Los empleados municipales nucleados en ATE y UPCN declararon el estado de alerta y movilización permanente hasta que los intendentes de La Caldera y Vaqueros accedan a pagar el bono extraordinario tal y como lo cobraron los trabajadores de la administración pública provincial y nacional.

Tras el anuncio del gobernador de pagar $20.000 en dos tramos a toda la administración pública provincial, los jefes comunales de los 60 municipios salteños comenzaron a hacer cuentas en sus arcas flacas para responder a lo que sabían no tardaría en llegar, el pedido de equiparación de sus trabajadores. Y fue el mismo presidente del Foro de Intendentes, Daniel Moreno, quien pidió una reunión con Gustavo Sáenz y su equipo para pedirles un nuevo salvataje que les ayude a hacer frente al contexto en el que él mismo los había metido.

Pero lo que parecía un bote para salir del Titanic, se convirtió en salvavidas de plomo, porque los $10.000 por trabajador municipal (unos $115 millones a repartir proporcionalmente) que se comprometió a pagar el Ministerio de Economía no alcanzan para acallar los reclamos de miles de empleados que piden equiparación, y comprometen aún más a los jefes comunales.

Dos de los intendentes más comprometidos son el de La Caldera, Diego Sumbay, y el de Vaqueros, Daniel Moreno. El primero ofreció $13.000 a abonar en una sola vez, mientras que el segundo hizo un ofrecimiento de $16.000 en tres veces, la primera y segunda, que equivalen al desembolso de los $10.000 provinciales, a pagarse en enero, y una tercera de $6.000, a cobrar el 25 de febrero.

Ninguna de las dos propuestas fueron aceptadas por las bases, quienes tras realizar una asamblea el viernes pasado, anunciaron lo que ayer sucedió. Unas 200 personas cortaron toda la mañana y por lapsos de 15 minutos, el puente que une el departamento con la ciudad de Salta en señal de rechazo y como una manera de presionar a los ejecutivos municipales.

Alrededor del mediodía, y por el pedido de los legisladores del departamento, el senador Miguel Calabró, y el diputado Gustavo Pantaleón, se acordó un cuarto intermedio hasta que éstos intentaran interceder con los intendentes. Pero rato más tarde, y ante la negativa de Moreno y Zumbay, retomaron las medidas y marcharon hasta las puertas de la municipalidad de Vaqueros, donde cerraron la jornada prometiendo que mañana (por hoy), si no había novedades, volverían a cortar.

“Queremos pedirles disculpas a los vecinos de Vaqueros y La Caldera, porque nosotros no queremos entorpecer su vida, pero estamos reclamando lo que es justo, y si quieren dirigir su enojo, que lo hagan hacia el presidente del Foro de Intendentes y Sumbay, que son los responsables directos de que la gente esté hoy acá en el puente”, manifestó Gustavo Sarapura, delegado gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Según el sindicalista, un empleado municipal gana entre $30 mil y $40 mil pesos, por lo que consideró que el bono “corresponde aún más para los que tienen menor poder adquisitivo”. Sarapura aseguró que no cesarán las medidas hasta que no se firme un acta acuerdo por los $20.000 que pagará la provincia y algunos municipios como el de  Capital. “Hoy el corte fue de dos horas, mañana será de tres y pasado, de cuatro si no hay arreglo”, culminó.

En diálogo con Salta/12, el intendente de La Caldera, Diego Sumbay, deslindó responsabilidades en el Ejecutivo provincial y su decisión de anunciar un bono “cuando los municipios no tenemos la misma espalda, y si bien nos dieron una ayuda de $10.000 por trabajador, localidades como la nuestra no tienen la posibilidad de hacer frente al resto”.

Sumbay contó que aún están devolviendo el anticipo recibido para hacer frente al pago de aguinaldos, “y ahora en febrero tenemos que pagar doble asignación, escolaridad y se vienen las paritarias”. “Y no es que la provincia te asigna más recursos para todas esas cosas, sino que con el mismo monto que mandan todos los meses tenemos que hacerles frente”, acotó.

El mandatario comunal subrayó que si a la decisión gubernamental de pagar un bono extra, se le suman los inconvenientes derivados de las últimas lluvias, que hicieron destrozos en todo el departamento “y donde también tenemos que asignar recursos”, “la situación es realmente crítica”.

Cortaron San Martín y Buenos Aires

Unas 70 mujeres del plan Potenciar Trabajo cortaron ayer una de las principales arterias de centro de la ciudad de Salta reclamando a la provincia la ratificación de los cargos que ocuparon durante los últimos dos años como maestranzas en escuelas públicas.

Las trabajadoras se concentraron en la esquina donde funciona la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario del Ministerio de Desarrollo, para exigirle al director general del ente ejecutor provincial del plan, Hugo Camacho, que les brinde información sobre cuál será el futuro laboral de las más de 500 trabajadoras que se encuentran en la misma situación.

Raquel Vega, que trabajó en la Escuela Delfín Leguizamón, recordó que en medio de la pandemia fueron ellas, “a la par de las ordenanzas”, las que garantizaron que las escuelas permanezcan abiertas, “estuvimos haciendo trabajos no solo de maestranzas, sino también de administrativas en primarias y secundiarias”, destacó, y añadió que muchas veces lo hacían con doble jornada, “haciendo méritos para poder quedar a futuro, como nos prometían desde el Ente Ejecutor”.

Según contó Vega, tanto Camacho como representantes del Ministerio de Educación, les aseguraban que correrían con la misma suerte que quienes ingresaron a través del programa Jefes y Jefas de Hogar, “que hoy en día gracias a Dios tienen un puesto de trabajo”. “Ahora queremos nosotras conseguir ese trabajo digno y recibir un salario como corresponde”, esgrimió.

A través del Potenciar Trabajo cobraban $16.000 del Estado Nacional, por lo que ahora piden ser incorporadas al staff de Educación o al de Desarrollo, “y no que después de tanto esfuerzo nos peguen una patada para que pongan gente a dedo o cargos políticos”.

“Estamos desesperadas, nos están llamando desde las escuelas porque nos necesitan y no tenemos ni seguro, nada, y desde el Ente Ejecutor ni siquiera firmaron un convenio nuevo con Educación, pero queremos que lo firmen con un salario digno y no por esos $16.000”, indicó la beneficiaria del programa.

Por la tarde, desde la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario les informaron que recién el miércoles 9, a las 10, las atenderá el responsable del área, “si no tenemos una respuesta ese día, nos vamos a encadenar y comenzar una huelga de hambre”, adelantó Vega.