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Esta columna prolonga otras escritas sobre el tema, en particular la publicada este sábado. El contrato de lectura para hoy es restringir repeticiones, alusiones “ad hominem”, discutir argumentos y en sustancia “mirar para adelante”. Para abreviar, entonces, damos por expresados los cuestionamientos al espantoso legado del expresidente Mauricio Macri y su equipazo, a las condiciones extorsivas e ilegales en las que se contrajo la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a la conducta irresponsable y destructiva de la oposición política y de los medios hegemónicos a partir de diciembre de 2019. Son esenciales. Página/12 y este cronista cuentan con un archivo que los respalda. Nos remitimos a decenas de notas escritas desde 2016, no desde la semana pasada. También obviaremos mencionar que las valoraciones de la nota son opiniones del cronista, no verdades religiosas; proponemos leer bajo ese prisma. Pasemos al presente y al futuro, pues.
El Gobierno eligió sellar el Acuerdo con el Fondo, sobre el que faltan aspectos a cerrar y redacción definitiva. Privilegió ese mal menor al default. Ambas alternativas reflejan la debilidad de la Argentina.
Desde el vamos el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán señalaron ese rumbo. Cumplieron, entonces, su contrato inicial. Atendiendo a la virulencia con que se debate en nuestro país, incluso en la interna del Frente de Todos (FdT), opinamos que este Gobierno actúa con patriotismo, con enorme capacidad de trabajo. Que según su verdad relativa, escogió lo mejor dentro de lo escaso disponible.
Su gestión, empero, estuvo por debajo de sus intenciones y objetivos. La etapa fue difícil, signada por la trágica pandemia. El Acuerdo coloca una bisagra, un escueto resquicio de oportunidad. El Gobierno necesita cambiar, estar a la altura, mejorar. No para “honrar la deuda externa” exclusiva o principalmente, sino para mejorarle la vida a los argentinos. La reputación de “mal pagador” no se borrará, la deuda es y será impagable. Pero están en juego los derechos de los trabajadores, la gobernabilidad, el sostenimiento del sistema democrático y como corolario de ese camino, las chances del oficialismo de revalidarse en 2023. Nada garantiza continuidad democrática con los actuales indicadores económicos y sociales. Mucho menos que el FdT sea competitivo en el cuarto oscuro el año próximo, ceteris paribus.
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Default y judicializaciones virtuales: Los negociadores pensaron que el default llevaba a una catástrofe inminente. Las corridas financieras, la caja exhausta del Banco Central, el cierre de créditos internacionales para particulares y para el Estado eran el precipicio. Podía haber cierres con el FMI más odiosos que el default; no es el caso del obtenido.
Las mayores críticas surgen “a la izquierda” del Gobierno, de su propia coalición o de fuerzas opositoras de esa ideología. La mayor es que las condicionalidades, las metas anuales a cumplir, las revisiones trimestrales precedidas por visitas de enviados del Fondo resignan soberanía de forma intolerable, imponen de facto un “cogobierno” que le marcará el paso a AF, le impondrá políticas de ajuste antipopular. Que, más pronto que tarde, el Fondo impondrá un programa de derecha, similar al de Juntos por el Cambio (JpC). O a caer en default, quieras que no. Ese horizonte es factible pero no inexorable. ¿Habrá alguien que repita el rol del célebre enviado Anoop Singh, un burócrata de segunda línea que disciplinó a autoridades argentinas? Dependerá de las contingencias, de la tesitura del Fondo. Y, en el borde, de la respuesta del Gobierno argentino, de su voluntad de diferenciarse de otros para afrontar imposiciones intolerables en medio de situaciones límite. Habrá que ver.
En la Rosada y en Economía piensan que la existencia de metas cuantitativas es un logro de la negociación. “Con solo metas cuanti e indicativas existen más perspectivas de cumplir”. “Ningún funcionario vendrá a decirte que vas por mal camino si los números dan bien, y van a dar”. Las revisiones incordian, asumen, pero son el precio de la correlación de fuerzas preexistente: “esta tragedia de la deuda se viene cociendo en cámara lenta desde 2018”. Tal vez faltó, analizan funcionarios avezados, una valla social, movilizada durante ese plazo de cocción, cuando el macrismo entraba velozmente en el ocaso.
Los reproches a los riesgos de las visitas “virreinales” tienen asidero y antecedentes históricos. En cambio, varias miradas embellecen demasiado al default, que no es un paseo ni una puerta a la libertad del Gobierno. Un horizonte desconocido y plagado de riesgos.
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Las judicializaciones y la política: Las hipótesis sobre judicializar el conflicto de modo victorioso, otro tema muy tuiteado, carecen de precedentes conocidos. Las ilegalidades del Pacto con Macri jamás hubieran derivado en la anulación de sus efectos. No en Tribunales nacionales, poco propicios para esos reclamos y además incompetentes para imponer conductas a un organismo internacional. En las Cortes internacionales no hay precedentes de anulación de Acuerdos de esta magnitud ni de tamaño coraje frente a los dueños del mundo.
La Argentina no disponía de recursos extra políticos para repudiar exitosamente la deuda. Jamás lo concretó en el pasado, por cierto.
En paralelo, peca de simplismo el contraargumento oficial: “el verdadero kirchnerismo es el que paga para desembarazarse. Néstor Kirchner lo hizo”. Así fue, en un contexto distinto. Muy distinto. La estrella política de Kirchner iba en ascenso, enfilaba a duplicar los votos conseguidos en 2003, la economía iba viento en popa, mediaba consenso popular por satisfacción de necesidades. Para trazar simetrías, Alberto debería haber arrasado en la votación de medio término y el Banco Central contar con reservas que multiplicaran varias veces la cifra pagada. Kirchner compró gobernabilidad y márgenes de libertad porque tenía poder y guita en magnitudes fabulosas. Los había acumulado a pulso, “abriendo frentes”, pugnando. Construyó sobre esa base doce años de continuidad y crecimiento, acumuló consenso para hilvanar tres elecciones presidenciales seguidas (el récord nacional).
