aura tiene que pagar el alquiler, está embarazada y tenía planeado comprar la cuna con un plus que recibe todos los años. Pero se acaba de enterar que su sueldo va a bajar al mismo ritmo que crece su panza. Viviana viaja casi dos horas a su trabajo de ida y vuelta. Tiene mareos, la cintura le cobra la falta de descanso, pero no puede hacer reposo porque necesita llegar a pintar la pared de un cuarto para la beba que está esperando. Cynthia es madre soltera y no tiene con quien compartir los gastos de pañales, ni las levantadas nocturnas. Si ella no lleva la plata para la comida y el jardín de su otro hijo nadie lo hace. Romina buscó el embarazo cuando se sentía bien con su pareja y podían pensar en construir una pieza para su hijo/a. Ahora no sabe si parar la obra o seguir adelante a base de deudas. Daniela quería arreglar un auto que ya vive más en el mecánico para no arriesgarse a sufrir náuseas arriba de los dos colectivos que se toma del trabajo a su casa. Pero si se le achican los ingresos no se anima a nada. Karina ya había visto un cochecito y se había imaginado la ropa, los juguetes y la forma de salir a la calle con su hija de paseo para enfrentar el frío del invierno. Su imaginación se detuvo. Nunca ni a ella, ni a ninguna, se les cruzó por la cabeza que por ser madres les iban a descontar de su cuenta sueldo la licencia de maternidad de noventa días que es obligatoria para todas las madres de la Argentina. Pero lo inimaginable sucedió y les dio más náuseas durante el embarazo y puerperio. 

Laura, Viviana, Cynthia, Romina, Daniela y Karina son algunas de las trabajadoras -con reserva de su identidad para que no corran riesgo sus fuentes laborales- de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), a las que pudo entrevistar Las/12, y que ven cercenados sus derechos a la maternidad y a la igualdad salarial y de oportunidades por una medida tomada por un organismo público de la Provincia de Buenos Aires. En ARBA las mujeres que se tomen licencia por maternidad (un derecho que no tiene opción legal de rechazar o achicar) van a ver recortados sus ingresos. El Director del organismo, Gastón Fossati, decidió que un plus por productividad histórico en el organismo (que ya forma parte del cálculo de ingresos de los y las trabajadoras) se les iba a quitar a quienes se tomen cualquier licencia, incluso la de maternidad, adopción y cuidado de hijos e hijas. No se sabe que va a pasar con las horas menos para garantizar la lactancia exclusiva de seis meses que recomienda el Ministerio de Salud. O si van a poner a elegir a las mujeres entre dar la teta o llegar a fin de mes.

En ARBA justifican la medida en que deben llegar a una recaudación de un monto aproximado de $200.000 millones. Sin embargo, la especialista en política social comparada de la Universidad de Costa Rica Juliana Martínez Franzoni, refuta: “Sujetar medidas de productividad al no uso de un derecho sería como incentivar que la gente no se vacune para no usar los servicios de salud. Posiblemente se ahorren una vacuna, pero las consecuencias serían mucho más graves que el costo de una vacuna. Las licencias son un derecho que debe ser estimulado para su uso pleno. Ya con las licencias tan cortas que hay en la Argentina las mujeres de mayores ingresos pueden tomar licencias más largas y las mujeres con menores ingresos o que no conviven con una pareja que no las mantiene económicamente (que es la realidad de la mayoría) no pueden hacerlo. Por eso, esta medida va a contrapelo de las recomendaciones internacionales y de la búsqueda por asegurar los cuidados básicos. Los países más desarrollados tienden a fortalecer la presencia de madres y padres durante los dos primeros años de vida. Cuando el Estado incentiva que la gente no tome licencias deja librado los cuidados al bolsillo de la gente, a la capacidad de pago, al mercado y, por lo tanto, genera injusticia”. 

