La protesta social, las movilizaciones que atraviesan y le dan cuerpo al espacio público, son grandes expresiones de la vida en democracia. A veces son protagonistas de procesos históricos y cabe que anticipen desenlaces. La protesta ha sido la antesala de la caída de gobiernos y, en la historia Argentina, también ha sido el anuncio del fin de una era en la Corte Suprema, cómo ocurrió entre fines de 2001 y mediados 2003. Nadie dice que la historia se repita tal cual, pero por algo la reacción del establishment económico (y sus socios políticos y judiciales) ante la anunciada movilización a la Corte resultó tan virulenta antes de que se produjera. El despliegue de policías de la Ciudad de Buenos Aires fue tan exagerado como ese preámbulo a la luz de lo que finalmente ocurrió: una manifestación pacífica, populosa, variopinta y con planteos profundos que interpelan al sistema de justicia y su expresión suprema.

Las primeras marchas y cacerolazos contra los cortesanos tras la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, fueron convocados por la Asociación de Abogados Laboralistas. Cuestionaban a una Corte que, además de haber acompañado las privatizaciones y el modelo económico menemista, era antiobrera. Al comienzo eran unos pocos, pero volvían cada semana a la puerta del Palacio de Justicia y fueron miles. Se sumaron otras asociaciones de abogados, sindicatos, organismos de derechos humanos y gente de pie. En aquel momento el presidente de la Corte, Julio Nazareno, salió (pos corralito) a extorsionar al gobierno de Néstor Kirchner con dolarizar los depósitos y quizá eso, sumado a la fuerte decisión política del entonces presidente y un entorno que acompañaba (entre ellos, Cristina Fernández de Kirchner) derivó en el fin de la mayoría automática.

Hoy la Corte no necesita salir a “presionar” de manera explícita porque los grandes medios de comunicación, las asociaciones empresarias y las corporaciones judiciales lo hacen por ella a través de títulos catástrofe en los portales y los diarios. Parece una respuesta desmesurada ante una marcha cuyo alcance y efectos en el tiempo aún no se conocen. Pero podría leerse como un reflejo acorde a la historia de las marcas que deja la protesta. ¿Quiénes protagonizan el pataleo? Uno es el poder económico, que con mínimo esfuerzo hace sentir su peso, porque los mega medios de comunicación le pertenecen. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) sacó un comunicado que copó las pantallas: “La corte suprema, pilar de la República”, y pedía un reconocimiento a “la dignidad de la justicia”, que precisamente está en entredicho. Firmado: Grupo Clarín, Techint, La Anónima, Pérez Companc, La Nación, IRSA, y la lista continúa.

Otro protagonista del rechazo es parte del Poder Judicial que no quiere cambios para no perder privilegios. Y es parte de la política, y en particular el macrismo y sus aliados, que busca blindarse y apuesta a tener un refugio en el máximo tribunal que le debe su integración y perfil actual. Hasta se presentaron denuncias penales contra funcionarios/as que se expresaron a favor de la marcha del 1F. No es extraño, pues surgen de sectores que es cada vez más visible que formaron parte del armado de causas judiciales que la movilización denuncia y que buscan impunidad. Desde los despachos supremos vaticinan, también a través de los medios, que esta marcha los va a terminar por fortalecer. Quién sabe.

En 2002 era elocuente que la convocatoria la hicieran los abogados laboralistas. Habían precedido años de destrucción de derechos de trabajadores y trabajadoras con colaboración judicial. La protesta actual tiene una intersección con aquello: esta Corte, la que armó Mauricio Macri, también hizo escuela en destrucción de derechos laborales (con decisiones que van desde la limitación del derecho a huelga hasta el aval de despidos), una matriz que está muy pero muy en línea con la persecución gremial que no casualmente cobró la forma de expedientes judiciales y detención de referentes, como saltó a la vista con la Gestapo “antisindical”. Fue un bloque de acción: el gobierno de Cambiemos también atacó con saña a los jueces de ese fuero que intentaban el avance de las paritarias y la protección de derechos frente a los despidos y otros abusos. Ninguna asociación de jueces o las cámaras que ahora sacaron comunicados en rechazo al 1F se pronunciaron por entonces. El macrismo hostigó por igual a los abogados al hablar de “mafias de los juicios laborales”. Reprimió la protesta callejera y encarceló a manifestantes. El empresariado tuvo su apoyo más sistemático en el ex presidente supremo, Carlos Rosenkrantz, que además fue abogado de todas las grandes empresas y que a fin de 2021 decidió que ya pasó suficiente tiempo como supremo por lo que no se excusará más en casos que los impliquen a sus viejos clientes.

Pero en simultáneo con todo esto la Corte de hoy (que sigue siendo la de Macri) hizo un recorrido regresivo en causas de derechos humanos que tuvo su plena expresión en el 2x1 a favor de los genocidas; calló frente a los abusos de las prisiones preventivas (o la avaló, como el en caso de Milagro Sala) y habilitó que se consolidara el llamado “lawfare”, que no tuvo otro objetivo que apresar a funcionarios e intentar destruir a la principal figura opositora: CFK. El tribunal todavía maneja las escuchas telefónicas (desde que las tiene se produjeron las filtraciones usadas por medios y políticos) y ahora quiere poner un pie en el Consejo de la Magistratura. Por supuesto ha tenido fallos interesantes, como ordenar revertir la situación de desborde y hacinamiento carcelario bonaerense, y en alguna que otra ocasión –por una cuestión de lógica constitucional—dejó perdedor al empresariado, como en el caso Axion, donde triunfó el municipio de Quilmes por el cobro de tasas. Puso algún freno, hay que decirlo, al copamiento ya grosero del macrismo de los tribunales orales. Y claro que no todos los jueces han fallo igual. Aun así, no deja de ser una Corte de sólo cuatro señores con una concentración de poder sin igual en los grandes temas del país y con cierta línea de conducta que derrama sobre el resto de los tribunales. Hay dos tipos de expedientes que siempre guarda bajo la manga como factor de presión política y económica: las grandes demandas de jubilados y los casos donde se discute la coparticipación.

La movilización a la Corte abarcó cuestionamientos a todo este panorama: pidió democratizar el sistema justicia, terminar con el “lawfare” y lo que implica (encarcelamientos, expedientes amañados, causas armadas, espionaje) y reformas de fondo. El reclamo es, en definitiva, el de transformaciones que ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso han logrado. Tampoco ha existido la solvencia política frente a poderes reales para empujarlo con decisión. Ya en 2017 la capacidad de movilización de la sociedad argentina quedó a la vista en el rechazo masivo y en las calles al fallo supremo del 2x1, por el que la Corte tuvo que dar marcha atrás y algunos jueces casi no podían salir a la calle.

La participación en este martes soleado incluyó sectores muy diversos, judiciales (jueces/as y fiscales/as incluidos), gremiales, sociales, de derechos humanos, hasta pequeños y medianos empresarios y gente suelta (ver aparte). Hubo voces tal vez inesperadas como las de las actrices Cristina Banegas y Luisa Kuliok, junto con el discurso coloquial del juez Juan Ramos Padilla.

En los días previos se generaron discusiones –en las que me incluyo— sobre la oportunidad o quiénes eran las caras de la convocatoria. Pero la cuestión del poderoso Poder Judicial (valga la intencional redundancia) inquieta hace tiempo y cada vez es más claro que puede afectar a todo el mundo por igual. Y queda en evidencia que la capacidad de movilización que está en el ADN de la sociedad argentina, que atesora todas las enseñanzas de los organismos de derechos humanos, es el mayor fantasma para los poderosos.