Desde las 19 en la plaza central de la ciudad de Catamarca, partidos políticos, agrupaciones y asociaciones de Derechos Humanos se sumaron a la marcha nacional “#1F por la Democratización de la Justicia”.
En el lugar se leyeron documentos sentando posición contra del “poder que tomó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el lawfare”.
Desde el Partido Intransigente, los voceros señalaron la necesidad de la reforma judicial y de que se comience a actuar con perspectiva de género y de vulnerabilidad. “Nos manifestamos contra la suma del poder que tomó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, convalidando la persecución a ciudadanos por razones políticas, defendiendo los privilegios del poder económico, condicionando a los gobiernos populares elegidos y degradando nuestra democracia. El pueblo pide un sistema judicial que funcione”.
En ese contexto, mencionaron que ciertos sectores del Poder Judicial “se han alejado de los parámetros constitucionales y éticos” y que existe una “desconexión con la gente”. “Estamos en presencia de una Corte Suprema funcionando con cuatro miembros, que se sienten a gusto en el marco de una integración absolutamente masculina y que pretende, siguiendo uno de los objetivos del Lawfare, definir la tendencia de las políticas públicas y los destinos finales del gobierno de los argentinos”.
Desde la agrupación Norma Plá, también se refirieron a los presos políticos y al uso de la Justicia con fines políticos y a la necesidad de contar con un sistema judicial que respete los Derechos Humanos.
Declaraciones
Desde diversos sectores políticos, también sentaron su postura con respecto al reclamo.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero señaló en sus redes con respecto al Poder Judicial: “Una institución del Estado que es patriarcal, elitista, privilegiada, y cuyos miembros muchas veces, se consideran a sí mismos como superiores a la propia Constitución y a la ley, evidencia la necesidad de transformación profunda. La democratización del Poder Judicial es, sin dudas, el camino a transitar para construir una sinergia duradera entre el Pueblo y sus magistrados y funcionarios, lo que requiere, además, necesariamente la implementación de mecanismos de control popular sobre los jueces y demás funcionarios judiciales.
Por su parte, la diputada Adriana Díaz manifestó: “Pedimos por un Poder Judicial autónomo, independiente del poder económico y del poder político, sin causas judiciales armadas con el poder mediático; por una administración del sistema judicial transparente, con absoluto apego a la Constitución Nacional y las leyes. Necesitamos consolidar el Estado de Derecho, sin ‘mesa judicial’, sin persecución a dirigentes políticos o sindicales, sin escuchas ilegales. Necesitamos garantías de debido proceso y celeridad en las causas. En definitiva, un servicio de justicia que funcione para la ciudadanía”.
