo permitía el veto de Macri a la ley 27.344. Esa norma declaraba de utilidad pública y sujeto a expropiación al hotel, y a los muebles y bienes inmateriales que tuvieran relación con la explotación turística que allí se desarrolla. Según la magistrada, habían “fracasado los intentos de lograr una solución consensuada”. Al apelar, los trabajadores argumentaron que el proceso para ratificar o no la ley vetada “se encuentra en desarrollo sin que se haya cerrado o agotado instancia alguna”, y que, además, la ley había sido aprobada en ambas Cámaras por amplia mayoría de diputados y senadores, que siguen integrando el Parlamento.

En su dictamen, la fiscal Boquin recordó que la ley que expropió el Bauen lo hizo con la finalidad de que la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires una empresa nacional limitada pueda desarrollar su “objeto social, dar continuidad a las actividades culturales, educativas y sociales que allí se producen, y mantener su actividad productiva como fuente creadora de trabajo”. Asimismo, destacó que esta forma de explotación del hotel contempla que una parte de sus instalaciones sea destinada a prácticas educativas laborales y la celebración de convenios con universidades públicas que tengan por objeto realizar ejercicios relacionados con las carreras de turismo, gastronomía, hotelería, cooperativismo y socioculturales, con el fin de facilitar la posterior inserción laboral de los interesados. Y disponía además que se destinaría en forma permanente al menos el 30 por ciento de las plazas disponibles para dar cobertura a pasajeros del turismo social y a las derivaciones médicas de todo el país.

Boquin resolvió dar curso a la apelación de los trabajadores al acordar con el planteo de que “el trámite legislativo no ha culminado, por el contrario se encuentran pendientes actuaciones ante el Poder Legislativo de acuerdo al procedimiento fijado por la Constitución Nacional”, por lo cual “evidentes razones de prudencia indican que la restitución debe suspenderse hasta que el Poder Legislativo se expida, para evitar crear situaciones conflictivas que pudieran afectar la paz social”. Ahora, los camaristas del fuero comercial tienen la palabra final. Mientras tanto, el equipo de apoyo legal a la autogestión del Bauen apura las gestiones para volver a contar con la voluntad parlamentaria que ratifique la norma vetada por el Presidente.