El gobierno de Omar Perotti convocó ayer a una nueva mesa de diálogo con la justicia federal de Rosario en otro intento político de fortalecer las investigaciones del narcotráfico en la provincia, superar la falta de tecnología y recursos humanos, y sobre todo, ajustar los controles a los investigados por el negocio de sustancias ilegales, que es multimillonario. “Ya no alcanzan las palabras, tenemos que pasar a los hechos”, dijo el secretario de Justicia Gabriel Somaglia antes de reunirse en la Cámara Federal de Rosario con ocho magistrados, a quienes formalizó la propuesta del gobernador. Perotti envió a Somaglia y a su ministro de Seguridad Jorge Lagna a institucionalizar el diálogo con jueces y fiscales federales como una respuesta política ante el triple crimen de Ibarlucea después de una casamiento vip, donde uno de los contrayentes estaba en libertad a pesar de que le habían dictado prisión preventiva hasta el juicio y su esposa debía cumplir prisión domiciliaria, pero violó la cautelar porque ninguno de los dos tenían pulseras ni tobilleras electrónicas que activaran las alarmas. Todos los planteos que Somaglia y Lagna escucharon ayer en Rosario, el jueves se los llevarán al procurador general de la Nación Eduardo Casal y al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, en Buenos Aires. “Me parece que tenemos que tomar esta dimensión. El problema del narcotráfico no es exclusivo de Santa Fe, hoy hace hincapié en Rosario, pero es un fenómeno nacional y por lo tanto, hay que abordarlo de ese modo”, expresó el secretario de Justicia.
Los enviados de Perotti ante la Cámara Federal de Rosario propusieron la mesa de diálogo institucional ante ocho magistrados que los escuchaban: los camaristas José Toledo, Elida Vidal y Aníbal Pineda, los jueces Marcelo Bailaque y Carlos Vera Barros y los fiscales Fernando Arrigo, Adriana Saccone y Franco Benetti.
Somaglia informó la agenda que planteará el jueves en Buenos Aires –junto con Lagna- en el Ministerio Público Fiscal y ante el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. “Vamos a transmitir las inquietudes de Santa Fe acerca de pronunciamientos judiciales que creemos deben ser más duros en relación a la prisión preventiva”, dijo el secretario de Justicia. Es el caso del contrayente de la boda de Ibarlucea, a quien en Rosario se le dictó prisión preventiva hasta el juicio, pero una sala de Casación revocó la medida.
En esa línea, Somaglia insistió que ante la escalada del narcotráfico en Rosario “ya no alcanzan las palabras, tenemos que pasar a los hechos”. La justicia federal debe contar con los recursos humanos y tecnológicos que necesita, en especial, fiscales. Más, equipos para analizar teléfonos celulares, drones para allanamientos y, sobre todo, pulseras y tobilleras, que es un modo de controlar a quienes deben cumplir prisiones domiciliarias”. Es el caso de la contrayente de Ibarlucea, que ni siquiera tenía dispositivo electrónico que limitara su libertad domiciliaria.
“Creemos que a partir de ahora, se tomarán todos los recaudos federales para controlar estos hechos: las prisiones preventivas y las domiciliarias”, planteó Somaglia. Cuando se trata de investigados en causas por narcotráfico, “los controles deben tener la mayor eficiencia”. “Lo vemos en estos días, lo que acontece en la provincia de Buenos Aires y ahora en Rosario, en el caso de la supuesta droga adulterada. Entonces, parece que se toma conciencia de la dimensión de esta problemática”.
“El tema del narcotráfico, si bien hace hincapié en Rosario y parece que fuera el eje, es una cuestión nacional. Por eso, llamamos la atención a las autoridades nacionales. No alcanza con tener más gendarmes. Esto también es resorte de la justicia federal, por eso es que estamos de acá”, agregó.
-Acerca del llamado de atención a la justicia federal. ¿van a pedir más recursos para la provincia de Santa Fe para el abordaje del narcotráfico? –le preguntaron
-Las circunstancias son muy amplias. El narcotráfico en sí tiene que atenderlo la Nación. Y nosotros estamos abocados a ello. En noviembre del año pasado, el presidente de la Corte Suprema de la Nación estuvo en Rosario por este tema. Por lo tanto, el llamado de atención es realmente atendido, pero ahora hay que ponerlo en práctica. Por eso decimos que ya no alcanzan las palabras, tenemos que pasar a los hechos –respondió Somaglia.
-Desde la provincia, nosotros instamos a las autoridades nacionales” para la creación de más cargos de fiscales y jueces federales en Rosario. El Consejo de la Magistratura y el Congreso de la Nación no son resortes de Santa Fe. Sí hay legisladores de la provincia que trabajan con ese cometido. Entonces, me parece que todas las fuerzas son las que tienen que estar detrás de este flagelo. Debemos tomar conciencia de su dimensión. El problema del narcotráfico no es exclusivo de Santa Fe, hoy hace hincapié en Rosario, pero es un fenómeno nacional y por lo tanto, hay que abordarlo de ese modo.
-En el caso de la droga adulterada. ¿hay alguna intencionalidad política?
-No creo que haya intencionalidad política. Este es un movimiento empresario narcotraficante, más que una cuestión política –cerró Somaglia.
