Cuando están por cumplirse cuatro años del femicidio de la docente Vanesa Castillo, el proyecto de ley que llevará su nombre está más cerca de su presentación formal. "Queremos presentarlo lo antes posible, en el marco de los consensos y aportes", dijo la diputada de Igualdad, Agustina Donnet. La iniciativa, que se viene trabajando en una comisión redactora integrada con otras legisladoras, pretende garantizar la protección de víctimas y personal del Estado que denuncie vulneraciones, acoso y abuso de niñas, niños y adolescentes. Ayer, a tres años de la primera asamblea pública donde se propuso llevar adelante la iniciativa legislativa, Silvia Castillo, hermana de Vanesa, insistió con la importancia de contar con la normativa, y aseguró que viene a "subsanar la falta de protección" y "prevenir hechos de violencia", como el que terminó con la vida de la docente que tenía 33 años.

Poco tiempo antes de ser apuñalada a la salida de la escuela 533 de Alto Verde, en Santa Fe, el 15 de febrero de 2018, Vanesa había acompañado a una alumna embarazada -de otro curso- en una denuncia de abuso infantil. Por eso su familia impulsa la ley. "Un poco esto surge de la búsqueda de respuestas después del crimen de Vanesa. En estas pérdidas se busca saber por qué, por qué a ella. Hay una falta de previsión y cuidado que el Estado debe brindarle a sus agentes públicos. Esa falta de previsión terminó con la vida de Vanesa. Porque tenemos una ley, un protocolo que obliga a los agentes del Estado a denunciar delitos contra niños, niñas y adolescentes, los pone en ese rol de cómo detectar vulneraciones de derechos, y la ley Vanesa viene a buscar la previsión de la violencia contra los agentes del Estado que hacen este tipo de denuncia", señaló Silvia Castillo.

"La idea del proyecto es subsanar esa falta de protección, prevenir hechos de violencia que van desde las amenazas a los crímenes por venganza; y se fueron sumando cuestiones que tienen que ver con la ley de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes", dijo sobre la idea que también busca no revictimizar. Además, apuntó a situaciones de testigos que también requieren protección.

Para Castillo, "el Estado sigue indiferente en estos temas y duele, no solamente por el crimen de Vanesa". E insistió: "Hasta que no haya una ley, no habrá una respuesta a estas cuestiones".

Donnet consideró que "tiene que haber una actuación de las diferentes esferas de las áreas intervinientes. Le ley tiene que comprometer a todos los actores estatales", dijo. Al mismo tiempo, planteó que se buscó "construir un proceso participativo lo más amplio e inclusivo para hacer una buena ley. Realizamos diferentes audiencias con ejes temáticos. Primero, con el sector de trabajadores y trabajadoras, y se convocó a los principales referentes de sindicatos, colegios de profesionales; en otra instancia se convocó a representantes estatales, fiscales, jueces; y luego a las organizaciones que vienen dando impulso a la ley y colaboran en el proceso de construcción".

En ese sentido, la legisladora mencionó algunas de las bases de la iniciativa: "Es un proyecto que crearía un observatorio único, porque la idea es contar con información para poder construir política pública; la disposición de un protocolo; y un programa de protección y ayuda a denunciantes, testigos y acompañantes".

Y señaló que "se hicieron aportes, devoluciones y ahora corresponde una etapa de evaluación de esos aportes para terminar de cerrar el texto final. Me parece enriquecedor para la construcción de un proyecto que tendrá que hacer también un recorrido parlamentario". 

Por su parte, la entonces la exdiputada de Igualdad Silvia Augsburger manifestó que la iniciativa por la ley apunta a un "protocolo preciso para llevar adelante en los organismos del Estado cuando un o una agente toman conocimiento de un abuso sexual infantil". Sobre lo que se estuvo trabajando desde la comisión redactora, indicó que se trata de un texto "construido en forma participativa tomando las propuestas y visiones de un gran número de organizaciones y personas comprometidas con la temática. Es indispensable su debate y aprobación".

En ese sentido, planteó: "Leemos y escuchamos con estupor el altísimo impacto que sigue teniendo el abuso sexual infantil en los entornos familiares de las víctimas. Las maestras han sido en muchos casos escuchas amigables para una niña abusada que puede contar lo que le está pasando. Por eso la ley Vanesa no puede esperar. Con la ESI es indispensable promover los espacios de escucha y con la ley Vanesa garantizar a las y los docentes un camino seguro para denunciar el delito, y proteger su integridad personal y la de la víctima".

Causa. En relación a la investigación judicial, Juan Ramón Cano fue condenado a la pena de prisión perpetua como autor material de las puñaladas contra Vanesa, y la familia insiste con que el Ministerio Público de la Acusación investigue más allá, en relación a la autoría intelectual. "Cano declaró que a él lo mandaron a 'sicariar' a la maestra por lo que le iban a pagar 50 mil pesos", recordó Castillo.