Adalberto Carlos Russo es uno de los abogados que convocó a la marcha en defensa de la Corte Suprema y ayer en la mañana se hizo un rato para sentarse en el Zoom y defender a uno de los diez militares a quienes el juez Daniel Rafecas acusa por la masacre de la calle Corro, donde perdieron la vida cinco integrantes de Montoneros. Entre las víctimas de ese brutal operativo del 29 de septiembre de 1976 se encuentra María Victoria “Vicki” Walsh, la hija del periodista Rodolfo Walsh.
Desde que en diciembre Rafecas ordenó la detención, los exintegrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 101 buscan estrategias para relativizar su participación en el ataque en el que murieron Walsh, Alberto José Molina Benuzzi, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel.
Uno de los más interesados en despegarse de los hechos es Héctor Eduardo Godoy, a quienes exconscriptos señalaron como quien le disparó en la cabeza a uno de los cuatro oficiales montoneros o como quien le ordenó a uno de los soldados que tapara dos cuerpos que estaban en las inmediaciones de la calle ubicada en Corro al 105. Uno de los conscriptos lo describió como un sanguinario. Otro incluso relató que le dio una patada a un moisés pensando que tenía una bomba.
En ese afán de mostrarse lejano al tiroteo, Godoy pidió que declarara Adalberto Carlos Russo, que se presenta como fundador de República Unida, un grupo que pide ponerle el cuerpo a la defensa de la Corte Suprema y retuitea mensajes de los halcones de Juntos por el Cambio.
La declaración de Russo no tiene desperdicio. El abogado dijo que había conocido a Godoy el día del operativo de la calle Corro y que nunca más lo había vuelto a ver hasta que en junio o julio de 2017 lo encontró por casualidad en el registro del automotor de San Martín. ¿Cómo dice que lo reconoció? Por la voz y por el apellido –que no es demasiado particular–. Allí, según el relato de Russo, le preguntó si era mismo Godoy, el militar que lo había retenido en las calles Yerbal y Cardozo, a metros de la casa donde estaban los cinco oficiales de Montoneros y los integrantes de la familia Mainer –que fueron secuestrados en ese operativo–. La coincidencia fue feliz y ambos supuestamente intercambiaron sus teléfonos celulares.
Russo mostró no solo tener una memoria prodigiosa ese día en el registro automotor de San Martín, sino que hizo gala del mismo atributo este jueves ante Rafecas. El abogado republicano explicó que, por entonces, trabaja en la Fiat Argentina y había quedado supuestamente en encontrarse con un contador para ir a hacer juntos unos trámites. Para eso, debía pasar por donde los militares habían dispuesto un retén. Evidentemente por milagro no solo retuvo el apellido y la voz de Godoy, sino que además recordó con lujo de detalles ese momento que dice haber vivido: dijo que Godoy daba órdenes a un grupo de soldados, que jamás disparó y que alcanzó a ver tanquetas de la Gendarmería y patrulleros de la Policía Federal Argentina (PFA).
Los dichos del memorioso Russo engarzan –casualmente– con la versión que dieron los militares individualizados por el juzgado de Rafecas como quienes estuvieron al frente del operativo de septiembre de 1976. Según ellos, el operativo estuvo a cargo del Primer Cuerpo de Ejército, de la Gendarmería y de la PFA. El GADA 101 fue únicamente una fuerza de reserva que estuvo en las inmediaciones. De hecho, el propio Godoy presentó un escrito diciendo que ese día no estaba disparando –como lo recuerdan los conscriptos– sino que estaba apostado a 150 metros de la vivienda. Con esa presentación, pidió que citaran a su misterioso y memorioso conocido Russo y a un par de conscriptos que hablaron bien de él pero que no habían estado en el operativo.
“Los diez imputados del GADA 101 plantean la estrategia de mostrarse como agentes de tránsito que sólo armaban retenes y no participaron de la masacre en Corro ni en otros operativos. Para eso, descargan la responsabilidad de los asesinatos y detenciones en los jefes ya muertos del Primer Cuerpo del Ejército, como (Roberto) Roualdes, y en la Gendarmería y la Federal”, sostiene el abogado Matías Aufieri, que junto con Myriam Bregman encabezan la querella de Patricia Walsh, hermana de “Vicki”.
“Obviamente somos los primeros en insistir en que se investigue a esas otras fuerzas, que aún se mantienen bastante indemnes por su accionar en el genocidio y al nefasto Batallón de Inteligencia 601, que también estuvo detrás del operativo. Pero es inverosímil que los represores del GADA 101, que no eran simples colimbas del regimiento, no supieran nada ni hayan participado del ataque y de los homicidios. Decenas de conscriptos los señalan tirando, persiguiendo y matando a los militantes de la casa de Corro”, resalta Aufieri.
Después de que los militares pidieran ampliar las indagatorias y de las testimoniales que reclamaron –como la de Russo–, Rafecas ya está en condiciones de resolver si procesa a Godoy y a sus nueve compañeros de armas. Entre ellos se encuentra Guillermo Viola, el coronel retirado que lidera la Unión de Promociones –una entidad dedicada a denunciar el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad–.