El 24 de agosto de 2021 la médica Miranda Ruiz, residente del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, realizó una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a una joven de 24 años. Los familiares de la mujer se enteraron, denunciaron a la profesional, y el 3 de septiembre, a solo 10 días del hecho, el fiscal penal Gonzalo Vega, y el juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta, apresaron a Ruiz durante unas horas.

El 13 de enero pasado, Aldana Quico, una adolescente wichí de 18 años, falleció tras agonizar 12 horas y pedir a los gritos una cesárea para que le saquen el feto muerto de su vientre. La familia denunció al médico Patricio Parra Marín por no haber actuado a tiempo. En principio, el profesional habría pretendido que la chica expulsara al feto a través de un parto normal. A 23 días de esta denuncia, radicada también ante la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Tartagal que encabeza Vega, se continúa con las “actuaciones preliminares”, informó el Ministerio Público Fiscal de Salta.

Salta/12 pudo constatar que Vega está de licencia, dado que “trabajó toda la feria” judicial de enero, por lo que fiscalía se encuentra actualmente subrogada por el fiscal Rafael José Medina. Según se informó, ahora “se están tomando testimonios, tanto al personal del Hospital como a miembros de la comunidad, con la dificultad de que lo hacen con intérpretes registrados ante la Corte (de Justicia) y no siempre están disponibles”. Se añadió que existe un contacto permanente con los distintos grupos que representan a las comunidades que siguen de cerca el desarrollo de la causa. “Se analizan la historia clínica, informes médicos solicitados y apenas haya un dictamen, lo estarán informando”, se indicó. 

Aunque la práctica que realizó Ruiz está amparada por la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que dispone la obligatoriedad de brindar cobertura integral y gratuita a quien solicite una práctica de este tipo, Vega decidió ampliar la imputación en contra la médica bajo la figura de homicidio. Ya se pidió el sobreseimiento de Ruiz, la única imputada en el caso pese a que actuó junto a un grupo interdisciplinario del Hospital, no hubo resolución en ese sentido.

En cambio, en el caso de Quico, el médico Parra Marín habría infringido la Ley 25.929 de Parto Respetado, que protege a las gestantes de la violencia obstétrica, pues se omitió actuar ante los reiterados pedidos de la adolescente, que finalmente falleció.

La titular de la de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG), Perla Prigoshin, se refirió en una nota a Radio Nacional sobre el caso. "Ella pedía tener acceso a una cesárea, no atravesar el proceso de parto cuando el resultado no iba a ser un bebé que te sonría y que vaya a ser tu hija o tu hijo", sostuvo. Agregó que la juventud de la parturienta y la soledad en la que se encontraba en ese momento, la colocaron en una posición de extrema vulnerabilidad. La CONSAVIG ya solicitó a las autoridades sanitarias de la provincia que actúen en consecuencia con el médico señalado.

“Yo no amparo ni protejo a nadie”, aseguró a su turno el ministro de Salud de Salta, Juan José Esteban, al reconocer que, si bien se inició el sumario contra Parra Marín, mientras no haya dictamen administrativo continuará en su cargo.

Los movimientos de mujeres vienen señalando que la persecución judicial a Miranda Ruiz responde a una justicia patriarcal y a sectores antiderechos que pretenden aleccionar a una médica que garantiza el acceso al derecho de abortar en el norte provincial. La comparación entre la actuación de los operadores judiciales en su caso y en el de Aldana Quico parece demostrar que esa afirmación se asienta en la realidad.