Dos de los espías que integraron el grupo conocido como Súper Mario Bros patearon el tablero y apuntaron hacia quienes manejaron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri al impugnar el fallo de diciembre de la Cámara Federal porteña que convalidó la teoría del cuentapropismo. “Pudimos ver el video de la Gestapo PRO, la causa del ARA San Juan y la del Proyecto AMBA. Pareciera que los señores jueces no han tomado ni valorado todas estas circunstancias en su conjunto, siendo que existe en apariencia un plan sistemático planificado desde las más altas esferas del gobierno de Mauricio Macri. Entre ellos, los directores de la Agencia Federal de Inteligencia como así también los responsables del área de Jurídicos de la misma Agencia, que a la postre eran los que tenían el verdadero poder de toma de decisiones”, sostiene la defensa de los exagentes Leandro Araque y Facundo Melo.

De la Policía de la Ciudad a la AFI

Araque y Melo se convirtieron en dos personajes conocidos desde que estallaron las investigaciones por el espionaje durante el macrismo. Entre otras cosas porque fueron de los primeros en ir a declarar a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. Los dos llegaron a la AFI a principios del gobierno de Macri y a los dos los convocó Jorge Sáez, más conocido como el “Turco”. Tanto Sáez como Araque eran policías de la Ciudad y pasaron a la AFI en comisión. Melo tenía un estudio jurídico en Lanús y primero se integró a lo que se conoció como “Proyecto AMBA” y cuando se disolvió pasó a trabajar con los Súper Mario Bros. A fines del gobierno de Cambiemos, Melo había ido a Comodoro Py a denunciar que sus jefes en la AFI lo presionaban para perjudicar a Pablo y Hugo Moyano.

En Lomas de Zamora, la investigación sobre el espionaje se inició a principios de 2020 cuando un detenido por drogas mencionó a Melo como quien lo "subcontrató" para dejar una bomba sin conectar en un domicilio de la avenida Callao. El secuestro del teléfono de Araque permitió a la justicia federal de Lomas de Zamora reconstruir gran parte de la operatoria de los Súper Mario Bros. Su defensa –que encabeza el abogado Fernando Sicilia– viene reclamando que se anule la investigación porque pone en tela de juicio su legalidad desde el comienzo. Todos los planteos de nulidad están siendo analizados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene la causa desde que la Casación Federal la sacó de Lomas de Zamora.

Las andanzas de la dupla Araque-Melo incluyeron, entre otros, el espionaje sobre la hermana menor de Macri, Florencia, y su pareja, Salvatore Pica. También estuvieron implicados en la vigilancia sobre Cristina Fernández de Kirchner, Diego Santilli y en el caso de los Moyano. Además, quedaron procesados por el espionaje sobre quienes estaban detenidos en la cárcel de Ezeiza.

Contra la teoría del espionaje cuentapropista

Ahora, Araque y Melo están furiosos porque la Cámara Federal porteña –con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi– desvinculó a las cabezas de la AFI macrista como Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a quien únicamente dejó procesada por no controlar qué pasaba con sus subordinados, y al exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián De Stefano pero los dejó a ellos como responsables de distintos hechos en los que se violó la ley de inteligencia. Para los camaristas, ellos actuaron por su propia cuenta –como venían sosteniendo desde el macrismo–.

“No es un dato menor que en todas las otras causas relativas al espionaje, que hoy tramitan en esta Capital Federal, tienen a los que tomaban las decisiones sobre la política de inteligencia nacional procesados, incluso al expresidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri. No se entiende como Melo y Araque también querrían ‘influir’ en la vida de los familiares de las víctimas del Submarino San Juan o en la causa del Proyecto AMBA”, remarca la defensa de los dos Súper Mario Bros. “Evidentemente, primó un sentido común de entender que los empleados más bajos se encontraban obligados a realizar las tareas encomendadas, no como en el caso de marras, que para salvar las cabezas de la Agencia, pretenden hacernos creer que los empleados de más bajo rango realizaban estas tareas por propia voluntad”, añade el abogado Sicilia, que con sarcasmo le dice a la Cámara Federal que era “más cantado que Despacito” que iban a desvincular a los mandamases de la AFI porque ya lo había anunciado meses antes el diario La Nación.

En su presentación, Melo y Araque insisten en que ellos seguían órdenes del primer director operacional de Contrainteligencia del macrismo, Diego Dalmau Pereyra, o del exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz, que se referenciaba en la “Señora Ocho”. Según ellos – ambos abogados– no sabían que eran órdenes ilegales. Dalmau Pereyra es uno de los tres jefes de la AFI que protagonizan el video de la reunión en el Banco Provincia, conocido una semana después del fallo con el que Llorens y Bertuzzi desvincularon a Arribas y compañía.

El trío conformado por Sáez, Araque y Melo terminó su paso por la AFI enemistado con Ruiz, a quien conocían de la Policía de la Ciudad y de su paso por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Los tres eran compinches, por el contrario, de la coordinadora de Documentación Presidencial de Macri, Susana Martinengo. Con ella, intercambiaban información. La mujer se jactaba de tener acceso a Darío Nieto, el secretario privado del entonces presidente. Ni en Lomas ni la Cámara Federal dieron por acreditado ese canal con Nieto.


La causa

Este lunes venció el plazo para presentar los recursos contra el fallo de la Cámara Federal de diciembre pasado. La semana pasada, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le reclamó a la Cámara de Casación que anule la resolución de Llorens y Bertuzzi y devuelva la investigación a la justicia federal de Lomas de Zamora. La vicepresidenta, además, volvió a recusar a los dos camaristas. El tercer integrante de la Sala, Eduardo Farah, debería resolver si CFK tiene razón y sus colegas deberían ser apartados. Sin embargo, Arribas también volvió a recusarlo por haber declarado que sufrió presiones durante el gobierno de Cambiemos.

En paralelo, CFK puso en evidencia que los cuatro integrantes de la Corte demoraban las definiciones en este caso y que, además, se habían excusado todos para no intervenir. El viernes, la secretaría penal de la Corte informó que el próximo 22 de febrero se sorteará a los cuatro camaristas federales que reemplazarán a los supremos en este caso de alto impacto político. Los querellantes Jorge Chueco y Rafael Resnick Brenner pidieron al máximo tribunal que los deje presenciar el sorteo.