El gobierno jujeño avanza otra vez con la venta de una reserva natural

Familias y organizaciones campesinas jujeñas se manifestaron ayer para detener el avance de la venta de 20 lotes que comprenden la zona de los diques ubicados en el departamento El Carmen, en la región de Los Valles de Jujuy. Es la tercera vez que se intenta llevar adelante este proceso de licitación, pero en esta ocasión ya se avanzó en la apertura de sobres para adjudicar los primeros 20 lotes de un total de 68 que proyecta vender el gobierno provincial. 

El grupo campesino señaló que se trata de un negocio inmobiliario que el gobernador radical Gerardo Morales empezó a gestar en 2017, cuando se aprobó la ley provincial N° 6049/17. Allí se modificó la denominación de "Área natural protegida Los Diques", establecida en la ley provincial N° 5365; para pasar a llamarse "Área de Desarrollo Sostenible de los Diques". 

La abogada de las familias campesinas, Natalia Peñaloza, aseguró a Salta/12 que con la sanción de la nueva ley se quitó la categoría de "reserva natural" y sae pasó a la categoría de "zona de eco desarrollo", inexistente en la legislación. Eso llevó a que en 2018 presentaran un primer amparo ambiental ante la justicia jujeña, pidiendo que se declere la inconstitucionalidad de la ley 6049. Sin embargo, fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia. 

Para los demandantes, este rechazo se debió a una jugada previa que realizó Morales apenas asumió su cargo como gobernador, el 10 de diciembre de 2015, porque tan solo un día después presentó un proyecto para la ampliación del Tribunal de Justicia provincial y aumentó sus miembros de cinco a nueve.

La votación se dio el 15 de diciembre, y en la misma semana Morales pudo nombrar a cuatro de los nueve jueces. De esta manera, el Tribunal pasó a integrar a cuatro jueces de reconocida pertenencia a la Unión Cívica Radical (UCR). Incluso dos de ellos, Pablo Baca y Beatriz Altamirano, eran legisladores al momento del tratamiento del proyecto de ampliación. Altamirano aún está en el máximo tribunal. 

En el caso del actual presidente, Federico Otaola, en 2011 fue candidato a vicegobernador secundando a María Fiad en la fórmula de la UCR. Mientras que Clara De Langhe Falcone, que era la presidenta en 2015, fue legisladora radical hasta 2010, año en que fue nombrada jueza del Superior Tribunal. 

En este sentido, los campesinos consideran que Morales además de tener el control total del Ejecutivo, también lo tiene en los poderes Legislativo y Judicial. 

Tras el fallo negativo al amparo ambiental presentado en 2018, las organizaciones apelaron en 2019 y el caso pasó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), donde se encuentra desde agosto de 2020. Peñaloza dijo que hay una inconstitucionalidad en la nueva legislación porque es violatoria a los principios de progresividad pues "se debe dar más protección a las áreas protegidas, pero lo que hizo Morales fue sacarle esa categoría, y desprotegerlos". 

Con la nueva ley, el proyecto para llevar adelante los loteos se puso en marcha, pero no se concretó y tuvo que volver a cero, porque no se había llevado adelante la audiencia pública como corresponde dado que nadie pudo acceder al estudio de impacto ambiental. Ese fue el primer intento. 

El segundo intento llegó en pleno inicio de la pandemia. Para ese momento, se aprobó el estudio de factibilidad ambiental, a través del Ministerio de Ambiente de Jujuy, y quisieron llamar a una audiencia pública en plena medidas de Aislamiento Social (ASPO) que había en todo el país. Nuevamente las organizaciones campesinas presentaron un amparo ambiental en septiembre de 2020, y pidieron la cancelación de cualquier medida que los convoque en ese contexto sanitario. 

Tras el amparo, se declaró la nulidad de la factibilidad ambiental y la licitación de los loteos porque no se siguió el proceso establecido en la ley nacional N° 25675. Peñaloza contó que en plena feria judicial empezaron con la licitación de los terrenos, pero tuvo que ser suspendida porque no contó con la participación ciudadana. 

No obstante, volvieron a activar el proyecto en 2021. En ese momento, ya tenían la aprobación de la factibilidad ambiental, y llamaron a una audiencia pública en el departamento El Carmen. Sin embargo, el campesino jujeño aseguró que en la audiencia existió un masivo rechazo al proyecto, pero  "fueron groseramente ignoradas por el gobierno". 

En ese sentido, la abogada aseguró que se está "invisibilizando tanto a los campesinos como a los derechos que los protegen", en los planos internacionales, nacionales y provinciales. "Si bien los campesinos participaron de las audiencias, el expediente refleja la invisibilización de los mismos porque (el gobierno provincial) entiende que en la parte que se va a lotear, no vive nadie y tampoco se produce". 

Peñaloza afirmó que en esas consideraciones, tampoco se contempló que al realizar los desmontes en las hectáreas, se afectaría de manera directa a toda la producción campesina. Por tal razón, dijo a Salta/12 que nuevamente llevarán adelante las medidas judiciales correspondientes para frenar dicho proyecto.

