Milagros tiene 17 años. Desde diciembre de 2020 está detenida en una celda del Instituto de Asuntos Juveniles Femenino de Rosario, un eufemismo para designar a una cárcel para niñas y adolescentes. Durante meses ha sido la única persona alojada allí. El juez de menores de Venado Tuerto le adelantó –según relató su mamá- que no puede otorgarle prisión domiciliaria porque cuando sea mayor va a ir a “una cárcel de grandes”. Analía, la mamá de Milagros, vive en Venado Tuerto, es empleada de casas particulares y viaja cada sábado para verla. “Mi dolor, mi angustia, está en la falta de Osmar y en no tener a mi hija acá conmigo, aunque sea con arresto domiciliario. Eso es lo que yo más le pediría al juez”, cuenta Analía por teléfono. El viernes 18 de diciembre de 2020, llegó a su casa y encontró a Osmar, su marido, muerto. El homicidio había ocurrido al mediodía. Llamó a sus dos hijos: Kevin y Milagros. El domingo, Milagros fue detenida, al igual que quien era su novio, Alejandro Romero. En una resolución del 20 de octubre de 2021, el juez penal Benjamín Revori declaró a la adolescente “penalmente responsable” del delito de coautoría material de homicidio agravado por el vínculo.

“Justicia para Osmar, Libertad para Milagros”, es lo que pedirá Analía en los próximos días, acompañada por distintas organizaciones feministas de su ciudad. La falta de perspectiva de género del fallo lleva al juez a considerar que la joven es “fabuladora y manipuladora” y así desoír los testimonios sobre la violencia de género que sufrió antes del hecho. Milagros le contó a su mamá que estaba amenazada por Romero, su novio, quien le había dicho que mataría también a su madre y a su hermano. “El supuesto temor insuperable o paralizante derivado de amenazas no era tal, y ello deviene prístino de sus propios dichos, lo que permite concluir que la alegada situación es fatalmente mendaz y tal fuerte indicio contradice de plano su versión exculpatoria”, dice el juez y llega a conjeturar que “si Milagros hubiera querido salvar la vida de su padre, tenía capacidad y voluntad para sobreponerse a cualquier hipotética amenaza”.

En toda la resolución de 96 páginas, sí considera veraces y creíbles los testimonios que incriminan a Milagros. El juez descalifica el informe de la cátedra de Paidopsiquiatría firmado por las psicólogas Anahí Ascolani y Liliana Ominetti. “Es paradigmática la toma de posición que asume la Ps. Ominetti en su informe, al indicar que la encausada era ‘víctima de un suceso horroroso’. No hay dudas de que el suceso investigado es horroroso, pero Milagros no es la víctima”, dice el juez, quien considera que la conclusión de la cátedra “se basó únicamente a partir de los datos obtenidos del objeto de estudio, es decir, de la menor”.

Con esto, el magistrado no solo descree de la palabra de la niña sino que desoye la gravedad de la situación de la que era víctima: hostigamiento y violencia psicológica.

La defensora pública de Milagros, Gabriela del Castillo, presentó un pedido para que cese la detención de la joven, mientras se sustanciaba el proceso. Pero el 29 de marzo de 2021, ese pedido fue rechazado por el juez de menores Javier Prado. Entonces, solicitó que la adolescente pudiera seguir detenida, pero en su casa, y eso también fue rechazado en mayo de 2021.

Más allá de las pruebas que el juez analiza, y cómo las analiza, la prolongada detención de Milagros está en colisión con los estándares internacionales de derechos humanos respecto de la privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes. Según el Comité por los Derechos del Niño, en su observación general número 14, del 29 de mayo de 2013, “la consideración del ‘interés superior del niño’ —definida en el artículo 3— implica que ‘los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, la represión o el castigo, deben ser sustituidos por los de rehabilitación y justicia restitutiva”.

Mantener detenida a Milagros, y no permitirle que vea a otras personas de su edad, es privilegiar el castigo.

Más allá de leyes, tratados y convenciones, Analía recuerda el 18 de diciembre de 2020. “Fue una tarde horrible para nosotros. Cuando llegó Milagritos, ella estaba en shock, no hablaba, no lloraba. Ella estaba conmigo, me agarraba la mano, todo conmigo, y a la noche me decía ‘yo tengo miedo’. Y cuando ella declaró, lo único que dijo fue que le avisó al padre que no pasara al baño y Osmar pasó, y pasó lo que pasó”, cuenta Analía, quien recuerda que su hija le dijo: “Mami, me bloqueé, no pude hacer nada. Por eso yo pido justicia porque, como dice el juez, ella quedó detenida por ser parte de la familia, por un vínculo familiar, pero si ella no lo tocó al padre, ella no hizo nada, ella quedó ahí encerrada. El loco la encerró y ahí pasó lo que pasó”, ruega la mujer de 45 años.

Para Analía está claro que su hija “no lo planificó, ella fue amenazada por Alejandro, todo el tiempo. Ella fue una víctima más como mi marido, ella jamás hubiera planificado matar a su padre, como ella quería a su padre y el padre como la quería a ella. Jamás, jamás”.

Y parece responder a la resolución judicial que casi le exige a la joven –entonces de 16 años- una actitud heroica. “El juez dice que ella tendría que haber hecho otra cosa, no sé adónde quería que saliera, si mi casa estaba toda llena de rejas y la puerta de atrás estaba con llave. La nena no tenía escapatoria. No sé a qué llama que ella planificó, que quedó piola con decir bueno, sí, matalo y ya está. No, ella se shockeó, ella quedó ahí”, expresó Analía.

Los dolores se le acumulan. “A mi marido lo amaba, como les digo a mis hijos, pero el dolor más grande que tengo, más allá de la pérdida de papi, es verla a Milagros en ese lugar, en la cárcel, eso es un dolor”.