Desde hace un tiempo asistimos a un acto de sinceramiento repetido: Mauricio Macri y sus exfuncionarios/as desean, piden, ruegan y hacen todo lo posible para que las causas judiciales que los comprometan tramiten en Comodoro Py. Luego logran su cometido, porque siempre hay alguien en esos tribunales dispuesto a recibirles. ¿Por qué tanto cariño por los tribunales federales porteños? Parte de la respuesta está en un conjunto de causas cuyos nombres son casi tan conocidas como marcas comerciales:  Correo, Parques Eólicos, Peajes y Ausol, Espionaje, D'Alessiogate, FMI, Mesa Judicial, Odebrecht, Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), aportantes truchos, Paseo del Bajo. Un grupo abarca los meganegocios de la familia Macri al calor del gobierno de Cambiemos y los de un abanico de CEOs amigos que participaron de la gestión. Otro, revela la maquinaria de armado de acusaciones penales contra opositores, de denuncias contra jueces/as no funcionales al macrismo así como el uso de espionaje, todas operatorias que, a fin de cuentas, comprometen al propio sistema que las juzga. Son casos de enorme relevancia con un rasgo común: parece que las investigaciones se mueven, que pasan cosas pero en el fondo pasa poco y nada. 

En los últimos años el comportamiento del fuero federal --donde claro que siempre hay excepciones-- pasó por un ciclo devastador de uso político de causas en trámite, que atacó todo lo que pareciera signo de populismo, llevó gente a la cárcel y se alimentó de la espectacularidad mediática interesada. En la fase actual, las investigaciones contra el macrismo mezclan parsimonio, medidas de prueba rutilantes y efímeras y recursos dilatorios, de ahí que sus referentes busquen los tribunales de Retiro como si fuera su hogar dulce hogar. El resultado es el blindaje, no siempre en los juzgados de primera instancia. En todo caso, hay que mirar a la Cámara Federal, anuladora serial de procesamientos, donde tres de sus seis integrantes fueron nombrados por Macri: Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los dos últimos a dedo. La Cámara de Casación también merece atención: cinco (Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone) de sus 12 miembros fueron designados por Cambiemos. En la Corte Suprema, que cierra el círculo, tiene dos cortesanos del gobierno anteiror, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. 

El muestrario de expedientes en cuestión ofrece una síntesis de lo que pasa cuando se juntan los factores de poder económico, los intereses de la derecha y los mismos actores judiciales: Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, El operador judicial de Macri, se fugó a Uruguay hace más de un año y nadie lo toca; Llorens y Bertuzzi pulverizaron la megacausa de espionaje que mostraba una clara trama para hacer inteligencia ilegal con fines políticos con epicentro en la Casa Rosada; los pocos procesamientos que hubo por negocios como los peajes terminaron nulos. Es fácil advertir cuánto más "expeditivos" fueron los juicios contra Cristina Fernández de Kirchner y otros. 

Peajes y autopistas

Es una causa sobre un negociado del gobierno de Macri para beneficiar Autopistas del Sol, de la que los Macri tenían el 7%. El Estado les pagó 499 millones de dólares por un supuesto retraso tarifario y renegociaron el contrato hasta 2030 sin licitación. Sus acciones, que valían 4 pesos en 2015 llegaron a 75,50 después de un aumento de los peajes del 270%. Ahí SOCMA --eje del grupo-- vendió su parte a 20 millones de dólares a una empresa sin antecedentes en el rubro. El exjuez ya jubilado Rodolfo Canicoba Corral calculó un fraude al Estado de 746 millones de dólares y dictó procesamientos y la Cámara (Bruglia y Martín Irurzun) los anuló. Los beneficiarios: Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Bernardo Saravia Frías y Javier Iguacel. La jueza María Eugenia Capuchetti dictó faltas de mérito y ordenó una pericia. Hoy el juez es Daniel Rafecas.  

