“Nuestra insistencia de cambiar este Poder Judicial es porque hasta ahora solo impartió injusticia”, sentenció Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora. Como ella, varios referentes de los organismos de derechos humanos de la mesa nacional fundamentaron su decisión de sumarse agrupaciones políticas, sociales y culturales en la marcha por la reforma judicial que se llevará a cabo el martes 1° de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, y en distintas ciudades del país. "El 1 de febrero todos a la marcha, porque es una marcha muy necesaria. No es en contra de, es para mejorar en algo a la Corte Suprema", había manifestado Hebe de Bonafini. La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo fue una de las primeras en lanzar la convocatoria, y se reunió con Pablo Moyano para impulsar la convocatoria. 

Para Almeida, “es necesario cambiar este Poder Judicial y esta Corte Suprema que solo ejerce justicia para los criminales de la dictadura, para los que destruyeron al país durante el macrismo, para sus amigos en el poder”. La Madre integrante de la Línea Fundadora señaló que “los jueces fueron uno de los sectores que más resistieron al reclamo por memoria y justicia para nuestros 30 mil, ellos están muy conformes con lo que hicieron y hacen, o mejor dicho con lo que no hicieron y no hacen”.

El viernes pasado, a través de un comunicado, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, H.I.J.O.S., las dos ramas de la APDH (Nacional y La Matanza), la Comisión Memoria-Verdad-Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos se expresaron en el sentido que resumió Almeida. Si bien no todos participarán activamente de las movilizaciones –la Covid-19 los obliga a mantener cuidados extremos a muches de elles–, habrá referentes de esas agrupaciones en las calles mañana.

“Pedimos la renuncia de esta Corte, y su ampliación, como un modo de democratizarla y de atender a las diferentes perspectivas que reclamamos”, apuntó Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, en referencia a las perspectivas de género y de derechos humanos que los organismos exigen incorporar no sólo en el cuerpo supremo, sino en todo el Poder Judicial desde su formación. 

Para Mabel Careaga, de Familiares y Amigos de los 12 de la Santa Cruz, la actual Corte, así integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, "es una de las peores Cortes que ha tenido nuestra Patria". “Es una Corte que viola los derechos humanos en forma permanente y cotidiana”, puntualizó. “La Corte está para impartir Justicia y eso es lo que exigimos. Una corte transformada, que deje de responder a las clases dominantes y empiece a responder al pueblo. Hoy es sinónimo de impunidad, es parte del armado que atenta contra los intereses del pueblo, no es justicia”, consideró Adriana Taboada, de Comisión Memoria, Verdad y Justicia - Zona Norte.

El rol del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado es uno de los ejes de las críticas de los organismos al que se le suma su reclamo por una reforma para “democratizar la Justicia”. En ese sentido, opinó Taboada: “Todos sabemos que el golpe del Estado del 76 y el genocidio tuvieron en el Poder Judicial una herramienta que consintió, permitió, sostuvo la desaparición, la tortura, el dolor”.

Otro punto que resaltan es la demora que experimenta el avance de las causas por delitos de lesa humanidad. Las críticas de los organismos de Derechos Humanos apuntan a la Corte Suprema y a la Cámara de Casación. No olvidan, además, que el máximo tribunal cuya renuncia reclaman es el que intentó beneficiar a represores con el 2X1, “que fue rechazado por la inmensa mayoría del pueblo argentino”, recordó Careaga.

Así, con ese comportamiento, “la posibilidad de justicia se pierde, los genocidas se mueren o ya no pueden llegar a juicio, como pasó con Blaquier”, sostuvo Taboada en relación a la imposibilidad por cuestiones de salud de salud que atraviesa Carlos Pedro Blaquier, el dueño de Ingenio Ledesma, de ser juzgado por secuestros, torturas y desapariciones en Jujuy. La causa que debía llevarlo a juicio demoró casi diez años en quedar a un paso de esa instancia, que hoy parece perdida. “El Poder Judicial tiene para nosotros las manos llenas de sangre”, concluyó.

El vínculo entre “lo más poderoso del Poder Judicial” y los crímenes de lesa humanidad no son sólo las cuestiones en las que los organismos de derechos humanos piensan a la hora de exigir su “democratización”. “Marchamos para gritar bien fuerte que se termine la manipulación del sistema de justicia que ejerce la Corte Suprema”, definió José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que centró sus críticas al máximo tribunal como “el puntal para las políticas de ajuste y represión y de entrega de nuestras riquezas de la banda de los Macri, las Vidal, las Bullrich y los Ceos de las empresas que nos gobernaron y nos saquearon entre 2015 y 2019”.

En esa línea Schulman marcó que la Corte “es la que amparó al juez (Claudio) Bonadío y las causas fraudulentas con falsos testigos y pruebas plantadas por los espías de la AFI, que terminó encerrando a más de 40 compañeros como presos políticos, que se fija el sueldo, que no paga impuestos, que se caga en la Ley Micaela”. 

La detención de Milagro Sala, que este mes cumplió 6 años de encierro en Jujuy, figura entre los ejemplos destacados de prisioneros políticos que los referentes de derechos humanos recordaron. “Necesitamos una profunda democratización de la justicia, única forma de garantizar la construcción de una sociedad más igualitaria”, concluyó Careaga, en consonancia con sus compañeres de lucha.