La secretaría de Energía presentó este lunes en la audiencia pública el informe técnico que servirá para definir qué porción del costo total del gas en boca de pozo será subsidiado por el Estado Nacional. En el documento se aclara que de acuerdo a lo previsto inicialmente en el Presupuesto 2022, proyecto rechazado por el Congreso, se necesitaría una partida presupuestaria adicional de 81.059 millones de pesos si se quiere sostener el actual esquema de subsidios al gas que cubre el 70,9 por ciento del costo total de la demanda prioritaria.

La convocatoria es la segunda luego de la realizada el 19 de enero por parte del Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas), en la que se dieron a conocer las propuestas de aumento de las transportadoras y las distribuidoras. Ambos encuentros virtuales serán tenidos en cuenta a la hora de fijar los nuevos valores tarifarios, para cuya determinación deben considerarse cuatro factores: el precio de gas en boca de pozo o Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), el del transporte, el de la distribución y, finalmente, la carga tributaria consistente en impuestos nacionales y provinciales y tasas y contribuciones municipales.

El informe de la Secretaría de Energía, presentado por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, detalla que el costo total del gas necesario para abastecer a la demanda durante este año está estimado en 305.179 millones de pesos. Si el Estado siguiera financiando el 70,9 por ciento de ese costo, debería desembolsar 216.365 millones de pesos y los 88.814 millones de pesos restantes los deberían aportar los usuarios del sistema.

El problema es que en el Presupuesto 2022 el Plan Gas Ar contaba con fondos equivalentes a 69.248 millones de pesos e IEASA (Ex Enarsa) con otros 66.059 millones de pesos destinados a la demanda prioritaria. Eso arroja un total de 135.300 millones. Por lo tanto, el informe remarca que haría falta una partida adicional de 81.059 millones.

A su vez, se aclaró que si el Estado Nacional cubriera solo el 44,4 por ciento de los subsidios no se requerirían partidas adicionales. Sin embargo, en ese caso la porción del gas en boca de pozo que paga el usuario treparía de 6,16 a 11,77 pesos por metro cúbico, lo que implicaría un aumento de ese componente del 91 por ciento. Esa decisión sería incompatible con la decisión de aumentar la tarifa final del usuario residencial solo un 20 por ciento. Por lo tanto, se supone que los subsidios aumentarán, al menos hasta que se ponga en marcha la segmentación tarifaria que analiza el gobierno para que los sectores más pudientes de la sociedad paguen una tarifa más alta.

“Siempre la tarifa que vamos a considerar va a ser la más adecuada para los usuarios del servicio”, señaló Videla en su intervención.

La audiencia pública se realizó de manera virtual y contó con la participación de legisladores, asociaciones de consumidores, empresas de la cadena de valor, y particulares interesados. Entre los reclamos de los participantes se destacó el pedido de información sobre cuál es el costo real de producción de gas, por el que las empresas cobran un promedio de 3,53 dólares por millón de BTU. Al respecto, el diputado mendocino José Luis Ramón llamó a "repensar el proceso de privatizaciones de hace 30 años", y la titular del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), Paula Soldi, caracterizó como "cuatro vivos" a las compañías del sector.

Por su parte, el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, sostuvo que no puede analizarse la tarifa del gas sin tener en cuenta el gasto de las familias en la totalidad de los servicios públicos.

En otro orden, el jefe del Departamento de Energía de la Unión Industrial Argentina (UIA), Alberto Calsiano, objetó el tratamiento diferente en los subsidios para ese sector y para los usuarios residenciales, que a su juicio implicó que, mientras el consumo de gas de la industria se mantuvo estable en los últimos años, el de los hogares aumentó más del 40 por ciento.