Al mismo tiempo, recriminó que este tipo de acciones van en contra del discurso que promueve Morales, donde presenta los slogans de Jujuy Verde y Pachamama, yo te cuido. "Claramente eso no los tiene en cuenta cuando se trata de los derechos campesinos, y sólo busca favorecer a sus socios empresariales", sentenció. 

Todo en regla 

Con la ley 6049, se creó como autoridad de aplicación a la Agencia de Desarrollo Sostenible de la Provincia, que en la actualidad está a cargo de Víctor Hugo González. El funcionario dialogó con Salta/12, y aseguró que en el proyecto de eco desarrollo en la zona de los diques, se respetaron todos los procesos establecidos en las legislaciones. En ese sentido, detalló que se cumplió con la audiencia pública, se dieron algunas correcciones al estudio de impacto ambiental y los llamados a licitación se publicaron en los medios; lo que posibilitó que entre ayer y hoy, se abrieran los primeros sobres. 

González aclaró que el proyecto en cuestión corresponde a 12 hectáreas que fueron divididas en 68 lotes, de los cuáles hoy, se están terminando de abrir los primeros 20 sobres. Esa división de lotes, contará con tres procesos de licitación. 

"Nosotros hicimos todos los pasos legales y administrativos correspondientes", manifestó, y aseguró que "no hay peligro" para las familias campesinas porque "la idea es que estén incluidos manteniendo su territorio". Por eso, afirmó que no había posibilidad alguna de desalojo dado que lo que buscan es "coordinar un crecimiento también para ellos". 

De acuerdo a lo que informó el funcionario, y reconocieron las familias campesinas, existe una ausencia notable de las redes agua potable en la zona. Por ello, el Ejecutivo provincial consideró que con la venta de loteos, se van a poder emprender proyectos de agua "no solamente para la gente que forme parte del proyecto de eco desarrollo sino que se podrá llegar a todo el valle", sostuvo González.

Contó que la nueva ley se originó porque la anterior no permitía que las familias que estaban allí ubicadas puedan estar en ese lugar, dado que era una reserva natural. Además, dijo que no tienen novedades respecto al caso que está en la CSJN, y aclaró que lo sucedido en 2018, es cosa aparte porque "se comenzó un proceso nuevo" que cuenta con "toda una participación ciudadana". 

"Desde el gobierno provincial no se quiere desalojar a ningún campesino, sino coordinar con ellos para que sigan manteniendo su idiosincrasia y desarrollar la zona para dar trabajo en lo que hace a obras y turismo rural comunitario", expresó. 

Por la defensa del territorio campesino 

Una de las voceras de la organización campesina de Los Perilagos y el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Esperanza Pereyra, aseguró que desde que tuvieron conocimiento de este proyecto, hace 5 años, están tratando de detenerlo. El campesinado asegura que estos primeros 20 lotes, son utilizados como campo de pastaje comunitario hace décadas, al menos, cuatro generaciones que desarrollan la ganadería familiar, gaucha y campesina en la zona.

Pereyra dijo que en cada una de las manifestaciones que realizaron, denunciaron que el proyecto afecta la flora, la fauna, las condiciones de vida de las familias y el trabajo de la agricultura familiar. En ese sentido, denunciaron los desmontes producidos en plena medidas ASPO, en los 20 lotes licitados. 

La zona de los diques, según la nueva ley, comprende a los diques y embalses de La Ciénaga, Las Maderas, Catamontaña, Los Alisos y Los Molinos, más sus obras complementarias y zonas aledañas, incluyendo su espacio aéreo. Por eso, y ante el avance del proyecto, las organizaciones campesinas volvieron a reivindicar que están en defensa del territorio, bregando por la protección de cada uno de los recursos naturales que hay alrededor. 

Por su parte, el integrante de la organización campesina de Los Perilagos, Miguel Rodríguez, sostuvo que el proyecto de Morales, "es un atropello contra los lugareños", dado que la gran mayoría de las familias campesinas, se contabilizan cerca de 100, mantienen su forma de vida a base de la agricultura y la producción ganadera. 

"Estamos en contra del loteo porque no nos están respetando", expresó, asegurando que el espacio donde viven es un espacio abierto que es utilizado para el pastoreo comunitario haciendo "un uso racional del monte", dado que "nuestros animales conviven en armonía con la flora y la fauna". 

También denunció que desde hace años, el grupo de campesinos está buscando mejorar su calidad de vida, en cuanto al crecimiento de la producción y servicios básicos. Pero los intentos por avanzar en ese propósito no prosperaron. Un ejemplo, es que en 2015, presentaron un proyecto en la Legislatura jujeña para que el área sea reconocida como una zona campesina, como ya ocurre en la puna, pero no avanzó. 

Las familias y organizaciones campesinas se manifestaron pacíficamente durante la mañana en la plaza central Belgrano, de San Salvador de Jujuy, pero igualmente fueron increpados por efectivos de la Policía de Jujuy, quienes les ordenaban que desarmen un gazebo que habían colocado en el lugar.