Entre las provincias del NOA, y después de mucho tiempo, Salta ocupó el cuarto lugar como la provincia que menos desmontó durante el año pasado. Así surge del informe que dio a conocer la asociación ambientalista Greenpeace en su informe de Deforestación en el norte de Argentina de 2021.
“La deforestación durante 2021 en el norte de Argentina fue de 110.180 hectáreas” en total, sostiene el informe. De allí surge que Santiago del Estero deforestó 52.290 hectáreas; Formosa, 29.165; Chaco, 18.068 y Salta, 10.657 hectáreas.
Sin embargo, desde fines de 2020 y hasta ahora en Salta hay pedidos para desmontar más de 28 mil hectáreas, que ya se pusieron a consideración en distintas audiencias públicas y que aún siguen sin ser autorizadas. En 2020, según un informe del Ministerio de Ambiente de la Nación, en Salta se habían desmontado casi 56 mil hectáreas. Ese año la jurisdicción se ubicó detrás de Córdoba, que con casi 65 mil hectáreas arrasadas por las topadoras o el fuego, fue la provincia que más bosques nativos perdió en aquel año en el país.
El coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, consideró que esta barrera a los desmontes en la provincia tiene que ver con la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) desde 2014 en Salta. La observación fue destacada en su momento por el Ministerio de Ambiente de la Nación a la provincia, cuando se inició la publicación de las audiencias públicas de desmonte.
Por otro parte, Greenpeace aclaró además que en este informe no aparecen las hectáreas que fueron afectadas por los incendios.
Pero también incidió en la disminución de los desmontes el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la cartera de Ambiente nacional, que cada 15 días informa a la provincia sobre la pérdida de masa boscosa. Así lo indicó el secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, que detalló que de esa información surge si se trata de desmontes legales o ilegales.
El funcionario calculó que en 2021 en la provincia se desmontaron de manera ilegal unas 2.800 hectáreas y se abrieron 178 sumarios. Aldazábal entendió que otro factor que incidió en la baja de desmontes ilegales fue el aumento de las multas. En cuanto a las autorizaciones de desmontes, señaló que durante el año pasado se autorizaron unas 7 mil hectáreas pero de procedimientos que fueron a audiencia pública en años anteriores a 2021. “Esto va mostrando que hacemos cambios”, aseguró, al afirmar que el compromiso del organismo a su cargo es aprobar los proyectos de desmonte que presenten un modelo con manejos más sostenibles.
El funcionario provincial corroboró que por el momento no hay autorizaciones de desmontes por la falta de actualización del OTBN. Para fines de este mes e inicios de marzo se espera una reunión del Consejo Asesor que evalúa la actualización del mapa que indica donde se puede desmontar y donde no. La reunión está prevista para determinar la metodología de trabajo a seguir.
Santiago y el Chaco con una situación grave
En su informe, Greenpeace advirtió que casi la mitad de los desmontes que se registraron en estas cuatro provincias del NOA se produjeron en Santiago del Estero. “Más grave aún es que más del 80 por ciento de la deforestación en dicha provincia fue ilegal, ya que se realizó en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no se permiten desmontes”.
La ONG subrayó asimismo que las 18.068 hectáreas deforestadas durante 2021 en el Chaco fueron en su totalidad de manera ilegal, porque en esa provincia los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia chaqueña desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su OTBN.
“Resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de funcionarios”, afirmó la entidad ambientalista al recordar que ante una emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad “más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”.
Ante ello, nuevamente se pidió que se prohíban y penalicen los desmontes e incendios forestales.