Parques eólicos 

La sospecha: que el Gobierno de Macri favoreció a empresas de su grupo en la compra y venta de seis parques eólicos en Chubut y en Miramar con una ganancia mayor a 70 millones de dólares. Los proyectos de energías renovables fueron comprados a la española Isolux a través de tres empresas (Usir, Sidsel y Sideli) ligadas a SIDECO con terminal en la firma Raimbow Luxemburgo, manejada por Gianfranco Macri. Luego los vendieron a Goldwind y a Genneia. La causa data de enero de 2018. Mariano Macri, el menor de los hermanos, había dicho en el libro "Hermano", de Santiago O'Donnell, que fue un negocio de Mauricio con Gianfanco de testaferro, pero ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi declaró que no tenía pruebas. El juzgado acumuló documentación de la trama, pero espera hace meses sin éxito el testimonio de Mariana Nannis, quien involucró a su exmarido, Claudio Paul Caniggia con Macri. Nunca hubo indagatorias. Los imputados son Mariano Payaslián, Gianfranco Macri y Energía Juan José Aranguren. 

El Correo y el Grupo Macri 

En 2016 el Correo Argentino, del grupo Macri, firmó un acuerdo con el Estado nacional, con Macri en la presidencia, para licuar el 98,87 por ciento de la deuda millonaria, que lleva más de 20 años sin pagar. La fiscala ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, denunció y logró que el pacto no se ejecutara. También se abrió una causa penal. El primer fiscal del caso, Juan Pedro Zoni, incluyó entre los imputados al expresidente. Rápidamente lo sacaron de Comodoro Py y pasó a una fiscalía ordinaria. El fiscal que siguió, Gerardo Pollicita, imputó al exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, a su exdirector de asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, al presidente del Correo, Jaime Cibils Roboriosa y al apoderado Jaime Kleidermacher. El juez Ariel Lijo los indagó en marzo de 2019, pero nunca resolvió su situación procesal. Dos informes técnicos de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) ratificaron que el acuerdo del Correo fue "ruinoso" y "abusivo" y que el intento de quita fue mayor al 92%. El Correo habla de un 45%. En noviembre declararon técnicos pedidos por las defensas. Cinco mese antes había sido declarada la quiebra. No pasó más nada. 

Mesa judicial 

* El día que la jueza Casación Ana María Figueroa contó que el exsubsecretario de Justicia, Juan Mahiques, le pidió que apurara un fallo para confirmar la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán, se abrió una caja de pandora y una causa. "Fui la primera víctima del lawfare”, declaró. Están identificados ataques y presiones a otros jueces como Alejo Ramos Padilla, Eduardo Freiler, Martina Forns, jueces laborales y la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, entre otros. La pesquisa reconstruye esa persecución desde una "mesa judicial" con "Pepín" Rodríguez Simón, el exministro Germán Garavano, el exsecretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, y hay una línea de investigación que involucra a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por espiar a Gils Carbó, y podría llegar a Macri. Varios organismos estatales juntaban información patrimonial sobre jueces, jueces y la exprocuradora, a quien "Pepín" le mandó a decir que si no renunciaba irían presas ella y sus hijas. En 2021 la Cámara se dedicó a revocar medidas del fiscal Franco Picardi como el pedido de ingresos a la Casa Rosada y Olivos; la jueza María Eugenia Capuchetti excluyó un informe de la DAJuDeCO sobre expresiones públicas de funcionarios cambiemitas para hostigar. 

*La acción de la mesa judicial aparece en la causa por extorsión y amenazas a los accionistas del Grupo Indalo --que estuvieron presos dos años y al final fueron absueltos-- por la que Rodríguez Simón huyó a Uruguay en diciembre de 2020 y pidió refugio político. Allí está irresuelta su situación. Están imputados el propio Macri, los extitulares de la AFIP, Leandro Cuccioli y Alberto Abad, José Torello y Mario Quintana, entre otros. La jueza indagó a hombres de la AFIP y procesó a uno de ellos, Sebastián Paladino pero la Cámara Federal lo revocó. En el análisis de los celulares aparecieron, por ejemplo, 59 llamados del supremo Carlos Rosenkrantz con Rodríguez Simón. 

