"Pensamos que (el femicidio de) Ursula iba a marcar un antes y un después. Pero en enero de este 2022 tuvimos 38 femicidios. Es una locura. Esto no terminó. Y en Rojas siguen pasando un montón de cosas que se tapan", se lamenta Patricia, la mamá Úrsula. Según datos de la Correpi, después del crimen de Bahillo hubo otros 25 femicidios de uniforme, es decir, en manos de agentes o exagentes de fuerzas de seguridad. "En nuestros números representan el 20 por ciento de los femicidios. Es decir, una de cada cinco mujeres que es víctima de violencia machista y patriarcal es víctima de violencia estatal. El dato importante es que el 90 por ciento de los femicidios de uniforme se comete con el arma reglamentaria, por eso jodemos con que saquen su uso cuando el miembro de la fuerza está fuera de servicio. Se reducirían también en un 50 por ciento los casos de gatillo fácil", detalla María del Carmen Verdú, titular del organismo.

Desde el Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad aseguran que el caso "marcó un punto de inflexión". Informan que hicieron una denuncia penal para la investigación de funcionarios judiciales y policiales que intervinieron en las advertencias realizadas por Ursula previamente y expresan que "hace falta una reforma judicial en clave feminista". Destacan que en los últimos años se haya avanzado en la creación de áreas de género municipales y provinciales, equipos interdisciplinarios, dispositivos de protección y redes territoriales de asistencia. En el plano estatal, el femicidio de Rojas dejó su huella en la creación por decreto del Consejo Federal de Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios.

Ileana Arduino, abogada especializada en violencia de género, directora del área de Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), hace esta lectura: "Las formas de trabajo no tuvieron transformaciones significativas. Hay algún énfasis en el uso de pulseras electrónicas. De todas formas, el caso de Ursula, por lo que circuló en los medios, no es un caso de falta de llegada por la vía de la denuncia, sino una demostración cabal de cómo la dinámica del expediente transforma los conflictos y su dinámica en un 'caso'". "Las respuestas siguen centradas en la prohibición de acercamiento, que está sujeta siempre a límites temporales y a la voluntad de las personas cauteladas. Todo el esfuerzo se agota en medidas de restricción sin pensar en la gestión de factores asociados al conflicto", concluye la especialista.