En ARBA el premio por productividad se va a abonar en mayo y septiembre del 2017 y en enero del 2018. En principio se anunció que la medida iba a ser retroactiva para las personas que se hubieran tomado licencias el año pasado. Finalmente, se dio marcha atrás con quitar derechos sin anuncio. Pero se mantiene firme, hasta ahora, el quite de ingresos por licencias, inclusive, parentales. De todos modos, con una licencia por paternidad híper escasa el quite monetario recaería en las cuentas saqueadas de las trabajadoras ya que el descuento es proporcional a los días de licencia. Para colmo la plata quitada a las mujeres (el remanente de los quites a todas las personas que se tomen licencias pero que en el caso de las embarazadas es el único caso en donde no pueden dejar de hacerlo y cuando los hijxs se enferman son mayoritariamente las mujeres) entre toda la planta con lo que la brecha de género entre varones y mujeres (con un promedio nacional de 27 por ciento) se vería ampliada. Las mujeres serían las que, en mayor medida y obligatoriamente (salvo que se realicen partos en las delegaciones fiscales y se saltee la obligatoriedad de cumplir con los días de licencia maternal) se tendrían que tomar días para compartir un piso mínimo de 45 días con un/a recién nacido. En dinero constante y sonante una mujer que se tomen licencia por maternidad puede sufrir una multa en sus ingresos, en ARBA, de aproximadamente, 13.500 pesos. Y si el bebé es prematuro (y la licencia más larga) el recorte a la plata que se le va a evaporar del cajero puede llegar a 20 mil pesos. La maternidad nunca es gratis. Ni en trabajo no remunerado, sueño, tiempo, esfuerzo, cuerpo, salud y sacrificios intangibles que no pueden, siquiera, ser contabilizados. Pero, en este caso, implica directamente, una forma de quita salarial que agrava todas las desigualdades que recaen en la espalda de las madres.

“La normativa es discriminatoria porque ni siquiera los objetivos (de productividad y recaudación) son personales, pero se le descuenta las embarazadas y otros afectados. Representa el equivalente a dos sueldos por año y se incluye tácitamente en la negociación por paritarias. Y para una embarazada o recién parida es con lo que contas para gastos como cochecito, ropa, preparación de la casa y pañales”, denuncia otra de las afectadas por el descuento por panza. A otra de las trabajadoras su proyecto de vida se le atragantó con las malas nuevas: “En el verano decidimos con mi compañero tener un hijo, hacia un tiempo soñábamos con eso pero este verano lo decidimos. En el mes de marzo nos enteramos de que vamos a ser padres, mi compañero trabaja de electricista  y no tiene un sueldo fijo. En ese momento empezamos a planificar agrandar la casita que es muy pequeña y ahora vamos a necesitar mas espacio. Estos días no son fáciles, estoy muy cansada, todo el tiempo con nauseas pero eso no impide que yo cumpla como desde el primer día en que entre a trabajar en la agencia, es un gran esfuerzo. Siento un profundo dolor por la gente enferma, por quien no podrá faltar para llorar sus muertos y otros que dejarán de ser donantes de sangre y órganos por esta mala decisión. Pero, en lo personal, me produce dolor porque durante cinco años siempre di lo mejor de mí yahora que decido ser madre se me restringe económicamente. La injusticia me duele”. 

Fossati no accedió al pedido de entrevista de Las/12, tampoco se brindaron datos sobre a qué cantidad de trabajadoras, embarazadas y madres afecta el recorte a su bolsillo. Pero estimaciones gremiales calculan en cien la cantidad de embarazadas y puérperas que verían recortados sus ingresos por la medida. Mientras que en el organismo confirmaron que se trata de un sistema de “premios y castigos” a quienes concurran (o no al organismo) por hacer uso de licencias que no sean vacaciones. La información oficial de ARBA califica la decisión como “Una medida equitativa que no implica ahorro ni ajuste” y resaltan que “Los cambios no vulneran ningún derecho”. En uno de los carteles de repudio de las trabajadoras se ve una foto de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal tocando la panza de una embarazada con el lema “Fossati vos no pensas lo mismo”. 

