El abogado querellante en la causa Papel Prensa Eduardo Barcesat anticipó que apelará la decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña que confirmó el sobreseimiento de los acusados por la apropiación de esa empresa, Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre. Además, denunciará a los camaristas que fallaron en ese sentido por haber resuelto sobre una causa comercial siendo integrantes de un fuero penal.

Estos planteos se sumarán a los que, tal como lo adelantó Página/12, hará el abogado Alejandro Rúa, que representa a Lidia Papaleo, por entonces esposa del titular de la compañía David Graiver. “Los jueces penales no saben nada de derecho comercial”, cuestionó de Barcesat, abogado del también querellante y ex vicepresidente de Papel Prensa, Rafael Ianover.

Para el letrado, el fallo de los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia “forma parte de una nulidad jurídica que hasta tiene ribetes delictivos”. Ayer, ambos magistrados confirmaron la medida que favoreció a todos los procesados en esa causa y que en primera instancia había sido dictada por el juez Julián Ercolini (quien los sobreseyó sin siquiera tomarles declaración indagatoria).

Por la cantidad de presuntas irregularidades en la causa, Barcesat adelantó que va "a interponer recursos casatorios” contra el fallo, así como también “una denuncia contra los magistrados que han firmado ese engendro” judicial. No obstante, confesó no tener muchas expectativas de que ello prospere. “El Consejo de la Magistratura (donde recaería la denuncia) es un lugar no confiable” porque es “una cueva que está gobernada por el gobierno” de Cambiemos. 

La denuncia por Papel Prensa da cuenta de la venta de esa empresa productora de los insumos para los medios de comunicación gráficos que llegó a las manos de los dueños de Clarín, La Nación y La Razón (hoy fusionada con Clarín) a través de un precio vil y en el marco de un proceso de intimidaciones contra sus propietarios.

La venta ocurrió luego de que Graiver muriera en un sospechoso accidente aéreo. Luego de ello, su viuda y su hermano, Isidoro Graiver, fueron presionados para vender el paquete accionario. La causa durmió el sueño de los justos durante décadas y se reactivó durante el gobierno anterior al ser enmarcada como un delito de lesa humanidad.

Durante una entrevista con Futurock.fm, Barcesat recordó que la operación de venta de las acciones de esa compañía fue hecha “a punta de pistola en la cabeza de quienes firmaron” y a un “precio vil”. Este contexto, añadió, es “visible para un patronato de invidentes” pero sin embargo fue “oscurecida en sede judicial en base a argumentos que tienen a recrear el relato ficcional de que había urgencia para vender” la compañía.

La Cámara acreditó la persecución a los Graiver pero consideró que no habría relación entre ello y la venta de la empresa. “Tengo una sensación de repugnancia institucional frente al fallo”, dijo Barcesat y detalló que, si bien las acciones fueron vendidas antes del secuestro y detención de los propietarios, la operación “se hizo en el período en un acto obtenido por coacción, que puede ser revisto en sede judicial”. A esto se le suma “la gravedad” de que los propietarios, por estar secuestrados, “no pudieran cuestionar la legalidad de la venta”.

Para reforzar el carácter “ilegal” de esa venta, la defensa de Ianover y de la familia Graiver presentaron documentación que indica que “el acta de venta tiene firma y autoridades de la empresa falsificadas”. Según el abogado del primero, “Ianover aparece representado por el abogado de la señora Ernestina de Noble, Bernardo Sofovich, al que él nunca dio poder ni carta poder ni instrumento notarial alguno” para que lo representara.

El fallo de la Sala I rechazó ese punto así como también el hecho de que uno de los testigos de la operación, el contador Hugo Bogan, “no estuviera en el acto de venta”, según dijo Barcesat.