Cristina Caamaño entró por primera vez a la Agencia Federal de Inteligencia el 23 de diciembre de 2019, después de que Alberto Fernández la designara como interventora con una tarea nada sencilla: sanear los sótanos de la democracia. Allí se entrevistó con Gustavo Arribas y Silvia Majdalani que le dejaron una carpeta con datos básicos del organismo y salieron. Desde entonces Caamaño presentó diez denuncias sobre los desmanejos y las ilegalidades ocurridas durante la gestión de Mauricio Macri. Una de esas denuncias terminó con el expresidente procesado por espiar a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. El 27 de diciembre pasado, la interventora volvió a patear el tablero al denunciar la aparición de un video que mostraba a funcionarios de María Eugenia Vidal y a tres altos cargos de la AFI armando causas contra sindicalistas. “La mesa judicial de la provincia es una réplica de la nacional. Todos sabían lo que estaban haciendo y utilizaron el espionaje”, insiste la exfiscal.

La oficina de Caamaño está ubicada en un vértice del quinto piso del edificio de 25 de mayo, a pocos metros de la Casa Rosada. Por esa ubicación históricamente a quien ocupó la jefatura de los servicios se lo llamó el “Señor Cinco”. Para llegar, se deben dejar los teléfonos en un locker y atravesar unas cuantas puertas que se abren con una clave o identificación digital del personal del organismo. Caamaño llega a la entrevista con Página/12 con unas carpetas –de tapa transparente– a las que piensa recurrir como ayudamemoria, pero las deja a un lado.

–¿Qué pudieron reconstruir sobre cómo se instalaron las cámaras en el Banco Provincia?

–Vinieron a buscar a un técnico especialista en colocar cámaras el 14 de junio de 2017. Salieron de la sede 25 de Mayo con la escalera metálica, caminaron dos cuadras y los esperaba una chica que describen como vestida de azafata. Ahí los hicieron subir, les dieron una hora y veinte minutos para colocar las cámaras. El exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra (que aparece en el video) los llevó. Al otro día se hizo la reunión y, al día siguiente, volvieron a retirar todo el material. En esa oportunidad los acompañó (el exjefe de gabinete de la AFI Darío) Biorci.

–¿Esto surge del sumario interno?

–Sí. Una de las personas que colocó las cámaras dijo que solo habían colocado en el Banco Provincia porque después la AFI empezó a trabajar con los policías de la Ciudad de Buenos Aires que estaban en comisión y que algunos eran de Tecnología. Como ellos eran "históricos" de la Agencia, no les tenían tanta confianza.

–En las causas aparecen los integrantes “históricos” de Operaciones Técnicas poniendo cámaras afuera del Instituto Patria o en la cárcel de Melchor Romero. ¿Están analizando qué tareas hicieron los policías de la Ciudad?

–No hay material sobre eso, salvo que haya algo en algún disco rígido. Nosotros lo que encontramos del Banco Provincia fue un back-up, no el original. Lo que declararon es que, como la grabación salió bien, Dalmau los felicitó y dijo: "Me gané el viaje a Chile". (N.de R: Dalmau deja la dirección operacional de Contrainteligencia en 2018 y viaja como agregado a Chile).

–¿Los operarios técnicos dijeron si antes colocaron cámaras en otro lugar?

–No instalaron antes. Dicen que fue la única vez. De las cámaras no hay facturas, no hay registros. Tampoco están las cámaras. No había nada inventariado en la Agencia. Recién a fin de año terminamos un inventario de toda la Agencia.

–¿Va a hacer o está haciendo una auditoría después de estos hallazgos?

–-De alguna manera estamos haciendo una auditoría. El problema es que, en ese momento, había 1405 personas en la Agencia y había un disco interno y uno externo por cada una de ellas. O sea que como mínimo hay 2810 discos. Es un proceso que lleva tiempo. Se va a terminar la intervención y van a quedar discos sin ver.

–Usted habla del final de la intervención pero su pliego fue enviado al Senado, ¿tiene intención de continuar?

–Va a ser lo que tenga que ser. En principio esta intervención vence el 6 de junio. Entonces serán dos años y medio. Es un buen tiempo para que se termine la intervención. Va a pasar lo que el Presidente decida.

–¿Qué balance hace de lo que ha sido la intervención y de lo que hallaron en estos dos años?