*Los vínculos de ciertos jueces con Macri y las decisiones funcionales a lo que buscaba aquel gobierno son investigados: una causa analiza las visitas de los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Mariano Llorens a Macri, pero sin grandes novedades. 

Espionaje 

El espionje sobre opositores, dirigentes propios, sindicalistas, organizaciones sociales, empresarios, periodistas y dentro de la cárcel de Ezeiza, fue una matriz del gobierno de Macri. Lo revelaron dos causas que llegaron a enormes resultados por fuera de Comodoro Py: una en Lomas de Zamora, a cargo de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, y otra en Dolores, a cargo de Ramos Padilla y luego Martín Bava. La segunda mostró, además, el entramado con agentes inorgánicos, como Marcelo D'Alessio, y las conexiones con la justicia, y en el caso puntual con los fiscales Carlos Stornelli y Juan Bidone. En la rama que investigó el espinaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, fue procesado el mismo Macri. Otro tramo que desnudó el proyecto AMBA, las bases de la AFI en territorio bonaerense, cobró relieve con la aparición del video de la "Gestapo" antisindical. Todo este paquete consiguió, como buscó Macri, mudarse a Comodoro Py. La causa que llegó de Lomas, donde desde el exdirector de la AFI, Gustavo Arribas, para abajo, estaban todos procesados, fue destrozada por los camaristas Llorens y Bertuzzi que dijeron que fue un sunto de cuentapropistas. La causa la tiene Martínez de Giorgi, que también instruye el caso del espionaje a periodistas en el G20, con pedidos de indagatoria de la fiscalía sin resolver. El D'Alessiogate lo tiene Julián Ercolini y los camaristas son Bertuzzi, Bruglia y Llorens. 

El acuerdo con el FMI

El acuerdo del gobierno de Macri con el FMI y sus consecuencias también se investigan: rastrea la violación de normas para suscribirlo y busca identificar a los responsables aumento de la formación de activos externos (fuga de dólares), con la desregularización de controles cambiarios y a los beneficiarios. Picardi pidió un equipo interdisciplinario del Banco Central y la AFIP para analizar a qué se destinó el dinero, que sigue en veremos; espera respuestas de la Comisión de Valores; la Procuración del Tesoro pidió citaciones a los funcionarios del FMI que participaron en la aprobación del megacrédito. 

Más causas casi perdidas

En el viejo caso del soterramiento del Tren Sarmiento, el fiscal Picardi dio por probado que las empresa Iecsa, del primo de Macri, Angel Calcaterra, pagó coimas. Hubo procesamientos, también a funcionarios, pero la Cámara anuló todo. El fiscal insistió, pero hace tres años que no pasa nada. Iecsa era la beneficiara de la megaobra del Paseo del Bajo, por la que Horacio Rodríguez Larreta tuvo una causa, cerrada sin siquiera indagarlo. Otros casos desvanecidos: el de los aportantes truchos para justificar aportes de campaña de Cambiemos, el espionaje a comunidades mapuches donde fue señalada Patricia Bullrich, los manejos con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses de Luis María Blaquier, desprocesado por la Cámara. 

La marca suprema

La Corte Suprema marca el paradigma de arte de manejar los tiempos, a veces en resguardo de los jueces/zas inferiores. Un ejemplo claro, la última semana, lo marcó Carlos Beraldi, el abogado de CFK, cuando denunció que en la causa de espionaje donde ella es querellante los supremos dejaron pasar ocho meses sin decir nada subre su planteo contra la sala de Casación (Carbajo y Borinsky) que llevó el caso a Comodoro Py y al cabo de ese tiempo ¡Se excusaron! En el medio, la causa se mudó y nació la teoría del cuentapropismo. La Corte estila retener temas para aplicar lo que el fallecido Carlos Fayt llamaba "cronoterapia" (que el tiempo resuelva) o como forma de presionar política y económicamente (como una vieja demanda colectiva de jubilados o las causas por coparticipación). Beraldi contó que CFK tiene más de una decena de recursos en la Corte por causas en su contra hace años. Uno es el que cuestionaba el inicio del juicio de Vialidad. El alto tribunal nunca resolvió nada, y el juicio ya lleva más de dos años. En cambio, ante el pedido de Bruglia y Bertuzzi para evitar que los saquen de la Cámara, aceptó un per saltum. El dúo sigue ahí, con una función central en toda esta maraña.  


