Un grupo de 21 manifestantes de la "Marcha por la soberanía de Lago Escondido" organizada en Río Negro por Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) en reclamo al impedimento del magnate Joe Lewis de acceder al espejo de agua, permanece bloqueado y amenazado en la montaña, complicado para volver luego de tres días. El lunes por la tarde, el abogado Sergio Cuestas, un miembro del grupo de manifestantes, bajó solo denunciando que los agresores les pincharon un kayak de un machetazo. El grupo quedó aislado y amenazado con que "nos los vamos a comer en un asado", mientras se tocaban el poncho como señalando que tenían pistolas. Al frente de los agresores estaba un administrador de Joe Lewis, Nicolás Van Dickmar.
El grupo tenía planeado regresar por el camino corto del Tacuifí, pero no les permiten pasar, lo que agrega dos días de caminata por zonas escarpadas. Algunos manifestantes no están en condiciones de hacerlo, como el médico sanitarista Jorge Rachid, quien sufrió una descompensación. Excepcionalmente, el ministerio de Seguridad de la provincia envió un equipo de bomberos a rescatarlo.
El abogado Cuestas amplió un pedido ya previo de habeas corpus y los organizadores reclaman que el juez no se expide cuando el grupo lleva tres días en la montaña, carece de custodia policial y está amenazado. La resolución del juez es necesaria para ser rescatados por la policía y bomberos.
El fallo incumplido de la Justicia
El 4 de febrero comenzó el reclamo con dos grupos de manifestantes que comenzaron a caminar por los dos caminos que el fallo judicial 64/2009 determinó como las formas legales de acceso al lago para cualquier persona. Los guardianes de las tierras de Lewis siguen cerrando el paso y no quitan las tranqueras sino que las refuerzan con rejas y alambre de púa. Lewis es dueño de 12.000 hectáreas que rodean el lago Escondido completamente.
Trescientas personas partieron en uno de los grupos por el camino vecinal de veinte kilómetros llamado Tacuifí, preexistente a la llegada de Lewis, quien lo cerró a quien no sea de la zona. Julio César Urien, presidente de FIPCA, declaró a Página/12 que se encontraron con ese camino bloqueado con alambres de púa y personal armado. Tuvieron que retroceder y se han instalado junto a la Ruta 40 donde harán un acto de toma de conciencia sobre el problema (participan también miembros del sindicato ATE con su secretario general Claudio Catalano, el padre Paco y militantes políticos provinciales.
La guardia armada de Joe Lewis
El otro grupo intentó acercarse al lago por el segundo sendero legal que va por la montaña, pero fueron interceptados. Urien explicó que "nos conectamos por teléfono satelital y contaron que cincuenta hombres con machetes, la mitad a caballo, los agredieron. "El problema es que hemos perdido contacto con ellos ya por muchas horas y sospechamos que las comunicaciones han sido afectadas desde los equipos tecnológicos de la estancia de Lewis, ya que no habría razón para la incomunicación y en el pasado eso nos sucedió en otro intento por llegar al lago. Esos compañeros iban acompañados por dos policías de montaña provinciales, los cuales recibieron la orden de retirarse ante cualquier inconveniente y eso hicieron".
"La nuestra es una movilización pacífica y estamos ante la posibilidad de una agresión de parte de personas armadas. Hemos presentado un habeas corpus para que les envíen protección a la montaña, que fue rechazado por el juez civil de Bariloche Mariano Castro. Nuestra prioridad es cuidar la seguridad de los compañeros y entablar un diálogo que resuelva la situación. La idea original era que los dos grupos confluyéramos y acampar en la servidumbre de paso a orillas del lago, derecho que nos corresponde".
Según Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, "la causa judicial contra Joe Lewis y su empresa Hidden Lake S.A. comenzó en 2005 con un amparo colectivo para cumplimiento del artículo 73 de la Constitución Provincial que garantiza el libre acceso a todos los espejos de agua. En 2009 obtuvimos sentencia ordenando que se abra al público el camino Tacuifí que nace en la localidad El Foyel, algo que Lewis nunca cumplió porque dicha vía pasa cerca de sus mansiones: lo mantienen cerrado con un portón, alambre de púa y cámaras de vigilancia ocultas en los árboles".
¿Cómo compró las tierras Lewis?
El historiador Alejandro Olmos ha denunciado que la compra de las tierras patagónicas por Lewis fue ilegal. En 1996 Lisandro Allende, presidente de H.R. Properties Buenos Aires S.A., pidió autorización para la compra a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, aprobada por tratarse "una persona jurídica argentina con un presidente argentino". Poco después, esa empresa pasó a llamarse Hidden Lake S.A., parte de la sociedad Lago Corp. representada por Lewis. Y fue esta sociedad la que realizó la escritura de la propiedad en una zona de seguridad de fronteras: se autorizó a una sociedad pero se la inscribió a nombre de otra. Y esto está en infracción con las disposiciones del decreto Ley 15.385/44 porque la estancia está dentro de una zona de valor estratégico para la defensa del territorio nacional y no se podía vender a un extranjero.
La mano de Mauricio Macri
Carlos Balbín, el procurador del Tesoro durante el gobierno de Mauricio Macri, intentó que se invalidara esa venta y fue apartado del cargo, lo cual está sospechosamente conectado con la amistad íntima entre el expresidente y el magnate inglés quien lo ha invitado varias veces a su estancia, llevándolo en su helicóptero privado mientras su invitado era el jefe de Estado.
El reemplazante del procurador fue Bernardo Saravia Frías, otro amigo personal de Macri quien según Olmos frenó la iniciativa de su antecesor. El historiador presentó al actual procurador Carlos Zannini antecedentes del caso para que la causa sea retomada por la justicia. En 2016 Macri modificó por decreto la Ley de Tierras Rurales que limitaba la compra de tierras por parte de extranjeros: amplió del 25 al 51 por ciento la participación de extranjeros en las sociedades autorizadas a comprar tierras y cambió el máximo de 1000 hectáreas que un titular extranjero podía adquirir.
El expresidente declaró que no entendía la “sistemática búsqueda para agredirlo”, en referencia a su amigo inglés, y agregó que gracias a él, los vecinos de Lago Escondido “tiene un mejor acceso que el que tenía antes”.