–El balance es lo acertado que estuvo el Presidente cuando decidió hacer una intervención de la AFI. Gracias a eso es lo que encontramos y las denuncias que hicimos. La intervención nos permitió advertir el tema de los gastos reservados o que no había papeles y que los gastos reservados servían para cualquier cosa. Lo segundo es que la primera reforma judicial que hizo el Presidente fue el decreto por el cual dejamos de ser auxiliares de la justicia.

–¿Y para qué se usó entonces la AFI durante el macrismo?

–Para hacer espionaje ilegal. Hay una continuidad entre la exSIDE y el macrismo. Nuestro país sufrió dos atentados y, en esa misma época, los que estaban a cargo de la SIDE en ese momento pusieron de candidato a (Ramón) "Palito" Ortega en Tucumán y ganó, acertaron mejor que cualquier encuestadora cómo le iba a ir a (Carlos) Menem en las elecciones, pero no advirtieron los dos atentados. Y, entre 2015 y 2019, volvieron a la misma dirección.

–¿Y detectó que se hayan hecho negocios durante la gestión anterior?

–Por ejemplo, el arreglo de este piso (el quinto, donde están las oficinas de la dirección general o la intervención) salió 800 mil dólares, como un lindo departamento en Avenida del Libertador. Después vendieron muchas bases, como la de Coronel Díaz, la de Billinghurst, un departamento en Avenida Figueroa Alcorta. Todos los negocios que pudieron hacer los hicieron. Nosotros hicimos tres denuncias por administración fraudulenta, pero ninguna de esas causas prosperó.

–¿Por qué piensa que las causas no avanzan?

–Porque Mauricio Macri desde que fue presidente de Boca empezó a tejer una red de contención y de amistad en los tribunales. Entonces lo pone a (Carlos) Stornelli en la comisión de Seguridad del club. También lo lleva a (Raúl) Pleé para allá y después se la pasaba invitando a comer asados a los jueces y fiscales de Comodoro Py, como Ariel Lijo o Gerardo Pollicita y muchos más. Así es que, cuando llegan las causas a Comodoro Py, no pasa nada porque son amigos.

–¿Entonces nunca se va a poder llegar a una investigación o una condena?

–Si los jueces y fiscales trabajasen como es debido, sí. Si en la Cámara no hubiera dos personas puestas a dedo por Macri, si los nuevos jueces que tienen que ser nombrados son jueces probos, las cosas pueden cambiar. Pero mientras Macri pueda seguir manejando lo que sucede en Comodoro Py, no va a pasar nada ni para él ni para sus amigos.

–¿Cree, desde su experiencia como exfiscal, que estas causas de espionaje durante el macrismo deberían tramitar unificadas?

–No, cada una tiene que tener su juez natural y desarrollarse en el lugar en el que ocurrieron los hechos. Eso incluye a la del Banco Provincia, que es como si fuera territorio bonaerense aunque haya pasado en Capital.

–¿Qué opina de la marcha del 1F?

–Justicia Legítima va a estar presente, yo no. Desde Justicia Legítima, creemos que es una expresión del pueblo para que la justicia trabaje de cara al pueblo y no de espaldas. La justicia se tiene que agilizar y democratizar. No puede ser una élite, no puede ser un lugar de privilegios.

Una oposición abroquelada

–En la provincia de Buenos Aires, la AFI triplicó la presencia de bases durante el macrismo. ¿Este esquema se replicó en otras provincias?

--No, pero ellos abrieron una delegación en La Pampa para ganar la provincia. Conjuntamente con la apertura de la base se denunció por abuso sexual al actual senador (Juan Carlos) Marino para que no sea gobernador y también a Espartaco Marín por narcotráfico. Así y todo el candidato del macrismo perdió.

–¿Y en las provincias en las que gobernaba Cambiemos?

–No hubo otras delegaciones nuevas. Las actividades de las delegaciones del interior eran perseguir a los que marchaban. En el sur, a la comunidad mapuche; en Misiones a los docentes; en Córdoba, a los que ellos llamaban anarquistas; en Jujuy a la gente de la Túpac y acá a las chicas de pañuelo verde.

–¿Piensa que a partir del escándalo del video puede haber un consenso para avanzar con la reforma de la ley de inteligencia?

--Ojalá que esto sirva para sentar las bases de una Agencia que haga inteligencia estratégica y no espionaje ilegal.

