La diputada nacional del Partido Demócrata Progresista, Ana Copes, presentó un proyecto de ley que busca penalizar a quienes hacen negocios con las adopciones de niños o niñas. Aún hoy, la entrega de niños o niñas a cambio de dinero u otro bien no se encuentra tipificada en la legislación argentina. En este sentido, es importante mencionar uno de los más importantes antecedentes que Copes tuvo en cuenta en su iniciativa: el caso "Fornerón e hija vs Argentina", donde el Sr. Fornerón, junto a la ONG CESPPEDH, denunció al Estado Argentino por violaciones a los derechos humanos como producto de la entrega de una niña recién nacida, por parte de su madre, a un matrimonio de Buenos Aires a cambio de dinero y bienes.
En el 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en relación al caso Fornerón, asegurando que "el Estado argentino incumplió la obligación de adoptar las disposiciones de derecho interno al no impedir por todos los medios, incluyendo la vía penal, la "venta" de un niño o niña". Sin embargo, a cinco años del fallo de la CIDH, en la Argentina aún existe un vacío legal al respecto.
Uno de los objetivos principales que Copes persigue con esta iniciativa es el de proteger el derecho a la identidad de los niños y niñas de Argentina. Al respecto, la Diputada Santafesina dijo que "nuestro deber como Estado es preservar el interés superior del niño, que se funda en la dignidad misma del ser humano, buscando su desarrollo en un ámbito saludable. Ese es el principio regulador de este proyecto".
En relación a ese principio, es que el proyecto de Copes se adecú a en su totalidad a los lineamientos y definiciones que marca la CIDH. Concretamente, una de las modificaciones es incorporar el delito conocido como 'venta', que en esta iniciativa ha sido definido como la entrega a otro de "una persona menor de edad a cambio de un precio o una promesa remuneratoria, o cualquier otra forma de retribución, con el objeto de establecer una relación análoga a la filiación".
De esta manera, la Diputada demócrata progresista expresó que con esa definición "buscamos dos cuestiones principales: por un lado, el rechazo al verbo 'vender' en su aplicación a seres humanos; por el otro, buscamos diferenciar este delito del de trata de personas, ya que en este caso el objetivo central es el establecimiento ilegítimo e ilegal de una relación análoga a la de la filiación entre la persona menor de edad 'entregada' y las personas que lo 'reciben'".
Por estos motivos, este proyecto busca penalizar principalmente a quienes hacen de la entrega un negocio permanente, aprovechando las necesidades de muchas personas. Muchos casos de entrega de niños esconden historias de vulnerabilidad de sus padres, y para Copes esta realidad no puede desconocerse. Por esta razón es que la Diputada incorpora en su iniciativa la posibilidad de que el Juez reduzca la pena en estos casos.
