El presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), Julio César Urien, denunció que no puede comunicarse con los manifestantes que fueron agredidos este domingo por personas que responden al empresario británico Joe Lewis, mientras participaban de la "Marcha por la Soberanía de Lago Escondido". Urien denunció que sufrieron un bloqueo en la comunicación satelital.

Este domingo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció que "ingresaron denuncias de personas que se encuentran en el camino de montaña rumbo al Lago Escondido, en tierras de Joe Lewis", entre ellas el médico Jorge Rachid.

"Más de 40 personas de civil llegaron al lugar con armas de fuego para amenazar y que no continúen la travesía", describió el organismo. 

Este lunes, Julio César Urien dijo que no saben si están retenidos o no, porque "no tienen más comunicación" desde este domingo a la tarde.

"Nos han bloqueado la comunicación satelital. Es una locura que nosotros presentamos un habeas corpus al día de ayer y todavía no lo han resuelto. Acá no rigen las leyes argentinas", aseguró Urien.

"El juez (Juan Pablo) Laurence nos recibió y tiene que resolver si da lugar al Habeas Corpus hoy. Se comprometió a hacerlo en las próximas horas. Estamos muy preocupados y le pedimos celeridad a la justicia porque está en riesgo la vida de nuestras compañeras y compañeros", expresó el presidente de FIPCA en la cuenta de Twitter de la fundación. 

Según recordó, los manifestantes fueron agredidos mientras se encontraban en un camino autorizado por la Justicia para poder acceder al lago. "Fueron hostigados, les tiraron los caballos encima. Por lo que nos dijeron (cuando funcionaba la comunicación satelital), los obligaron a retirarse, porque si no iban a sufrir las consecuencias".

Durante la marcha había dos policías de montaña de la provincia de Río Negro acompañando al grupo de manifestantes. Cuando ocurrió la agresión, denunció Urien, "no hicieron nada, se retiraron y los dejaron solos".

Este lunes, La CTA Autónoma y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizaron una movilización para denunciar lo ocurrido.