Leonardo Peiti, el capitalista de juego clandestino que propició la revelación y caída de dos fiscales por corrupción y la misma acusación sobre dos senadores todavía protegido por sus fueros, recuperó ayer la libertad en modo condicional, para terminar de cumplir en su chalet de Fisherton la condena penal a tres años de prisión como organizador de esos negocios de apuestas ilegales y de sobornar funcionarios judiciales y políticos. 

La jueza de Ejecución Penal Luciana Prunotto accedió al pedido de los abogados de Peiti –Angelo, Luis y Lucio Rossini– en la audiencia que se realizó ayer en el Centro de Justicia Penal. Solo el fiscal regional de Venado Tuerto, Matías Merlo, objetó la pretensión del empresario. Señaló incumplimientos en el régimen permitido para la ejecución de la pena. Pero luego de discutirlo y pasar a cuarto intermedio, aceptó. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra no pusieron reparos al pedido de la defensa y solo plantearon que el empresario cumpla algunos requisitos mientras dure la sentencia, que culminará dentro de dos años, el 9 de febrero de 2024.

De esa manera, Peiti abandonó la clínica psiquiátrica donde se le había permitido cumplir la pena de prisión y desde hoy continúa su tratamiento de modo ambulatorio en su domicilio, Morrison 8059, de Fisherton. 

Al concederle la libertad condicional, la jueza Prunotto le impuso condiciones como comparecer mensualmente ante el Patronato de Liberados, "obligación de obtener un trabajo, oficio, industria, comercio" para justificar "subsistencia por medios lícitos", abstenerse de acercarse a otras personas imputadas, y prohibición de salir de Rosario por más de 7 días o salir del país, entre otras. Además, lo eximió del mecanismo de monitoreo electrónico.

Observadores del derecho penal repararon en un detalle "novedoso" del fallo de la jueza Prunotto: haber prescindido de los informes de la autoridad penitenciaria sobre conducta y concepto del reo. En cambio, le bastó los informes de la clínica psiquiátrica donde Peiti estaba alojado.

El que pateó la mesa

Peiti cumple condena por tres causas unificadas, por los delitos de organizador de una asociación ilícita, cohecho activo, organizar y explotar casas de juego de azar ilegales, estafa procesal y lavado de activos. Su estrategia de ampararse en la figura de arrepentido –y con cuya declaración provocó un inédito tembladeral institucional en Santa Fe durante 2020– le valió controlar daños y terminar por admitir una pena de 3 años de prisión efectiva y el pago de una multa de 42,5 millones de pesos. Pero ni así tampoco padeció mucho como preso, en el sentido estricto de la palabra. Alegó un problema de salud mental que le valió transitar la sentencia en una clínica psiquiátrica.

El testimonio de Peiti a la Justicia significó la prueba para revelar un entramado de corrupción que involucró a los poderes Judicial y Legislativo. Resultó que desplegaba sus negocios en toda la provincia, no solo en Rosario sino también en Melincué, Venado Tuerto, Rafaela, Reconquista. Y había establecido un mecanismo de protección judicial con la connivencia del ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y del fiscal Gustavo Ponce Asahad, luego destituidos y condenados por esta misma causa.

Peiti también declaró que realizó pagos de fuertes montos de dinero a los senadores Armando Traferri (departamento San Lorenzo) y Hugo  Rasetto (Iriondo), pero la imputación a estos no prosperó por ahora porque el Senado rechazó la ofensiva fiscal e hizo prevalecer los fueros parlamentarios. En rigor, el celo acusador de los fiscales Edery y Schiappa Pietra solo apuntó al peronista Traferri, pero no a Rasetto, del Frente Progresista. 

La declaración del capitalista de juego, hoy de 49 años, mostró su intención de desarrollar juego online en agencias de quiniela en la provincia de Santa Fe. Un plan para recaudar alrededor de 1200 millones de pesos al mes, según sus estimaciones.

Para eso se contactó con Ricardo Paulichenco, un secretario del Senado con llegada a Traferri. Peiti dijo que profundizó esa relación con Traferri para conseguir la habilitación legal de su plan de negocios. Y mientras tanto, "le daba 4 o 5 mil dólares por mes" a Paulichenco. 

Dijo que primero intentó a través de Oscar "Popy" Larrauri hacer lobby ante el Ejecutivo provincial para lograr la habilitación pretendida, pero no lo consiguió. Por eso avanzó a través de su llegada a Traferri.

"(Paulichenco) se encargaba supuestamente de tocar algunos sectores y de generar algunas reuniones en localidades que a veces había rumores que había alguna clase de juego de máquina. Él se comprometía en hablar con los representantes de cada zona para solucionar esos problemas", amplió aquella vez.

Algo similar concretó con el senador Rasetto, quien le habría "autorizado" a establecer su actividad de apuestas en el departamento Iriondo. Y afirmó que le dio "algo de 40 o 50 mil dólares a Rasetto". 

"Este tipo de negocios lamentablemente van de la mano con la política, requieren de conexiones políticas, si no tenés conexiones olvidate de obtener algún tipo de habilitación. Es un rubro muy difícil pero también sé que me gusta, amo lo que hago y me gustó siempre la profesión de poder ser un empresario del juego de azar", justificó Peiti entonces. Según él mismo dijo, aportó "más de 200 mil dólares" en la campaña política de 2019. Y además, en su declaración aseguró que le realizaba pagos regulares a dos jefes policiales, Daniel Corbellini y José Luis Amaya.