Un poder aparte

Opinión I Por Federico Delgado *

“Con el paso del tiempo y con la sedimentación del uso de la ley como un arma, como dije en República de la Impunidad, Comodoro Py, o un sector de la justicia federal en Argentina, se volvió autónomo de la Constitución. Funciona como un poder aparte. Tiene reglas propias, interviene en las reglas para designar y sacar persona. Está por fuera de la Constitución e interactúa como un par con la política partidaria, con el sector empresario y con las diveresas combinaciones de inetereses que existen. El problema es no pensar el dispositivo judicial como algo más que lo que planteó la constitución, sino como un polo de poder que con el paso del tiempo se autonomizó. Es un drama que no tiene que ver con los políticos. Con el paso del tiempo y de acuerdo a los intereses en juego en la vida pública, va tomando partido según sus propios intereses. Es lo más complicado de resolver para la política”.* Fiscal federal.

Justicia politizada

Opinión I Por Marcos Aldazabal *

“En un contexto de criminalización de la política, y la contracara que la hace posible, la politización de la justicia, la determinación de la jurisdicción en la que tramitará una causa se vuelve una influencia esencial en el rumbo que puede tomar la investigación. Si tuviésemos, o creyéramos tener, jueces independientes, el lugar en el que se lleve adelante un proceso debería ser indiferente para las partes. Sin embargo, con una justicia politizada, quién decide y dónde lo hace se vuelve un punto central. Y ningún lugar que ha probado ser tan responsivo a las necesidades de la política como Comodoro Py. Allí, estas causas parecen destinadas a un naufragio sistemático. Un sorteo que determine un juez favorable para los intereses de los acusados pondrá fin al asunto. Pero aun si esto falla, una oportuna intervención de la Cámara de Apelaciones o de la Cámara de Casación bastarán para hacer caer una investigación. Y, en un lugar caracterizado por su ideologización, su pretenso carácter aristocrático y su receptividad a las presiones políticas, la posibilidad de que una de tres instancias lave los trapos sucios de las élites del país es muy alta”.* Abogado.

Política del odio

Opinión I Por Graciana Peñafort *

“Las causas contra Macri y funcionarios de su gobierno van con una lentitud que preocupa porque no está basada en la búsqueda de pruebas sino en la dilación de los procesos. Un claro ejemplo pasó con la Corte Suprema: no sólo los jueces se excusaron en casos de espionaje sino no tomaron medidas para que otros jueces resolvieran. Se busca que las causas vayan a Comodoro Py porque es donde se inmovilizan y luego se desguazan en partes para exculpar a participantes, como la causa de espionaje que comenzó en Loma de Zamora, que va camino a la nulidad de las pruebas. Son pruebas tan importantes que cada vez que un juez pide el celular de Darío Nieto corren sus abogados a impedir que esas pruebas sean utilizadas. Comodoro Py no puede investigar el espionaje, porque eran parte y destinatarios de las maniobras. Con lo delitos económicos pasa igual. Solo avanza la política del discurso de odio, la etigmatización y persecutoria de ciertos medios”.

* Abogada.

Encubrimientos

Opinión I Por Alberto Binder *

“Pese a que se logró en 2019 que los agentes de inteligencias dejaran de participar en causas judiciales, el sector de la justicia federal que organiza su trabajo en base al olfato políticas sigue existiendo y causándole un mal enorme a la política. La justicia tenía la posibilidad de poner en evidencia el uso espurio de la inteligencia, que denuncio hace más de diez años, pero no lo hizo, porque quizá tendría que denunciar sus propias falencias. Mantener al Ministerio Público en una situación de precariedad que lo paraliza, ha ayudado a todo este juego perverso, que genera capas de oportunidades perdida. Pasó también con la criminalidad económica y la corrupción. La justicia de la Capital sigue siendo una maquinaria de encubrimiento con sus laberintos y demoras”.

* Presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.