Desde Santa Fe
El secreto es lo que impera en la investigación al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y a su equipo de colaboradores. El hecho quedó a la vista ayer en una audiencia en Tribunales, donde –a dos meses de los operativos en el Ministerio de Seguridad-, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez le pidieron a la jueza Rosana Carrara mantener en “reserva” la causa por el doble del tiempo habitual y por lo tanto, impedirle a las defensas acceder a las supuestas pruebas contra sus defendidos. En consecuencia, al no haber una imputación formal, tampoco hay imputados. Los cuatro abogados defensores se opusieron al imperativo de Hernández y Jimenez, dos fiscales conocidos en Santa Fe porque responden a uno de los perseguidores de Sain, el fiscal regional Carlos Arietti. La jueza Carrara anunció que resolverá el incidente por escrito en el plazo de ley, que es de tres días, aunque podría hacerlo hoy, según fuentes judiciales consultadas por Rosario/12.
Ya el lunes a la noche, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) anunció que Hernández y Jimenez solicitarían la duplicidad de plazos en los legajos que investigan a Sain por supuestas “defraudaciones a la administración pública cometidas en el marco de un proceso licitatorio” y presuntas “maniobras ilegales en la recopilación de información por parte de una asociación ilícita integrada por funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia”.
Los fiscales fundaron su pedido en el artículo 346 del Código Procesal Penal de la provincia, que dispone: “Cuando la tramitación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de imputados o víctimas o por tratarse de casos de delincuencia organizada o trasnacional, a solicitud del fiscal, el Tribunal podrá ordenar la duplicación de todos los términos previstos en este Código, sin perjuicio de los acuerdos relativos a la arbitración de trámite que las partes puedan acordar”.
El planteo de Jiménez y Hernández fue rechazado por los cuatro abogados defensores: Hernán Martínez –que patrocina a Sain- y sus colegas Juan Lewis, Nicolás Mosconi y Oscar Silva. “Nosotros somos muy respetuosos de la convocatoria de la jueza", dijo Lewis antes de la audiencia. "Venimos a discutir exactamente aquello para lo que se nos convocó, es decir si la causa es compleja o no. Y consecuenemente, si tiene sentido habilitar la duplicación de plazos para que los fiscales mantengan las cosas en reserva o no". El ex ministro de Justicia recordó que a mediados de diciembre solicitó el acceso a la causa para saber qué se les reprocha a sus defendidos, pero "entre una cosa y otra" la audiencia se realizó el 1º de febrero, y aún no lo sabe.
Lewis volvió a denunciar lo que llamó el “oscurantismo”, la “opacidad” y el “abuso” del MPA que “trasciende esta causa” en la que se investiga a Sain y su equipo. “Uno se entera de cosas” por los medios porque “es una causa que tiene repercusión pública, pero es una repercusión que fue impulsada adrede por los propios fiscales” Hernández y Jiménez, que “ahora no se hacen cargo de esta comunicación patológica”. “Lo cierto que estas cosas son fruto del descontrol del MPA en varios aspectos. El MPA es una institución descontrolada" porque "no tiene los controles republicanos y democráticos que debería tener una institución que puede meter presa a una persona", apuntó.
Después, en la audiencia ante la jueza Carrara, Lewis impugnó los "tiempos" de Hernández y Jiménez, les reprochó la supuesta "filtración de datos de la investigación" y hasta "brindar datos falsos sobre el origan de la causa". "Tengo muchas dudas que esta causa sea compleja", señaló. El abogado de Sain coincidió. Martínez negó la existencia de una "pluralidad" de hechos ("no se pueden establecer porque hasta ahora, la Fiscalía no dijo cuáles son") y cuestionó a los fiscales de "filtrar información" a los medios, tanto del operativo en el Ministerio de Seguridad el 26 de noviembre, como de una supuesta lista de 661 "perfilamientos" de personas con bases de datos de acceso público. "Es una causa que tiene más de los mediático que de lo real", acusó Martínez.
“La ciudadanía necesita que se termine el oscurantismo de esta causa -planteó Lewis-. Batieron el parche con que había miles de carpetas de espionaje ilegal y siguen sin mostrar ninguna evidencia concreta. Mientas tanto, van ensuciando gente. El fiscal Hernández volvió a pedir que se declare compleja la causa, para tener más tiempo sin mostrar pruebas. Y mientras tanto, el tema circula en los medios sin decir de qué acusan a nuestros defendidos. Hacen una acusación muy seria, pero sin ningún hecho. Hablan de que hubo un delito, pero no explicitan contra quién, en qué momento, ni de qué forma”. “Siguen hablando a través de algunos medios, con notas de las cuales no se hacen cargo. El propio fiscal Hernández nos dijo hoy (por ayer) que no se hace responsable para nada de las publicaciones periodísticas que hablaron de listas y nombres que supuestamente habían sido perfilados a través de búsquedas en bases de datos que se habían hecho desde el Ministerio de Seguridad”, agregó Lewis.
