El capitalismo ha tenido muy diversas encarnaduras. Desde su aparición inicial, como capitalismo familiar, hasta la versión dominante del capitalismo financiero radical de hoy ha recorrido un largo camino en el proceso de fundamentalización de la economía social de mercado -soziale marktwirtschaft- del capitalismo renano-alemán a la actual ferviente apología dominante del capitalismo anglosajón que hace del darwinismo social su doctrina.

Es este último capitalismo “integrista” el que subyace detrás de la decisión de las cinco mayores empresas farmacéuticas que fabrican las vacunas contra el covid-19 -Johnson&Johnson, AstraZeneca , BioNtech, Moderna y Pfizer- de no levantar, aunque sea temporalmente, sus patentes para facilitar a un precio testimonial su aplicación masiva en países subdesarrollados, y de esa forma controlar el contagio, las muertes, y no permitir que el virus tenga espacio para modificarse y seguir creciendo. Tan solo el 2% de la población africana está vacunada. El continente registra oficialmente 236.000 muertes, pero las cifras extraoficiales superan los 2.000.000 de fallecidos. Los beneficios de las cinco multinacionales alcanzará a finales 2022 los 150.000 millones de dólares, según estimaciones de las propias compañías. Son farmacéuticas que desarrollan vacunas “neoliberales” a precio fijo, de ética restringida. Quijotes inversos de un dinero que no huele, pero ensucia. Es posible que se sientan odiadas. El odio es un consuelo fácil ante el dolor.

En nuestra sociedad sólo se consideran útiles de verdad los saberes que aportan beneficio económico inmediato. ¿Hasta qué punto los propietarios y responsables de empresas que toman decisiones en beneficios de sus intereses económicos a sabiendas de que esas decisiones causan un daño físico y moral irreparable no deben ser juzgados por responsabilidad penal? El debate vuelve a estar de actualidad a cuenta de la familia Sackler, propietaria de Purdue Pharma y dueños de un medicamento denominado OxyContin que provocó decenas de miles de muertos en Estados Unidos. Una jueza federal de Nueva York acaba de decidir que sí: la responsabilidad penal no puede quedar incluida en el acuerdo firmado por la familia y sus 3.500 demandantes, por mucho que se trate de una indemnización de 4.500 millones de dólares. ¿Es necesario entonces que los máximos responsables de estas farmacéuticas suban al estrado y sean juzgados por una supuesta responsabilidad penal? Pues gran parte de la opinión pública internacional cree que sí.

Todo apunta a que el progreso de las sociedades como inseparable motor de riqueza sometido a las dimensiones de la ética social y el derecho internacional ha desaparecido. La industria farmacéutica no descansa en el diseño de su particular capitalismo “integrista y su yihab”. Son conocidas sus “aportaciones” al mundo del deporte. La atleta nigeriana Blessing Okagbare dió positivo en un control antidopaje en Eslovaquia el 19 de julio y compitió en los Juegos de Tokio el 29 de julio. Ganó su serie de los 100m, fue descalificada y suspendida el 30, horas antes de la final olímpica. Tres días después, cuando regresaba a Jacksonville, Florida, en Estados Unidos, la ciudad donde entrena y reside, fue detenida por agentes de aduana del aeropuerto. A petición del FBI le requisaron el celular y examinaron su wastsapp. Así vieron la luz los mensajes donde la atleta solicitaba el suministro de productos dopantes provenientes de un laboratorio subsidiario de una gran farmacéutica. El agente del FBI Ryan Serkes lo documentó todo en una declaración jurada ante el fiscal del distrito sur de Nueva York Damian Williams. En la actualidad el naturópata Eric Lira está procesado por facilitar dichos productos, pero al día de hoy se desconoce el nombre de la importante farmacéutica que los desarrollaba. Secreto de sumario de sumarios parcialmente secretos. Lúcidas dentelladas de cinismo. Suele suceder cuando uno va por la vida sin “lobby”.

(*) Ex jugador de Vélez, y Campeón Mundial Juvenil Tokio 1979.