Concejales de Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical (UCR) plantearon a la Municipalidad de la ciudad de Salta que anule la concesión de un cematorio a la firma Pieve SA. Los ediles sostuvieron que el Ejecutivo municipal se arrogó funciones que le corresponden al Concejo Deliberante, pues consideraron que la cremación es un servicio público para la ciudadanía salteña y su concesión solo puede ser adjudicada por este Cuerpo.  

En tanto, desde la Secretaría Legal, Técnica y de Procuración General, a cargo de Daniel Nallar, afirmaron que se cumplieron todos los pasos establecidos, ya que se trata de un pedido de habilitación por parte de un particular para un proyecto privado. "No existe un convenio entre la Municipalidad de Salta con el particular para trabajar en conjunto”, sostuvo el funcionario en declaraciones públicas. 

Estos dichos fueron luego de que los concejales presentaran ante la Secretaría que dirige Nallar un pedido de revisión de la resolución 3/22, que emitió la Municipalidad de Salta el 14 de enero. Los ediles plantearon un recurso de reconsideración al secretario, pidiéndole que anule la resolución por entender que "está viciada de ilegalidad", como lo expresó a Salta/12, el presidente del bloque de JxC+, José Gauffín. 

Por la resolución 3/22 el Ejecutivo municipal otorgó la concesión a la firma Pieve SA para la prestación del "servicio funerario y crematorio" en el predio ubicado sobre la ruta nacional 9, a 16 kilómetros de la ciudad. Esta adjudicación es por el término de 35 años. 

Para los ediles, se trata de una resolución en la que Nallar adjudicó la concesión de un servicio público sin respetar el procedimiento dispuesto en la ordenanza 12745. Y recordaron que en caso de incumplirse esta norma, se puede pedir la nulidad de la concesión y que el proceso se realice de nuevo. "Al tratarse de un servicio público, las concesiones deben darse a través del Concejo Deliberante que fijará los requisitos, modos y condiciones para cada caso", explicó el concejal de JxC+. 

Por su parte, el concejal Alberto Salim (UCR) insistió en que se trata de un servicio público, y por lo tanto, su reglamentación tiene que pasar sí o sí por el Concejo, como lo establece la ley de contratación. "No puede ser que se trate la situación del crematorio como si se estuviera abriendo un quiosco", cuestionó. 

Las palabras de Salim en respuesta a los dichos de Nallar, quien sostuvo públicamente que el pedido de Pieve responde a un proceso similar al que cualquier vecino realiza para habilitar su negocio. El funcionaro municipal afirmó que "en la prestación de los servicios no se utiliza ningún bien de la Municipalidad", sino que "lo que hace el particular es construir en su terreno y ofrecer sus servicios, como si fuese un comercio en el centro vendiendo algo”. 

Además dijo que no se utilizan fondos públicos municipales, ni provinciales, ni nacionales para el proyecto. "Es una actividad que al igual que un comercio del centro, se desarrolla con fondos exclusivamente privados y la Municipalidad no pone un peso en nada”, insistió. 

De acuerdo a lo que informó Nallar, el municipio avanzó en la mayoría de las etapas del procedimiento para su desarrollo. Ahora la iniciativa está en el área de Desarrollo Urbano donde se evaluarán los planos y la estructura edilicia. De ahí el expediente pasará a la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente para que se realice el informe final, y volverá a la Secretaría de Legal y Técnica para culminar el proceso.

La segunda presentación que efectuaron los legisladores se realizó ante la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente de la Municipalidad. En ese caso denunciaron que la evaluación de impacto ambiental y social, solicitada por Pieve y presentada en marzo del año pasado, también fue irregular, pues aseguraron que no sólo hubo inconsistencia en su formulación, sino que la anomalía también estuvo en "la forma en que se tramitó". Indicaron que no se respetó el artículo 7 de la ordenanza 12745, que establece el proceso de evaluación de impacto ambiental. 

En esa línea, Gauffín dijo que la tramitación realizada no corresponde al tipo de proyecto que se quiere llevar adelante. Además, denunció que la aprobación del estudio fue antes de la realización de la audiencia pública, que se hizo el 28 de diciembre último, donde tenía que haberse dado el visto bueno a la presentación. 

Mientras que para Salim, el Ejecutivo municipal priorizó un interés privado por encima del interés social del servicio, y comparó la situación del crematorio con la de las fotomultas, proyecto que se impulsó el año pasado, pero se anuló. "Lo plantean como un emprendimiento privado cuando no lo es", recriminó el edil, asegurando que prima "un criterio empresarial y económico por sobre el interés de la gente". 

Los concejales opositores adelantaron que en caso de que no se haga lugar a sus presentaciones, presentarán un amparo ante la Justicia, además de emitir pronunciarse desde el mismo recinto legislativo.