El allanamiento a las oficinas de Odebrecht por orden del juez Sebastián Casanello, al que se agregaron procedimientos en oficinas correspondientes a otras cinco empresas vinculadas con las obras de dos plantas potabilizadoras, llevó a que se suspendiera la reunión que la firma brasileña que reconoce coimas millonarias tenía prevista con la Oficina Anticorrupción (OA). Pero la realidad es que en el Gobierno ayer mismo empezaban a reconocer que es inviable un acuerdo con la compañía a cambio de información y de que devuelva dinero. Por un lado, el Poder Ejecutivo no tiene ninguna facultad para negociar con imputados en un expediente judicial, y de hacerlo sería una intromisión. Además, Odebrecht pretende inmunidad (e impunidad) para sus ejecutivos y empleados, algo que no es posible en la Argentina, donde el que está involucrado en un delito sólo puede conseguir una atenuación de la pena con la figura del arrepentido, pero no hay “delación premiada” como en Brasil.  

En tribunales hay tres investigaciones penales donde está implicada Odebrecht en el reparto de coimas para obtener licitaciones de obras públicas de alto costo: dos plantas potabilizadoras, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y los gasoductos Norte y Sur. En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce Sergio Rodríguez, lleva adelante una pesquisa para establecer si en la Argentina operó algo comparable al Lava Jato en Brasil, es decir, mecanismos espurios generalizados para obtener concesiones de las obras más importantes. Odebrecht reconoció ya en Estados Unidos que pagó coimas por 35 millones de dólares en Argentina.

La gran preocupación de la empresa ahora tiene dos ejes: en una semana se levantará el secreto en Brasil sobre 77 declaraciones de empleados suyos, una decena de los cuales hablaría de acuerdos con Argentina; sus ejecutivos tienen temor a perder los contratos en el país. Para el gobierno de Mauricio Macri este escenario trae inquietud porque ya uno de sus funcionarios, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, apareció implicado por un arrepentido brasileño en el cobro de dinero de Odebrecht, pero además porque al día de hoy sigue pagando por obras, entre otras a Iecsa, la empresa que hace poco dejó el primo presidencial, Angelo Calcaterra.

Casanello tiene a cargo una causa donde investiga las concesiones de una planta depuradora en Berazategui y una planta potabilizadora en el Paraná de las Palmas, en Tigre. La segunda es la que está a cargo de una unión de empresas que integra Odebrecht, junto con Benito Roggio e Hijos, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles. La sospecha es múltiple: direccionamiento de la concesión, sobornos y sobreprecios por unos 300 millones de pesos. La causa se inició con una denuncia anónima, que implicaba al ex presidente de AySA, Carlos Ben, en el manejo irregular de las licitaciones de licitaciones.

En función de medidas propuestas por el fiscal Federico Delgado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) salió a buscar documentación y computadoras en dependencias de todas las empresas en cuestión. Los agentes se llevaron de las oficinas documentación ligada a las licitaciones y bases de datos para analizar, entre otras cosas, emails y otras comunicaciones. La causa lleva algo más de un año en trámite; los hechos se situarían de 2006 en adelante. Delgado tiene a cargo otra denuncia donde es investigada Odebrecht por sobornos en las obras de los Gasoductos Norte y Sur. Es un expediente “hijo” de aquel conocido como “Skanska”, donde también se rastreaban retornos detrás de facturas truchas. Durante años se fueron pasando la causa entre varios jueces, y finalmente ahora la tiene el juez Daniel Rafecas.

El tercer expediente es el que rastrea sobornos relacionados con las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, quizá el contrato que más desvela a Odebrecht, ya que (junto con sus socios Iecsa, Comsa y Ghella) tiene pendientes pagos proyectados por 45.000 millones de pesos para lo cual el gobierno de Macri comprometió por decreto el año pasado fondos estatales, en reemplazo del financiamiento que prestaba el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. La causa está a cargo del fiscal Franco Piccardi y el juez Marcelo Martínez de Giorgi. 

En este caso ayer se conoció el resultado de una pericia hecha por la Policía Federal sobre las computadoras que utilizaba Mauricio Couri Ribeiro, principal directivo de Odebrecht en Argentina, y se detectó que habían sido borrados 260 archivos que, establecieron los técnicos, tenían palabras claves como “Sarmiento” y “Soterramiento” así como los nombres de dos empresa offshore que se habrían utilizado para pagar coimas. En este expediente, por los presuntos sobornos están imputados hasta el momento el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su mano derecha, Manuel Vázquez, y Ribeiro. Los datos centrales surgieron de la investigación de Lava Jato en Brasil, por un intercambio de e-mails entre Ribeiro y Vázquez. La Oficina Anticorrupción (OA) hasta ahora no se había interesado en el tema “Odebrecht” y los sobornos, pero lo hizo tras las declaraciones de Elisa Carrió, que dijo que el Gobierno y clase política en general protegen a Julio De Vido, y después el testimonio del cambista Leonardo Meirelles quien dijo que le transfirió 850 mil dólares a Arribas, y de que la propia empresa brasileña se presentó en las causas para decir que podría aportar información. Ocurrió algo inédito: el propio ministro de Justicia, Germán Garavano, se reunió con los abogados de la empresa para entablar una negociación, algo para lo cual sólo están facultados jueces y fiscales. Lo que se pareció más a un intento de control de la investigación que de colaboración empezó a perder fuerza rápidamente. Garavano justificó ayer: “nos acercaron una propuesta basada en la normativa brasilera, con lo cual no resulta aplicable”. La delación premiada en Brasil permite a los implicados obtener impunidad, no ser acusados. Los abogados de Odebrecht sugirieron que podrían llegar a compensar a Estado argentino con la misma cifra que repartieron en sobornos, pero pedían indemnidad absoluta. Tampoco prometían acusar a nadie –el oficialismo esperaba imputaciones contra el kirchnerismo–, sólo pondrían testimonios de arrepentidos y documentos a disposición. La reunión con la OA que se iba a hacer ayer fue suspendida, en  teoría por los allanamientos.