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Desde Santa Fe
La jueza de garantías Rosana Carrara aceptó ayer el pedido de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez de mantener en secreto las supuestas pruebas en la investigación al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y su equipo, pero les ordenó que utilicen “con máxima prudencia y extrema rigurosidad” las facultades de ley para que la causa tramite en “tiempo razonable” y les exigió el “máximo esfuerzo” para “no estigmatizar a las personas que se encuentran sospechadas” y no vulnerar “su buen nombre, dignidad y honor” que garantizan las “normas constitucionales” y la “presunción de inocencia”. Carrara hizo lugar a la solicitud de Hernández y Jiménez para duplicar el plazo de “reserva” del legajo antes de abrirlo a las defensas para que puedan saber qué reprochan a sus defendidos y por qué. Pero en la resolución de ocho páginas llamó la atención el imperativo de la magistrada a los fiscales, a quienes demandó “máxima prudencia”, “extrema riguridad” y “máximo esfuerzo” para que la causa tramite en plazo “razonable” y no estigmatizar a los investigados, “vulnerando” no sólo su “buen nombre, dignidad y honor” sino también el principio de inocencia. Carrara decidió también “tener presente” la impugnación del abogado de Sain, Hernán Martínez, quien planteó que si los fiscales investigan una presunta violación a la ley de Inteligencia Nacional 25.520 son “incompetentes” para hacerlo, por lo tanto, la causa debería pasar a la justicia federal.
El requerimiento de Hernández y Jiménez de duplicar los plazos de “reserva” de las supuestas pruebas se discutió en audiencia pública, el martes, en Tribunales, donde quedó a la vista que lo único que impera en la causa es el secreto. Los cuatro abogados defensores, entre ellos Martínez, que asiste a Sain y su colega Juan Lewis rechazaron el pedido de los fiscales con argumentos que éstos no pudieron rebatir. Lewis desmintió la presunta “complejidad” de la causa que invocan los fiscales. “No existe pluralidad de imputados atento que son once, repartidos en dos causas que no tienen relación entre sí”, dijo. “No existe pluralidad de hechos, pues sindican solamente delitos y artículos del código y eso no basta para referenciar un hecho”. “No está determinada la magnitud del daño. Y si bien existen medidas en ejecución e información sensible, la causa no es compleja y la defensa puede tener acceso” al legajo.
El defensor de Sain coincidió con su colega. Pero también impugnó la “competencia” de Hernández y Jiménez si es que investigan una supuesta violación a la ley 25.520 de Inteligencia Nacional. Si esto es así –porque hasta ahora no lo dijeron-, la causas debería pasar al fuero federal. Sain ya pidió la intervención del fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez, pero está pendiente la “certificación de la causa del MPA”, que en el gran secreto. El juez federal Nº2 Marcelo Bailaque se apartó –porque Sain lo denunció ante el Consejo de la Magistratura por frenar el allanamiento a un narco que aún sigue prófugo-, así que el expediente quedó en manos del juez federal Nº 1 Reinaldo Rodríguez, que aún no resolvió sobre la competencia.
Los fiscales Hernández y Jimenez dijeron en la audiencia que investigan una supuesta “asociación ilícita”, identificaron dos causas, que tienen “pluralidad de imputados, que hasta el momento son once personas”. Y recordaron que el legajo se inició por una denuncia del ex número dos de Sain en el Organismo de Investigaciones, Víctor Moloeznik, quien “comenzó a investigar si funcionarios del Organismo y del Ministerio de Seguridad recopilaban información de manera ilegal respecto de personas físicas y/o jurídicas", con personal y recursos del Estado. Declarantes en la causa –citó la jueza Carrara- “dieron información de relevancia, confirmaron la realización de perfiles de personas” y “entregaron algunos" de ellos "elaborados", a partir de consultas en "Google, BCRA, RENAPER, DNRPA, NOSIS, VERAZ", que eran “las base de datos”.
“Preliminarmente, existe una lista de 661 probables víctimas y/o damnificados de la inteligencia ilegal. Se solicitó a jueces y fiscales federales y provinciales que informen si existen investigaciones en trámite y si habían requerido algún tipo de medida investigativa en relación a dichas personas”. Pero hasta ahora, ninguno de los magistrados respondió la consulta.
La otra causa que Hernández y Jimenez acumularon al legajo es un intento de compra de armas de fuego en el Ministerio de Seguridad, en la gestión de Sain, que no se concretó.
“La decisión de llevar adelante la investigación penal contra una persona es facultad” del Ministerio Público –dijo la jueza Carrara-, “mientras no invada ninguno de los derechos garantizados constitucionalmente, por lo que no puede admitirse que se aspire a que se exhiban antecedentes o tareas de investigación que se encuentren inconclusas y con riesgo de fracasar si son anticipadas, ya que se pondría en riesgo la propia investigación”.
“En razón de ello, es importante señalar” que los fiscales Hernández y Jimenez deberán “utilizar con máxima prudencia y extrema rigurosidad las facultades que le brinda la ley en cuanto al tiempo razonable para la investigación”, dijo la jueza. Y les demandó a ambos “el máximo esfuerzo en su accionar para respetar dichos extremos, a los fines de no estigmatizar a las personas que se encuentran sospechadas, vulnerando su buen nombre, dignidad y honor, que detentan por la garantía constitucional de presunción de inocencia”.
