La actividad judicial se retomará este martes, terminada la feria de enero, con una nueva audiencia en el juicio por la obra pública de Santa Cruz. En mayo próximo el juicio cumplirá tres años, una extensión que no tiene la menor lógica y que amenaza con extenderse todavía otro año. En la audiencia de este martes van a declarar el exsecretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y el exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Ambos testimonios fueron pedidos por Carlos Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner. La semana que viene están convocados los otros exjefes de Gabinete de CFK, entre ellos el Presidente, Aníbal Fernández y Sergio Massa. Como Alberto Fernández estará de viaje, pidió postergación, en tanto que Massa propuso la fecha del 16 para ir a Comodoro Py ya que la semana que viene estará en Panamá. Alberto y Aníbal Fernández, Massa y Zannini podrían haber declarado por escrito, pero irán personalmente, lo que por supuesto le da otra fuerza a sus testimonios. 

En los tres años de audiencias a CFK casi no se la nombró, dado que no tuvo participación ni en las licitaciones ni la adjudicación ni el control de las obras. Todo se hizo en Santa Cruz y el presupuesto para cada uno de los tramos de las rutas fue aprobado por el Congreso Nacional. Aún así, para la fiscalía Cristina es la principal acusada.

El video de la Gestapo bonaerense pone sobre la mesa lo que fue el modus operandi del macrismo: todo se concentraba alrededor de la ofensiva judicial-mediática para acusar e incluso mandar a prisión a los opositores. Y eso explica el origen del expediente que puso en marcha este juicio. El gobierno de Cambiemos designó un interventor en Vialidad Nacional -el ultramacrista Javier Iguacel- el 15 de enero de 2016, y al día siguiente, el interventor ordenó una auditoría, no respecto de las obras de los 24 distritos del país, sino de uno solo: Santa Cruz. O sea que de entrada el objetivo fue hostigar y perseguir a la oposición a través de CFK. La auditoría concluyó que las obras estaban bien hechas, que no se pagó nada que no se hubiera construido, pero que empresas de Lázaro Báez ganaron 51 de las 81 licitaciones, aunque ninguno de esos concursos fue cuestionado por las empresas que perdieron. Pese a esa conclusión, Iguacel presentó una denuncia que incluyó obras que ya habían sido investigadas por la justicia y en las que se dictaron sobreseimientos.

El expediente fue instruido por Julián Ercolini, el magistrado que, junto a Claudio Bonadío, encabezó la ofensiva judicial. Los disparates llegaron al punto de que no se ordenó ninguna pericia como correspondía durante todo el proceso inicial y, recién en el juicio, los magistrados -Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- ordenaron los estudios. Lo asombroso es que los jueces concluyeron que no se podían peritar todas las obras, de manera que se eligieron sólo cinco. Pero tampoco eso pudo concluirse, por lo que hay una pericia de tres obras y se supone que se dictará un fallo sobre 51, con el agregado de que algunos de los 13 imputados en el juicio no tuvieron relación alguna con esas tres obras.

La convocatoria de Zannini, Abal Medina y todos los exjefes de Gabinete de CFK tiene que ver con la forma en la que se reasignaron partidas presupuestarias, algo que siempre llevó la firma de esos funcionarios. Todo indica que los exfuncionarios explicarán que las reasignaciones nunca se pueden hacer de forma caprichosa, a unas obras sí y a otras no, sino que se hacen en función de expedientes voluminosos, con muchas firmas, que se tramitan en los ministerios. Hay un dato adicional: las reasignaciones de partidas también terminan siendo aprobadas por el Congreso en lo que se llama Cuenta de Inversión y todos los movimientos tienen el control de la Auditoría General de la Nación. Eso ocurrió normalmente en cada uno de los años del mandato de CFK.