Alrededor de mil personas marcharon en Salta Capital, y hubo un grupo que además se manifestó frente al Juzgado Federal de Orán, en adhesión a la marcha nacional en reclamo de la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti; contra el lawfare y por la democratización de la Justicia. 

En Capital la marcha partió desde la plaza 9 de Julio y fue hasta la sede del Juzgado Federal ubicado en calles Deán Funes y España. Además, el reclamo se hizo extensivo con cuestionamientos a la Corte de Justicia salteña, al Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal provincial. Una de las exigencias a nivel nacional fue la libertad de la referenta social Milagro Sala, presa en Jujuy.  

"Hoy nos movilizamos para pedirle a los miembros de la Corte Suprema de Justicia (de la Nación) que se vayan, pero también nos movilizamos para expresar nuestro rechazo a la Corte de Justicia de Salta y al conjunto de jueces y juezas que integran el Poder Judicial de la Provincia, quienes se deben a los grupos concentrados, a la elite dominante, al sector político que los y las apadrinan, exceptuando a esos pocos y pocas que se reconocen como jueces y juezas al servicio del pueblo. Queremos un sistema de Justicia que garantice el Estado de Derecho y no que sea parte y cómplice del Estado de no derecho con el cual se gobierna en la provincia, y del que también es cómplice el Ministerio Público Fiscal", fueron las manifestaciones del documento que se leyó al finalizar la marcha.

La convocatoria en Salta contó con 32 adhesiones de organizaciones sociales, gremiales, políticas, de derechos humanos y feministas. 

"Hoy aprovechando este cuestionamiento al órgano más importante de la justicia argentina se reclama también sobre las irregularidades que tiene la Justicia en Salta", dijo a Salta/12 el referente de la Mesa de Organizaciones Nacionales y Populares, Felix González Bonorino. Señaló que el sistema de justicia en la provincia tiene doble estándar según los grupos sociales de qué se trate, "es la historia del ladrón de gallinas preso y los ricos andan caminando y tomando café en esta misma plaza". 

Respecto a los cambios que quieren en el sistema de justicia local, González Bonorino consideró que debe modificarse la forma de elección de jueces. "Se da una situación de nepotismo donde buena parte de los cargos de la Justicia están ocupados por familiares de los mismos jueces o de gente relacionada muy cercana", aseveró. "El sistema está fallando, no puede autocontrolarse", dijo. Al respecto también señaló que lxs legisladorxs deberían ejercer un control.

El documento que se leyó en la marcha también exigía que la Corte de Justicia de Salta exponga ante la sociedad sin ocultamiento alguno, "cuáles son sus sueldos de privilegios, porque dar a conocer sus ingresos es ético y legal".

"Un comienzo" 

El presidente del partido Unidad Popular, Daniel Escotorín, dijo a Salta/12 que la marcha "fue positiva", y destacó que "es la primera vez que se convoca a una movilización donde el principal foco es el Poder Judicial". Este "es un hecho muy novedoso, extraordinario", calificó, tanto en el país como en la provincia. "A partir de acá viene el desafío de las organizaciones de la sociedad civil, políticas, gremiales, de todo el arco social que realmente entiende que el sistema judicial merece una revisión muy profunda, estructural en nuestro país, en general y en nuestra provincia en particular", sostuvo el referente. 

Para González Bonorino esta manifestación también es "un comienzo". "Pensar que la marcha puede alterar la conformación actual de la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) es muy optimista. La otra posibilidad que tiene el pueblo es salir a contarlo, somos muchos los que nos dimos cuenta, hace mucho, que es una corte corrupta. Ahora tomamos la decisión de no esperar más nada y salir. El juez (Juan) Ramos Padilla después de decir muchas veces que había formas de modificar la Corte Suprema convocó a una movilización. No hay que subestimar el poder del pueblo, al contrario", expresó.

Derechos humanos

"Le decimos a la Justicia de Salta y la Justicia Nacional que todavía hay miles de compañeros, que no se sabe qué pasó, que siguen desaparecidos, entre ellos el doctor Miguel Ragone, (ex) gobernador de esta provincia", manifestó la referenta de DDHH, Nenina Lescano, y también se pronunció contra la violencia policial y el gatillo fácil.

En la marcha se exigió el cese de la criminalización de la protesta social, y "que el sistema judicial deje de ser cómplice de las políticas represivas que lleva adelante el Poder Ejecutivo, resguardando los derechos constitucionales del ciudadano a manifestarse en exigencia de sus derechos vulnerados". También se pidió que los policías responsables de hechos de violencia institucional vayan "presos en sus condiciones de asesinos y no libres por sus presuntas defensas".

"La subordinación al poder político quedó claramente demostrado cuando al poco tiempo de iniciada la emergencia sanitaria por la pandemia covid-19, el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, promulgó el decreto 255/20 que, otorgaba facultades y potestades extraordinarias a la Policía de la Provincia, la Mesa de Derechos Humanos junto a otros organismos como la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales - Cels y otros sectores exigieron su inmediata derogación, llegando con un recurso de amparo a la Corte de Justicia de la Provincia que no se expidió (tampoco el Poder Legislativo lo trató), y una vez convertido en ley, fue derogado, habiendo hasta entonces marcado una escalada de violencia y de gatillo fácil por parte de la policía provincial", denunciaron las organizaciones.

También reclamaron perspectiva de género en el sistema de justicia provincial, federal y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Queremos que la Corte de Justicia fundamente por qué razón se niega a incorporar la ley Micaela en las exigencias de ingreso y permanencia en los cargos públicos que componen ese Poder", señaló el documento colectivo respecto a la provincia. 

La periodista e integrante de la Asamblea Feminista, Teresita Frías, dijo a Salta/12 que reclaman perspectiva de género para que no se revictimice a las mujeres y disidencias, quienes ya vienen con una carga de vulneraciones a sus derechos y "se encuentran muchas veces con una justicia que no está a la altura de los casos". "Las personas están descreídas del Poder Judicial", señaló. 

También la marcha exigió al sistema de justicia salteño que garantice los derechos humanos a los pueblos originarios, "atendiendo sus demandas y aplicando en todos los casos la garantía a su acceso, reconociendo la necesidad de una justicia con un lenguaje intercultural, puesto que los pueblos indígenas son ciudadanas y ciudadanos salteños". Se incluyó la protesta contra los desalojos ilegales.

"Hoy exigimos al sistema judicial, mayor atención al justiciable trabajador y trabajadora que resisten en un mercado global precarizado y al que la justicia somete a resistir inoperancias o el paso del tiempo para poder visibilizar una luz de esperanza, la justicia lenta claramente no es justicia en ningún caso, y menos lo es para la trabajadora y el trabajador desocupado", manifestaron las organizaciones sociales.