El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó ayer el decreto de convocatoria a una asamblea constituyente originaria para que redacte una nueva carta magna, medida que ahondó la crisis dentro del oficialismo, cuya cúpula fustigó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, una de las figuras del chavismo más críticas con esa y otras iniciativas recientes del gobierno.
El documento, que debe ser revisado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), postula la elección de 540 constituyentes; de ellos, 364 lo serán por origen territorial y los demás representarán a organizaciones de trabajadores, campesinos, estudiantes y empresarios, así como a consejos comunales y pueblos indígenas. Mientras, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobernante, capitán Diosdado Cabello, afirmó que la Fiscalía “no actúa” para perseguir penalmente a quienes, a su juicio, atacaron a personas y bienes afines al oficialismo.
“No puede haber venezolanos que sean capaces de incendiar 52 autobuses, venezolanos que sean capaces de dispararle a un compañero y no estén detenidos, que no se haya abierto la averiguación porque la Fiscalía no actúa”, dijo Cabello en Caracas, durante la marcha oficialista “por la paz y contra el fascismo”.
Cabello suele anticipar las medidas más polémicas del gobierno, como cuando vaticinó el año pasado que no habría referendo revocatorio del mandato de Maduro ni otros procesos electorales. El referendo revocatorio fue finalmente denegado y las elecciones de gobernadores, que debieron efectuarse en diciembre de 2016, fueron aplazadas hasta ayer, cuando el gobierno anunció que se harán en diciembre. Ortega Díaz remitió la semana pasada una carta al ministro de Educación y jefe de la comisión presidencial para la constituyente, Elías Jaua, en la que fustigó la iniciativa.
La fiscal general afirmó en ese texto que “para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución”.Una nueva carta magna, “lejos de coadyuvar a la ansiada reconciliación nacional, generaría un alto grado de incertidumbre, habida cuenta del riesgo y la desconfianza que se produciría”, dijo Ortega.