No se trata solo de buenas intenciones, sino de la salud de bebés recién nacidos. “La semana pasada me tuve que tomar tres días porque mi bebe estaba con fiebre y me los descontarían en el segundo incentivo”, se lamenta una trabajadora de ARBA. Mientras que la comunicación oficial del organismo recaudador de impuestos de la Provincia de Buenos Aires promueve una idea de equidad inspirada en un liberalismo rabioso y una meritocracia en donde la maternidad no tiene ningún mérito ni se considera productiva, a pesar, incluso, que uno de los graves problemas fiscales, a largo plazo, es estimular la maternidad para que haya futuros contribuyentes en sociedades donde el envejecimiento de la población pone en riesgo el equilibrio demográfico que, según estimaciones difundidas por CIPECC, en la Argentina va a entrar en crisis en solo treinta años. “Este mecanismo contribuye a la equidad y posibilita una evaluación objetiva del aporte que cada trabajador realiza para lograr las metas comprometidas. En la práctica, la redistribución del incentivo en función del factor de presentismo implica que aquel agente que trabajó mayor cantidad de días cobrará más, en términos proporcionales, que quien trabajó menos. Los cambios implementados generan una evidente mejora para nuestro capital humano y no vulneran ni afectan ningún derecho premiando el presentismo y la prestación efectiva de servicios y reconociendo el mérito y el esfuerzo a partir de una fórmula más equitativa y transparente”, asegura la comunicación oficial de ARBA. El mérito tiene género según esta medida porque si un trabajador es padre va a cobrar la productividad mientras la madre de su hijo da la teta, lleva al pediatra, cambia pañales y no pega un ojo. Pero el desmérito de las mujeres, en cambio, les va a costar (demasiado) caro por improductivas. 

EN ARBA el plus por productividad es histórico y parte de los ingresos ya calculados por sus trabajadoras. En la Administración Nacional, en cambio, es una novedad incorporada por una paritaria muy baja (de 20 por ciento) acordada por el gremio UPCN y que tiene como novedad un plus por presentismo y productividad, pero que también, excluye a las personas que se tomen licencia salvo a quienes realicen estudios secundarios y universitarios, pero no exceptúa a las mujeres que se tomen licencia por maternidad o cuidados por hijos/as enfermos. Esta medida afectaría a 76.000 contratados/as y 15.000 o 20.000 personas de planta. Y fue firmada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a pesar que también afecta el derecho básico de la protección a la maternidad y la igualdad salarial entre varones y mujeres. 

Laura Sotelo, delegada y responsable de género de ATE Capital, subraya: “Repudiamos la paritaria cerrada por UPCN donde no se recupera el salario perdido ni alcanza la inflación sino que además se agregan sumas por productividad y presentismo donde se entiende el trabajo como meritocracia. El presentismo afecta a las mujeres que cargamos con los cuidados y las responsabilidades de la casa. Esta medida es inconstitucional y vamos a ver las consecuencias en el bolsillo”. 

Mientras que Gala Díaz Langou, Directora del Programa de Protección social de CIPPEC apunta: “En el caso de ARBA se trata de una medida que obstruye muy directamente el derecho a igual salario de las mujeres. Se trata de una medida que enfatiza la discriminación por género en el mercado laboral. Mientras se mantenga el actual régimen de licencias por maternidad y paternidad, su sesgo materialista implica que penalizar las licencias es penalizar la maternidad y reforzar los obstáculos para una mayor y mejor participación laboral de las mujeres. El Estado debería modificar el régimen actual de licencias, contribuyendo a su universalidad y co-parentalidad, tal como venimos proponiendo desde CIPPEC junto con UNICEF y ELA. Al restringir las ganancias de las mujeres por ser madre, se sigue ampliando la brecha laboral e, indirectamente, se refuerza el techo de cristal. También se contribuye a la profundización de la femenización e infantilización de la pobreza”. Por su parte, Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social de UNICEF enmarca: “En Argentina tenemos un régimen de licencias que está significativamente por debajo de los estándares internacionales. Asistimos a algunos debates donde la asociación entre productividad, licencias familiares y cantidad de trabajo está basada en una falsa percepción de que la maternidad es costosa, tanto para el sector público como para el privado, reforzada por una convicción ideológica, también falsa, de que el trabajador ideal es que el que está ‘siempre disponible’ y que la dedicación al trabajo de las mujeres disminuye cuando están embarazadas o son madres. La mayoría de los países desarrollados (y algunos países vecinos) implementaron períodos de licencia de maternidad acordes o superiores a las recomendaciones internacionales, ampliaron las licencias por paternidad e incorporaron licencias familiares, sin que ello haya implicado desbalances en los sistemas de seguridad social ni pérdidas de productividad. Por el contrario, los países que resolvieron este desafío lograron asegurar niveles de pobreza infantil bajos; desarrollo de servicios de calidad; alta participación de las mujeres en el mercado laboral y sostenimiento de tasas de fecundidad. No puede existir regresividad en derechos fundamentales”.