Trabajadores del municipio de Las Lajitas, en Anta, realizaron ayer una jornada de protesta en la que cortaron la ruta provincial 5, que atraviesa todo ese departamento, y luego se trasladaron a la puerta del edificio municipal, en reclamo por la reincorporación de dos trabajadores y que se respeten los derechos laborales de al menos otros 15.
En diálogo con Salta/12, la delegada municipal por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Natalia Galleguillo, contó que se sumaron varios hechos por parte del intendente Alberto Fermani. Uno de ellos, es el de 10 trabajadores que habían sido despedidos apenas asumió el cargo de jefe comunal. En febrero del 2021, el mismo Fermani los volvió a tomar pero esta vez como contratados, “los reincorporó pero esta vez no como planta, sino con contrato”, detalló la referenta gremial. En su momento el jefe comunal firmó un acta acuerdo homologada en la Secretaría de Trabajo de la provincia en la que se comprometía a devolverles su estatus de personal estable en diciembre de ese mismo año.
“Él incumplió el acta, y llamó uno a uno a los compañeros para que firmen un nuevo contrato en el que les quita derechos”, aseguró la delegada, y detalló que en ese documento “no les da ni siquiera derecho a participar de una convocatoria a concurso para volver a ser planta, sino que el nuevo contrato dice que una vez que se cumple el plazo, quedan automáticamente desvinculados”.
Según la Carta Orgánica Municipal, a los tres años de contrato, todo empleado puede pelear por su estabilidad laboral. Por eso, y porque el intendente se había comprometido ante la Secretaría de Trabajo a devolverles sus cargos, dos de los 10 se negaron a firmar ese nuevo acuerdo, “entonces el 7 de enero fueron directamente despedidos”.
Galleguillo agregó que la medida de fuerza, que fue acatada por más del 70% de los municipales, es por la reincorporación de los dos desvinculados y por la nulidad del contrato que firmaron los otros ocho “engañados o por miedo a quedar afuera a costa de seguir perdiendo derechos laborales”.
Pero esto no fue todo, porque el mandatario municipal decidió dar de baja a 7 empleados más, con el argumento de que intentaron usurpar terrenos municipales en un asentamiento, algo que según la representanta gremial, ya está desmentido, “no tienen ningún tipo de denuncia ni en la Policía ni en la Justicia y tienen testigos de que nunca estuvieron en ninguna toma”. Pero aclaró que no obstante ello, no se podría tomar como una causal de despido cuando tienen entre 8 y 12 años de servicios prestados para el municipio, “todos en planta permanente”.
Tras algunas negociaciones, Fermani accedió a reincorporarlos, pero como en el anterior caso, como contratados, aunque dando su palabra de que en seis meses volverían a sus lugares originales y que no perderían ningún derecho adquirido, pero por el antecedente inmediato no solo no creen “sino que ya pasó un tiempo y está incumpliendo con los pagos y los aportes”.
Luego de dos reuniones infructuosas entre los empleados, los representantes legales del municipio y funcionarios de la Secretaría de Trabajo, el gremio decidió avanzar con las medidas de fuerza de paro y movilización hasta que Fermani revierta su actitud, “pero ni siquiera se encuentra en Las Lajitas”, acotó Galleguillo, quien añadió que además están pidiendo el cese de la persecución y el maltrato laboral a los que someten “a quienes no se dejan pasar por encima de las decisiones arbitrarias que ellos toman”.
Violencia de género
La delegada municipal sumó una situación de violencia de género en el ámbito laboral que no tuvo la contención ni la contemplación correspondiente por parte del Ejecutivo que le da trabajo.
Galleguillo relató que la joven trabajadora fue maltratada por el jefe de Personal municipal, Mauro Goldman, ya que con 8 años en planta y con un título de administradora pública, “la sacó de su lugar cuando cambió la gestión y la mandó a cumplir funciones en la calle vacunando perros, y a veces la llaman a la oficina de Personal para notificar novedades”.
Según consta en la denuncia que la empleada municipal realizó tanto en la Policía como en el gremio que la representa, a finales de diciembre, en una jornada en la que le encomendaron notificar “novedades”, Goldman la envió a trabajar a la cocina. Fue en ese momento que ella le pidió volver a cumplir una función más acorde a sus cualidades, a lo que el funcionario contestó “que se notaba que estaba con las hormonas alteradas y que haga el reclamo en otro lado”.
Luego de este incidente la trabajadora pidió licencia psiquiátrica para no volver a encontrarse con su maltratador, mientras el sindicato pidió que aparten a Goldman de ese lugar, “pero no pasó nada todavía”, lamentó Galleguillo.