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Las condicionalidades suprimidas y las otras: Los negociadores argentinos vivieron con alivio el cierre tras dormir pocas noches y atravesar picos de estrés. Los mensajes de Guzmán y del presidente trasuntaron una dosis de optimismo que cuesta compartir del todo. El mayor logro respecto de otras tratativas, sin duda, es que no se concertaron políticas concretas de ajuste, clásicas. Achicamiento del gasto social, despidos de empleados públicos, reformas laborales o jubilatoria, privatizaciones. La contrapartida son las metas cuantitativas, entre exigentes y catonianas. La duda futura es si se pueden cumplir sin echar mano a alguna de esas medidas antipopulares y recesivas a la vez. Las visitas siempre fueron un calvario porque la contabilidad estatal argentina no es un dechado de virtudes y porque los criterios interpretativos de los funcionarios internacionales suelen ser ortodoxos hasta el caracú.
El gasto social, batamos el parche: Guzmán hablo de “expansión moderada”, modismo que suena a oxímoron. La deuda social del Gobierno es alta, la redistribución del ingreso no llegó, los salarios no alcanzan para llegar a fin de mes. Es valioso, a fuer de inédito, que el FMI admita acuerdos de precios. Lo afea el flojo resultado de esa gama de medidas para combatir la inflación, domesticar a los formadores de precios, humanizar los precios de los artículos de primera necesidad. Media allí una deuda con la gente común, que un nuevo programa debe reparar.
La narrativa oficialista se entusiasma con el crecimiento 2021 pero yerra cuando imagina que su continuidad permeará hacia sectores de menos recursos.
Un estudio del CIAS titulado “Mapa de las políticas sociales en la Argentina”, firmado por Andrés Schipani, Rodrigo Zarazaga y Lara Forlino, estudia la asignación del gasto social. Concluye, “contra intuitivamente” que el nivel de gasto es elevado, comparado con otras comarcas. Su asignación es controvertible. Entre otras variables, concluye que “la inversión en pensiones no contributivas es mayor que todo el resto del gasto social en su conjunto. Esto implica que el gasto destinado a adultos mayores pobres supera ampliamente el gasto dirigido a niños/as pobres: en 2019, por cada peso que el Estado gastaba en asignaciones familiares para niños pobres, gastaba cinco pesos en pensiones para adultos mayores pobres”. La solución, con palabras propias, no es achicar la inversión en jubilaciones, una variante epocal de la guerra del cerdo, sino ampliar el abanico de acciones enfiladas hacia chicos, chicas y jóvenes. Más y mejor gasto, no menos. Un intríngulis para el porvenir inmediato, irrenunciable, ¿compatible con las cuentas por cerrar?
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Pandemia y economía, las tragedias: La pandemia signó el mandato de Alberto Fernández, lo condenó a la opción por el mal menor en las principales decisiones, signadas por la incertidumbre y el desconocimiento del porvenir. Optar entre la salud y la economía, al inicio.
El manejo de la peste fue la mejor política pública del gobierno, con la vacunación como pilar. No garantizó rotundo apoyo electoral quizá porque la ciudadanía entendió que es un deber estatal. O porque las penurias económicas contrapesaron. O porque, como en tantas otras latitudes, el oficialismo de turno en pandemia fue castigado en las urnas. El sufrimiento social se traslada al cuarto oscuro, las restricciones afligen, enojan, indignan. Los oficialismos, de surtidos colores, pagan el pato. Un conjunto de derechas salvajes repartidas en todo el globo se dedican a agravar los males.
El rumbo fue acertado, el timing discutible. Por ejemplo, en la duración del ASPO y del DISPO. O en el debate sobre la presencialidad en las escuelas, mal enfocado y mal relatado.
Salvando siderales distancias, también faltó tiempismo en decisiones económicas clave. Se creyó que la reactivación acontecería a fines de 2020 o principios de 2021, arribó después. Con ese diagnóstico se discontinuó prematuramente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y se distendió el ritmo de las tratativas con el FMI. La taba se dio vuelta en contra, Georgieva perdió poder, el veredicto electoral debilitó al Gobierno que fantaseaba otro resultado.
La reactivación actual y la interina pax con el FMI tienen algo de oportunidad, “finita” en cualquier acepción de la palabra.
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De acá para adelante: El Gobierno supone que las metas son compatibles con su proyecto. Los desembolsos de “otros” organismos internacionales (inimaginables con default) permitirían incentivar la construcción y la obra pública. Protagonistas de primer nivel se entusiasman con la perspectiva de un programa de crecimiento, desarrollo y distribución. Se abre una etapa tremenda y difícil, la oportunidad que le queda al Gobierno. Para ponerle una bisagra a la historia precisa atender a las necesidades populares, que son demandas y derechos. Sin apoyo popular nada es sostenible. Y, de nuevo, revisar el elenco. Para un desafío de este calibre hay funcionarios que no funcionarían, un relanzamiento impone revisar el equipo, darle volumen, sumar compañeres de primer nivel y peso específico.
Post data; entre lo mucho que se ha escrito a favor del oficialismo pero con sentido crítico constructivo merece recomendarse un hilo de tuits del gobernador chaqueño Jorge Capitanich. Se recomienda, con énfasis.
