El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, definió las audiencias públicas que inauguró ayer en Argentina como “una vitrina para visibilizar temas importante para las sociedades” y como “un espacio importante de intercambio entre las autoridades gubernamentales y representantes de las sociedades que muchas veces no existe en los países”. Todos los comisionados de la CIDH participaron ayer de la primera jornada de audiencias, que se extenderán hasta el viernes y permitirán el planteo de “conflictos o problemáticas” relacionadas con el cumplimiento de los derechos humanos en Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú. Si bien por protocolo no se analizarán cuestiones relacionadas con Argentina, Eguiguren, que además de ser titular de la CIDH es comisionado para el país, recibió a referentes de colectivos sociales y entidades del Estado, para “recolectar información sobre la situación actual que será muy útil para el trabajo futuro”.

“Las audiencias son una vitrina para visibilizar temas de interés para las sociedades y a la vez espacios importantes de intercambio plural y democrático entre peticionarios –organizaciones no gubernamentales, agrupaciones sociales, referentes populares– y los Estados, a veces con posturas marcadamente diferentes”, destacó Eguiguren. 

Las audiencias del 162º período de sesiones ordinarias de la CIDH comenzaron ayer y continuarán hasta el viernes en el último piso del Hotel Sheraton de Retiro, con la revisión de situaciones que ponen en conflicto el ejercicio de derechos en Perú, Uruguay y Paraguay. Si bien Argentina no formó parte del temario de las audiencias, Eguiguren recibió durante la última semana a organizaciones de derechos humanos, agrupaciones sociales y colectivos y a sus reclamos y denuncias. “No hablaremos sobre Argentina estos días, pero lo contado por los actores sociales y las entidades de Gobierno nos sirvió para empaparnos de información que será muy útil para el trabajo futuro de la comisión”, aclaró su presidente.

En ese marco, ayer el organismo anunció la creación de tres nuevas relatorías dedicadas a los derechos de personas con discapacidad, de las personas mayores y al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, esta última a cargo del comisionado Paulo Vannuchi hasta fin de año. Fuentes del organismo internacional indicaron que la decisión de generar esta relatoría responde a la “necesidad de atender a procesos que son permanentes sobre problemáticas que atraviesan a la mayoría de los países, ya que casi todos los países atravesaron dictaduras militares o guerras, y que se relacionan directamente con el ejercicio de todos los derechos humanos”. Además, destacaron que en ese área de trabajo, Argentina “es modelo”. Comenzarán en los próximos meses con las entrevistas para estructurar la relatoría.

Funcionarios del gobierno de Michel Temer enfrentaron acusaciones de organizaciones sociales sobre las sanciones que recibieron jueces y juezas por “tener un perfil tendiente al respeto por los derechos humanos”, según denunciaron representantes de la Asociación de Jueces para la Democracia. El colectivo Artículo 19 advirtió que el poder político “ejerce un control ideológico sobre los jueces que significa la supresión de la independencia judicial”. También hubo denuncias sobre la “criminalización de la pobreza” que implica la política de drogas brasileña, planteadas por los colectivos Conectas Direitos Humanos y la Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas. Otro cuestionamiento al gobierno de Temer se dirigió al “ataque generalizado y violento” contra los pueblos originarios que implica, según referentes de esos pueblos remarcaron ante la CIDH, la violación de sus derechos humanos. El Estado brasileño negó todas las acusaciones. En el caso de las esgrimidas por las poblaciones indígenas, la negativa provino de funcionarios de segundas líneas, ya que el Ejecutivo no envió autoridades relativas al área. El comisionado para Brasil, James Cavallaro, recordó la “necesidad de establecer una coherencia” normativa entre las leyes locales y las exigencias regionales, y reclamó a las autoridades respuestas para solucionar en forma urgente la sobrepoblación en las cárceles. “Muchos de los presos no deberían estar detenidos”, insistió.

Funcionarios de Chile, en tanto, debieron escuchar y responder acusaciones de la sociedad civil de ese país sobre el estado de los derechos de la población trans, de los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de la niñez. El comisionado Vannuchi instó al gobierno de Michelle Bachelet a que tome “medidas para que el sector privado genere trabajo para personas trans”, mientras que su colega Margarette May Macaulay insistió en que “el cambio de identidad tiene que ser un trámite administrativo”. Además, las organizaciones de la sociedad chilena trajeron ante la CIDH reclamos relacionados con el derecho al aborto “en determinadas circunstancias”, aclararon, como cuando está afectada la salud de la madre. Fue el caso de Paula Valenzuela, quien ayer denunció ante el organismo de derechos humanos que el Estado le negó la posibilidad de interrumpir su embarazo de alto riesgo. “Supliqué ayuda dado que el feto se estaba destrozando en mi cuerpo, cuando más crecía más se mutilaba y no podía acceder al aborto terapéutico.” La escritora Isabel Allende aportó su testimonio a través de un video en el que contó que abortar en Chile “es fácil si se tienen los recursos” por lo que “son las niñas y mujeres pobres las que no acceden” y, en ese marco, remarcó que “penalizar el aborto afecta primordialmente a niñas y mujeres de bajos ingresos”. Por último, denunció que en Chile “la realidad es vergonzosa” en relación con la violencia machista: “Adolescentes y mujeres están más en riesgo de violación en su casa que en la calle”.