–¿Pero para eso no habría que esperar un posicionamiento crítico por parte de la oposición?

--Hasta ahora la oposición no se da por aludida. De hecho, María Eugenia Vidal dice que yo tengo que explicar por qué encontré el video dos años después. Lo encontré dos años después, pero lo podría haber encontrado el primer día. El tema es que estaba acá y que eso pasó. Nadie salió a decir que eso fue un montaje y ahora tampoco dan explicaciones válidas.

–¿Hay un aval tácito entonces a lo que se hacía?

–Totalmente. Tenemos que recordar que Macri asumió procesado por escuchas ilegales. Es una práctica que él llevó desde el empresariado a la política en la Ciudad y en la Nación. La mesa judicial de la provincia es una réplica de la nacional. Todos sabían lo que estaban haciendo y utilizaron el espionaje. Por eso, acá designó a su amigo, "el más acostumbrado a las trampas": necesitaban hacer eso y lo hicieron desde la AFI.

–¿Qué elementos hay para afirmar que Macri sabía todo lo que sucedía en la AFI?

–Se ve con los ingresos a la Casa de Gobierno. Cuando encontramos los mails de la mesa judicial, Arribas era un personaje muy importante en esa mesa judicial porque cuando él estaba de viaje, la reunión se suspendía. Fue un gobierno plagado de irregularidades desde todo punto de vista. No sé cuál fue la actividad legal que desplegaron.

–Hay quienes hacen un paralelismo con la dictadura por la utilización del aparato estatal para la persecución. ¿Comparte?

–Por supuesto. El lawfare siempre lo lleva adelante la derecha. Es como dijo la actual vicepresidenta: antes hacían golpes de Estado, ahora son golpes judiciales. En esa mesa del Banco Provincia está el lawfare en su máxima expresión: está el establishment, está la AFI, está el gobierno de derecha y está la justicia. Faltan los medios de comunicación que obviamente no podían estar. Pero, cuando se enteraron, omitieron la noticia.

–¿Qué debería contemplar la reforma?

–Nosotros hicimos un proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia. A mí me gustaría que, en algún momento, ese proyecto se presente en el Congreso y se debata. Nosotros allí incluso ponemos mayores controles para la tarea de la AFI. Mi idea es terminar la intervención y que queden las bases para una inteligencia estratégica, que realmente nos dediquemos a los recursos naturales, a las relaciones internacionales, a la ciberseguridad, a la ciberinteligencia, al crimen organizado.

–¿Qué falló, en su opinión, con las alertas rojas en Nicaragua que no permitieron advertir que estaba Mohsen Rezai, reclamado por el Estado argentino por su involucramiento en el atentado a la AMIA?

–El que maneja las alertas rojas es Interpol. Entonces Interpol debería avisarle a la Policía Federal y ésta a nosotres para que le avisemos a la Cancillería. La realidad es que no ocurrió nada de eso porque Interpol, a pesar de que tiene una oficina en Managua, no informó. El embajador tampoco se enteró porque había muchísima gente en la asunción. Nos enteramos tarde.

–¿O sea que ustedes no tienen intervención directa?

–No manejamos alertas rojas, sí manejamos las alertas dentro de nuestro país. Durante el año pasado tuvimos 72 alertas, ya sea por terrorismo o por financiamiento del terrorismo. Todas esas alertas tuvieron y algunas todavía tienen seguimiento.

¿El 1 de febrero va a denunciar que encontró registros de escuchas en la AFI?

–Esta semana iremos a Comodoro Py a decir que tenemos 105.000 registros de audios. Eso era un punto a punto que se creó entre la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAjuDeCO, la oficina de escuchas de la Corte) y la Agencia, por el cual la Agencia se enteraba prácticamente online de lo que se estaba hablando, más allá de que una o dos veces por semana pasaba a retirar los CDs con las grabaciones. Pero cuando ya recibía el CD ya había escuchado antes.

–¿Ustedes mantuvieron ese punto a punto?

–No, por supuesto que no.

–¿Por qué?

–Primero porque no somos más auxiliares de la justicia; después porque las escuchas salieron de la órbita de la Agencia en 2015. Una cosa es recibir el CD porque el juez le asigna funciones a la Agencia y otra es que le devuelvan las escuchas de una manera velada.